El Gobierno, a través del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, quiere limitar el tamaño de las residencias de personas mayores de nueva construcción y propone que no superen en ningún caso las 50 plazas. La amenaza es que no se acreditará a los centros que superen este número de camas. Para las que ya están acreditadas y lo superan está previsto que vayan reduciendo "paulatinamente" el número de plazas, eliminando las habitaciones dobles pasándolas a individuales o dividiendo sus instalaciones.
Este es uno de los criterios que ha incluído en un borrador denominado Acuerdo sobre Criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y que el Ejecutivo quiere que sea aprobado por las comunidades autónomas durante el primer trimestre del próximo año.
El objetivo, ya conocido, es impulsar un nuevo modelo residencial y este uno de los criterios que se ha incluido en el documento que el Ejecutivo quiere negociar con sindicatos, patronal y organizaciones. Pero para cumplir los estándares que se exigen a las residencias acreditadas y poder atender a personas reconocidas por el Sistema de Atención a la Dependencia hay otros criterios, como por ejemplo someterse a más inspección.
De esta forma, los centros residenciales deberán contar con un mínimo de recursos humanos, de materiales y de equipamientos de calidad que serán evaluados periódicamente. Para ello, las comunidades autónomas también tendrán que hacer su parte: deberán contar con un inspector por cada 30 residencias.
Como todavía es un borrador, el texto de este acuerdo sobre criterios comunes todavía se puede modificar. Y eso es lo que esperan la mayoría de operadores del sector, que han mostrado su rechazo palpable al dejar claro que, además de no tener nada que ver el tamaño de la residencia con la calidad de la atención que se va a dar a las personas mayores, entre otras razones, no es viable económicamente.
"No habrá inversión en nuevos centros"
Lo argumenta, por ejemplo, l
a Federación Empresarial de la Dependencia (FED), que apunta que "la reducción a 50 plazas en las residencias de nueva construcción que contempla la propuesta del Gobierno, no es viable" porque "el incremento de requerimientos en términos de personal y servicios, requiere de una mayor dimensión de plazas para poder mantener la infraestructura exigida.
Además, su presidente, Ignacio Fernández-Cid, tiene claro que “con esta medida lo único que se conseguiría es frenar la inversión de nuevos centros quedándonos con un parque de residencias obsoleto". Recuerda también que “actualmente hay en promoción y construcción más de 38.500 camas en España y este tipo de filtraciones va a crear mucha inseguridad jurídica y una alarma social innecesaria”.
Para Fernández-Cid es "un auténtico despropósito y una vez más se demuestra el desconocimiento que se tiene del sector".
"El tamaño no importa"
Del mismo modo, la presidenta del
Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPs),
Cinta Pascual, insistía en que están "
radicalmente en contra" de la propuesta porque "la medida del centro no tiene nada que ver con la calidad que se presta". Y lo explica: "Puede tener la misma calidad asistencial, sanitaria y hotelera una residencia de 100 plazas que una de 25 plazas. El tamaño no importa. Lo que sí que importa es el modelo que allí se aplica, las herramientas que se utilizan, las medidas de protección… Y los indicadores de calidad que sustentan el modelo de atención".
Pascual también hacía referencia a que este borrador no se ha estudiado lo suficiente porque "no va acompañado de una memoria económica que lo sustente, de un estudio de costes y de la necesaria adaptación de las ratios de profesionales". "No estamos de acuerdo en reducir el número de plazas de los centros, y no creo que los autores del borrador hayan reflexionado respecto el incremento de costes que esto significará, por no hablar de la viabilidad de muchos proyectos empresariales que están sosteniendo un sector claramente infrafinanzado", subraya la presidenta de la patronal.
¿Por qué no preguntan a los mayores?
En la misma línea, el secretario general de la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE), Jesús Cubero, para hacer entender la inviabilidad económica de residencias con 50 plazas, compara una residencia con un hospital: "¿Se imaginan ustedes hospitales de alta tecnología con un máximo de 50 camas? No, porque no tiene nada que ver una atención cercana y orientada al paciente con el número de camas del hospital".
