Ahora hace dos años estábamos en el inicio del confinamiento, pasando aquella primera ola de la pandemia que resultó ser tan letal en las residencias de mayores de todo el mundo.
Por aquel entonces, sin saber exactamente lo que estaba sucediendo, sin tener casi datos, hubo quien empezó a lanzar dardos contra las residencias de personas mayores privadas, que se encontraban trabajando con un 30% del personal de baja por haber sido contacto estrecho; sin capacidad de hacer tests a sus residentes; sin la posibilidad de realizar derivaciones hospitalarias normalizadas y sin disponer de suficientes equipos de protección individual (EPIs).
En ese contexto, la infame ministra de Defensa dijo aquello de que había “Ancianos conviviendo con cadáveres”. Esa noticia se publicó el día 23 de marzo de 2020. El 24 publiqué en el blog de Inforesidencias un post titulado “¿Ancianos conviviendo con cadáveres? No me lo creo”. Pocas semanas después, otro político dijo que "Lo público es más fuerte que el negocio privado a la hora de cuidar", dando a entender que morían personas en residencias privadas porque los empresarios anteponían el beneficio a la vida de sus clientes. Y la cosa siguió.
Quienes pensaban, por filosofía o ideología, que la atención a personas mayores dependientes en residencias tendría que ser algo de lo que las empresas y el beneficio debería quedar excluido vieron sus convicciones reforzadas. En cambio, los que pensábamos que era demasiado pronto para sacar conclusiones, nos quedamos en casa confinados escribiendo y clamando que era hora de ser humildes y pacientes, haciendo todo lo posible por afrontar la crisis sanitaria sin señalar a nadie con el dedo hasta que hubiese tiempo de entender lo que estaba sucediendo.
Con el tiempo, después de la tragedia, cuando nos empezamos a dar cuenta de que lo que de verdad hizo bajar la curva no fueron tanto las medidas de sectorización sino la vacuna; vemos que quienes saltaron a las conclusiones precipitadamente no tenían razón.
Ya hay varios informes que indican que la titularidad de la residencia no fue un factor relevante a la hora de determinar si alguien moría por Covid-19. Por ejemplo, la auditoría llevada a cabo en Navarra y otros informes publicados en otras comunidades autónomas, al que ahora se une el del Ararteko (defensor del pueblo) del País Vasco, que, aunque es de noviembre del año pasado ha sido presentado ahora en el parlamento vasco (ver informe íntegro).
El informe dice en la página 52: “En definitiva, no está claro que la titularidad de los centros tenga un impacto significativo en la aparición de brotes y en su extensión, una vez se controlan otras características (tamaño, pertenencia a cadenas, etc.) que median en los resultados”.
Resulta curioso al leer la noticia publicada en Nortexpress.com que diga lo siguiente: “Lezertua ha indicado que es consciente de las "diferencias políticas" que hay en este asunto de las residencias privadas y públicas, pero ha reiterado que el estudio refleja que la titularidad del centro "no ha sido uno de los factores que ha influido positiva ni negativamente en los contagios”. Parece que el defensor del pueblo tiene que pedir perdón por no haber sido capaz de encontrar aquello que el dogma antiempresarial considera indiscutible.
Que existe ese dogma antiempresarial y que hay quien ha intentado buscar incansablemente esa presunta debilidad de las residencias privadas frente a las públicas es algo para mí evidente y muy extendido. Ha llamado mi atención un estudio titulado “COVID-19 y personas mayores en residencias: impacto según el tipo de residencia”. Leyendo el título parece que el estudio se hace para ver si hay alguna relación entre el tipo de residencias y el impacto de la enfermedad, o sea si la enfermedad ha impactado más o menos según, por ejemplo, fueran las residencias públicas o privadas ¿no? Pues no.
Creo que los investigadores cargaban con un sesgo dogmático que los llevó, en un ejercicio de acrobacia investigativa, a concluir que “existe una relación entre el número de fallecidos por COVID-19 en residencias y el hecho de que en esa comunidad autónoma haya mayor número de residencias privadas”. Los investigadores aplican una fórmula, que explican en el estudio, de la que resulta que la diferencia de fallecimientos entre residencias públicas y privadas de más de 100 plazas es muy pequeña (0,787 frente a 0,808). Llegado ese punto, en vez de concluir, como hicieron el Ararteko o los informes de Navarra y Castilla León, que no hay relación relevante entre titularidad e impacto, hacen la pirueta de relacionar las muertes totales en cada comunidad (o sea el total de muertes en residencias públicas y privadas), con la proporción de residencias privadas de cada comunidad. ¿Soy el único que ve una discrepancia entre el título de la investigación y la conclusión?
¿Son malos investigadores? Seguro que no. Deben ser muy buenos. Tienen conocimientos técnicos y aplican el método científico. De hecho, el estudio en su conjunto es muy bueno. Pero, a pesar de su pericia y calidad investigativa, según lo veo yo, se han dejado contaminar por sus prejuicios. ¿La muestra más clara de este prejuicio dogmático? Esta frase que aparece en las conclusiones: “El tipo de residencia menos letal de acuerdo con los datos analizados ante la COVID-19 son las públicas de menos de 25 plazas. Nada que ver con los modelos de negocio privados y con gran número de habitantes (para maximizar beneficios) del perfil de residencias que predomina en España”.
Un investigador no dogmático antes de escribir esta frase hubiese comprobado que en España hay muchas más residencias privadas de menos de 25 plazas (749) que públicas de ese tamaño (472). También hubiese comparado cuántas plazas públicas están en residencias de más 100 plazas en relación con el total. Al comprobarlo hubiese descubierto que el 48% de plazas públicas están en esas “grandes residencias”, frente al 52% de las privadas. No es un porcentaje tan alejado ¿no? ¿Quiere eso decir que la administración también busca “maximizar beneficios” y por eso tiene tantas plazas en residencias grandes? Seguro que no.
Mi opinión es que esa frase debió ponerse en el estudio en el último momento y nadie debió revisarla. Por eso tiene errores gramaticales como discordancia entre sujeto y forma verbal “el tipo de residencia..son las públicas” o decir “habitantes” cuando debería decir “residentes”.
Por cierto, los datos sobre porcentajes y tamaños de residencias los he sacado del CSIC.
No puedo acabar esta tribuna sin confesar que yo tampoco soy neutral. Acepto que se me acuse de ser “básicamente liberal” en el sentido en que entiendo que las empresas, incluso las que gestionan residencias, son en principio, buenas en el sentido en que ejercen una actividad económica legal cumpliendo las leyes y generando en el proceso una riqueza que en buena parte (impuestos, cotizaciones sociales y puestos de trabajo) revierte a la sociedad. Aún así, me gusta pensar que no soy dogmático porque intento leer y escuchar a quien no coincide conmigo y estoy abierto a cambiar de forma de pensar si lo que leo, escucho y veo me parece convincente.
Con eso en mente invito a todos los que no coincidan con lo que he escrito a dejar sus comentarios.
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