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En defensa de las residencias. ¿Por qué tergiversan el informe de Anmistía Internacional?

Por Josep de Martí
jueves 17 de diciembre de 2020, 01:24h
Josep de Martí, director de Inforesidencias.com.
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Josep de Martí, director de Inforesidencias.com. (Foto: Inforesidencias.com)

Hace unos días vi una noticia en Internet que me llamó la atención. Apareció en muchos medios y casi todos la enfocaban de una forma parecida:

¿Qué interpretas si lees que se han violado derechos humanos “en” las residencias? Yo, inmediatamente, pienso que los responsables, dueños o profesionales que trabajan en las mismas han hecho algo terrible. Si, encima, lo dice una entidad como Amnistía Internacional, me reafirmaría en esa creencia.

Pero si lees el informe de Amnistía Internacional sobre la Covid-19 en residencias ves que la cosa no es como te querían hacer entender. Parece que quien ha escrito la noticia ha querido manipularte, quizás para proteger a quien Amnistía Internacional culpa de verdad de esa violación de derechos.

“Durante el pico de la primera ola de la pandemia (es decir, desde la segunda semana de marzo hasta mediados de abril aproximadamente) se hizo evidente que las medidas adoptadas por las autoridades españolas para responder a la pandemia COVID-19, en particular en Cataluña y Madrid, vulneraron los derechos humanos de las personas mayores que vivían y viven en residencias, y en concreto el derecho a la salud, a la vida y a la no discriminación, y además resultaron ineficaces para proteger a un colectivo especialmente vulnerable. Asimismo, las decisiones de las autoridades impactaron también en el derecho de las personas residentes a la vida privada y a una muerte digna. Durante el pico de la primera ola de la pandemia, el personal de las residencias no contó con la protección adecuada ni acceso oportuno a test, lo que produjo contagios y dificultades para poder implementar las directrices que se recibían de las diferentes instituciones (cuando éstas eran adecuadas)”.

Podría haberlo escrito yo ya que coincide con lo que he observado durante la pandemia pero está sacado casi literalmente del informe.

Ahora que la Fiscalía anuncia que está imputando a directoras de residencias por homicidios imprudentes vale la pena leer este otro párrafo del informe de Amnistía Internacional:

“Hubo personas residentes necesitadas de atención médica sanitaria a las que no se les dio la oportunidad de un tratamiento adecuado de posible COVID-19 u otras patologías que padecían, ni en la residencia ni en un hospital. Tanto en Madrid como en Cataluña, hubo momentos donde no se realizaron ingresos en hospitales, y las pocas derivaciones que se dieron, fueron la excepción y en ocasiones ya fatalmente tarde. La decisión práctica de no derivar se aplicó de forma automatizada y en bloque, sin llevar a cabo valoraciones individualizadas. En ambas comunidades autónomas, esta práctica fue llevada a cabo a través de diferentes mecanismos de criba. La no derivación en Madrid estaba prevista en protocolos, que establecían instrucciones y criterios para valorar la derivación o no de personas de residencias y/o mayores a hospitales e incluían instrucciones de cuidados paliativos. Los protocolos fueron variando, actualizados con diferentes versiones y distribuidos de forma selectiva a ciertas personas. En la Comunidad de Madrid se emitieron varios documentos en los que se utilizan criterios sobre edad y/o fragilidad, asociada con el lugar de residencia. En Cataluña, el Protocolo del Servicio de Emergencias Médicas (SEM), dependiente del Departamento de Salud, recomienda no ingresar en la UCI a determinados pacientes de más de 80 años con coronavirus y hacía referencia al criterio de futilidad. Si bien el protocolo catalán establecía que 'el criterio del médico de cada paciente' prevalece sobre las recomendaciones generales, al no poder contar muchas de las personas mayores con la posibilidad de consultar a un médico o médica, lo cierto es que el resultado era el mismo: denegación de cualquier modalidad de asistencia sanitaria adecuada”.

O sea, que el motivo por el que tantos mayores murieron en residencias fue porque no había forma de trasladarlos a los hospitales. Podía ser una instrucción, un obstáculo o sencillamente que las ambulancias no hiciesen el traslado. Lo que queda claro es que ningún director de residencia decidió que se quedase en el centro una persona que podría haber recibido un servicio mejor en el hospital.

“Cuando se hizo patente la situación de dificultad, las medidas adoptadas por la Comunidad de Madrid y la Generalitat se implementaron de forma incoherente y no llegaron a dotar de acceso adecuado a los servicios de salud por parte de la población en residencias. La Comunidad de Madrid y la Generalitat tomaron diferentes medidas, sin uniformidad ni claridad de criterios de la intervención o del éxito de la misma. No se adoptaron medidas alternativas para garantizar la asistencia sanitaria médica adecuada de este grupo vulnerable. Y es que frente a la situación de presión asistencial que vivían los hospitales en el pico de la pandemia, las autoridades previeron, en diversos instrumentos y como parte de la gestión de la crisis sanitaria, la supuesta dotación de recursos en las residencias para gestionar la asistencia sanitaria: la llamada “medicalización de las residencias”. Sin embargo, esto no sucedió”.