Recuerda Cubero, además, que "para que haya una atención de calidad es necesario un número de camas que hagan viable el proyecto, la inversión tecnológica, el personal cualificado, la amortización del inmovilizado, y lo que es más importante… la praxis habitual y repetida que genera la experiencia necesaria para ofrecer una atención de calidad". "En el mundo sanitario nadie se cuestionaría este tipo de reducción, porque sencillamente es imposible", destaca.
Concluye proponiendo algo tan simple como preguntar a los principales interesados: "¿Por qué en lugar de solicitar las últimas ocurrencias e ideas de bombero a las plataformas de abajofirmantes orientados ideológicamente y que se arrogan la representación de los mayores, no les preguntan directamente a las personas mayores?".
El portavoz de AESTE propone dejar de hablar del tamaño de las residencias y centrarse en la calidad en la atención, la formación adecuada de los inspectores y de los trabajadores, la correcta financiación del sistema, la adecuada remuneración de los profesionales o la correcta coordinación entre sanidad y servicios sociales.
La limitación de plazas no mejorará la asistencia
El presidente de UPIMIR, Vicente Botella, tampoco está a favor de este control del número de plazas de una residencia velando además, como tiene obligación, por los intereses de las pequeñas y medianas empresas. Critica que muchos de los que se aventuran a difundir modelos y tipología de centros residenciales nunca pisaron uno. Aun así, garantiza que "siempre la idiosincrasia y dinámica de las residencias ha ido tres pasos por delante de todo ello, porque es un sector vivo y dinámico y funciona a expensas de las necesidades de sus usuarios no de tablas de Excel o documentos técnicos incomprensibles".
Botella opina que "quien debería decidir su modelo de centro es quien lo habita, no una administración la cual ha demostrado sobradamente su incapacidad para liderar cambio alguno (a las pruebas me remito)". "Hay sector y espacio para centros grandes, pequeños, sin afán de lucro, entidades mercantiles y otras tipologías, pero siempre absolutamente siempre con unos estándares de calidad que no se basan en el tamaño sino en la excelencia en la atención a los más frágiles", destaca.
El responsable de la Unión de Pequeñas y Medianas Residencias se pregunta y se contesta: "¿En serio limitar a 50 la capacidad de los centros es una medida útil para algo?, sinceramente, no, es tan solo una falacia normativa que no mejorará la asistencia a los ingresados y les coartará a la hora de elección de centro".
Pilar Rodríguez, presidenta de la Fundación Pilares
Nuestra Fundación está de acuerdo, en general, con la propuesta que hace el Ministerio porque, tal como venimos insistiendo desde hace tiempo, es muy necesario avanzar en una serie de criterios comunes en todas las CC.AA. que reflejen la calidad de la atención y que esta sigue los principios que informan el modelo de atención integral y centrada en la persona en un momento en que por todas partes se considera muy conveniente hacer la transformación necesaria con esta filosofía, e, incluso, se dice que ya en muchos entornos que "ya hacemos el modelo", pero a veces no se entra a profundizar en lo que esto significa, que es un cambio de calado que afecta a toda la organización de los centros, a sus profesionales, a los espacios físicos en que se desenvuelve la vida de las personas que necesitan apoyos y cuidados y su coordinación con otros sectores de protección social y con los recursos comunitarios. Desde Fundación Pilares estamos trabajando desde hace más de dos años en la elaboración de un conjunto de estándares de calidad en ese sentido, con lo que esta propuesta es muy bienvenida por nuestra parte.
· Respecto a la Inspección. considero muy adecuado que se pida 1 inspector por cada 30 centros para que se garantice un seguimiento periódico de cada uno. Así mismo, creemos que resulta muy conveniente que la inspección tenga, junto a su función de control de cumplimiento de las normativas , una función de asesoría tanto en materia de calidad de vida de las personas atendidas, como, cuando así corresponda, en los procesos de transición al cambio de modelo que se están emprendiendo en muchos lugares. Del mismo modo, me parece muy adecuado que los servicios de inspección participen en el diseño de los planes de calidad y que exista gran transparencia en los resultados de los planes de inspección.
· El aspecto más controvertido del acuerdo es la exigencia de que los centros tengan, como máximo 50 plazas. Por una parte, porque se pretende acordar requisitos para residencias, tanto de personas con discapacidad como de personas mayores y, sin duda, se trata de situaciones con diferenciación clara. En discapacidad, desde hace tiempo, y así ocurre en muchos países, se rechaza de plano el modelo "centro" y se opta por viviendas normalizadas, con los apoyos requeridos. Por su parte, en el ámbito gerontológico, venimos de una tradición muy institucionalizadora, con residencias en ocasiones demasiado grandes y con modelos de atención centrados en los propios servicios y en las patologías y déficit de las personas mayores. Creo que sería más conveniente exigir que, sobre todo para la atención a personas con deterioro cognitivo importante y gran necesidad de apoyos, el centro esté dividido en pequeñas unidades de convivencia para un máximo de 10/15 personas. En el ámbito gerontológico no tenemos constancia, según los estudios disponibles, de que un máximo de 50 plazas sea un criterio obligatorio para las residencias en los países que son referentes en alojamientos congruentes con la calidad de vida de las personas. Sí puede decirse que es una recomendación porque "las residencias pequeñas" son en general mejor valoradas por residentes, familiares y el personal de atención directa. Y porque la dirección, el sistema organizativo y la comunicación es más cercana y menos burocrática en estas. Este es el motivo por el cual, p.e. en los países nórdicos la mayor parte de los alojamientos son de unas 60 plazas como máximo (todas organizadas en Unidades Convivencia).
Es verdad que existen estudios que muestran que cuando el número de plazas es mayor de 80, se evalúa menor calidad de vida en las personas y, además, se producen deseconomías de escala... En este último sentido, las investigaciones desarrolladas de manera reciente por el GreenHouse Project ilustran bien sobre la distribución de los costes de los perfiles profesionales, suministros, administración, etc. comparando los de las Green House y las Residencias tradicionales (Nursing Homes): los costes son mucho más altos en estas en general y, en especial, en todo lo que tiene que ver con administración y organización. El diseño de las unidades permite que los ahorros en personal de las Green Houses (de limpieza, cocina, y de técnicos trabajando en red 24/7 para consultas y orientación) se destine a aumentar el sueldo del personal de atención directa (las shahbazim), las cuales pueden dedicar más tiempo de atención a las personas que en las residencias tradicionales, gracias también a su diseño, modelo hogar, que permite tener todo más cerca. Otra muestra de la eficiencia de las unidades de convivencia reflejada en los estudios son los costes indirectos que se ahorran al disminuir el consumo sanitario (urgencias, ingresos hospitalarios, además de gastos por bajas del personal por estrés, que se produce más acentuadamente en las residencias grandes...). Al tener las unidades de convivencia plantilla de asignación estable, se facilita conocer a cada persona y observar cómo se encuentra cada una de ellas en todo momento y poder prevenir a tiempo problemas de salud y reducir los comportamientos difíciles de algunas personas, lo que también facilita la supresión de contenciones físicas y químicas.
Existe, en definitiva, mucha evidencia publicada sobre los beneficios de las unidades de convivencia, siempre y cuando el tamaño de estas sea menor de 15 personas, para que realmente pueda hacerse una vida cuasifamiliar. Por eso considero importante que pudiera incluirse en el Acuerdo de las CC.AA. esta cuestión con más énfasis que el número total de plazas que se exige. 50 plazas como máximo es muy razonable para personas con discapacidad y, en cuanto a las personas mayores, puede serlo también en núcleos pequeños de población, pero para las ciudades, donde resulta tan difícil encontrar suelo en el medio comunitario, podría ser suficiente establecer un número máximo de 70/80 plazas.
Eso sin considerar otras alternativas, como son, p.ej., los apartamentos con servicios, intergeneracionales, las viviendas colaborativas, comunitarias, etc. que parece se van a regular en otro Acuerdo y que, sin duda, deberían ser impulsadas por la Administración porque así se facilitaría que, realmente, las personas puedan elegir la modalidad más conveniente para ellas.
Y otra cosa que también creo muy conveniente es que se estimule la investigación sobre los distintos modelos de residencias y de atención, que es algo que necesitamos con urgencia en España para tener argumentos que añadan rigor y evidencia a la hora de tomar decisiones.
Puede consultar aquí el borrador de
Si (
No(