Demoledor, ¿verdad?

El informe también menciona el elevado número de empleados de baja en las residencias (dice que en algunos casos llegó al 50%) y como la administración no ha compartido datos sobre esa situación.

Las propuestas que hace Amnistía Internacional son:

  1. Revisar y modificar los protocolos de las Comunidades Autónomas de Madrid y Cataluña que establecen instrucciones y criterios para decidir la derivación de personas mayores de residencias a centros hospitalarios, a fin de que en ningún caso puedan constituir discriminación en el acceso a la atención sanitaria.
  2. Desarrollar políticas públicas adecuadas para la gestión de la pandemia, garantizando los derechos de las personas mayores, incluido el derecho humano a la salud, llevando para ello consultas con la sociedad civil, familiares y residentes.
  3. Garantizar el derecho a la salud, que incluye acceso total e igualitario para todas las personas mayores de las residencias a los servicios del sistema de salud y, en concreto, tomar medidas contra cualquier incidente de discriminación contra las personas mayores en las decisiones sobre atención médica, triaje y terapias que salvan vidas.
  4. Garantizar que el régimen de las visitas a residencias considere prioritario el interés superior de las personas mayores residentes en el centro, dote de los recursos humanos y materiales suficientes y asegure que las restricciones se basan en evaluaciones de riesgos individualizadas, teniendo presentes todas las medidas posibles para mitigar los riesgos, como realizar pruebas de detección con mayor frecuencia al personal, la población residente y las visitas.
  5. Impulsar una investigación independiente para saber en qué medida el acceso de las personas mayores de residencias a servicios de salud, servicios médicos generales y atención hospitalaria estaba sujeta a restricciones indebidas durante la pandemia. En particular:
  • La idoneidad del apoyo del Estado central y las CCAA al sector de las residencias con respecto a los problemas de bajas de personal.
  • Si se han respetado los derechos y la seguridad del personal cuidador durante la pandemia, incluyendo si se tomaron las medidas necesarias para garantizar que tuvieran acceso a EPI (cantidad y calidad), pautas y formación (para protegerse y proteger a los residentes).
  • El grado en que las CCAA y el Estado cumplieron con sus obligaciones de garantizar la calidad de la atención en las residencias y los derechos de las personas mayores durante la pandemia.
  • La adecuación de las medidas adoptadas por las autoridades autonómicas para cumplir con sus obligaciones legales de supervisión con respecto a las residencias durante la pandemia.
  1. Asegurar que las decisiones médicas se basen siempre y únicamente en evaluaciones clínicas individualizadas, de necesidad, criterios éticos y sobre la mejor evidencia científica disponible.
  2. Garantizar que las residencias proporcionen EPI a todo el personal, residentes y visitantes.
  3. Garantizar que el régimen de visitas a las residencias considere prioritario el interés superior de las personas mayores residentes en el centro, dote de los recursos humanos y materiales suficientes y asegure que las restricciones se basan en evaluaciones de riesgos individualizadas, teniendo presentes todas las medidas posibles para mitigar los riesgos, como realizar pruebas de detección con mayor frecuencia al personal, la población residente y las visitas.
  4. Recoger y proporcionar datos sobre las personas mayores en residencias con un análisis de género, edad y discapacidad de los mismos.
  5. Impulsar la tramitación de una ley a nivel estatal, con perspectiva de derechos humanos y de género, en línea con los estándares internacionales, que establezca un modelo residencial que garantice los derechos de las personas residentes en todo el Estado.
  6. Garantizar que la Fiscalía de Sala para la Protección de Personas con Discapacidad y Mayores ejerce su mandato, velando por el respeto máximo de los derechos humanos de las personas en residencias e impulsando, cuando corresponda, investigaciones.

Después de leer estas líneas, y recomiendo encarecidamente, el informe entero; ¿alguien cree que titular que se han producido violaciones de derechos humanos en las residencias es un titular adecuado?

Seguro que el informe ha pasado alguna cosa por alto, pero creo que nadie puede decir que haya sido cobarde o impreciso. Quizás por ello se ha intentado tergiversar dando la imagen que el problema era “de las residencias” cuando la verdad es que era una crisis sanitaria causada en primer lugar por la enfermedad y en segundo por la respuesta pública.

También creo que una copia del informe estará en la carpeta de todos los abogados defensores de directores de residencia.

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