La Federación Empresarial de la Dependencia (FED) ha lanzado una alerta máxima sobre la situación crítica que atraviesa el sistema de atención a la dependencia en España. El sector padece un déficit estructural de al menos 160.000 profesionales, una carencia que sitúa la capacidad operativa del modelo al límite y que, de no corregirse con urgencia, impedirá garantizar la atención a las personas dependientes en los próximos años.
La gravedad del problema no responde a una advertencia aislada de la patronal, sino que está documentada por las estadísticas oficiales. Las cifras del propio Gobierno ratifican la magnitud de un déficit que amenaza la viabilidad del sistema. Según el informe 'Estimación de necesidades de trabajadoras de cuidados de larga duración a 2030', elaborado por el Ministerio de Derechos Sociales, España necesitará incorporar entre 261.000 y 639.000 profesionales adicionales antes de 2030, en función del nivel de cobertura y del modelo de cuidados que se termine implantando.
“No estamos ante una dificultad coyuntural, estamos ante un déficit estructural que pone al sistema de dependencia ante una emergencia nacional. Hoy faltan 160.000 profesionales y las proyecciones oficiales reconocen que harán falta cientos de miles más. El sistema está funcionando muy por encima de su capacidad real y eso tiene consecuencias directas sobre la atención y sobre los propios profesionales”, advierte Ignacio Fernández-Cid, presidente de FED.
Un sistema tensionado que supera su capacidad operativa
El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) presta servicio actualmente a más de 1,6 millones de personas, mientras que el volumen de solicitudes registradas supera ya los 2,2 millones. A finales de 2024, el sistema contaba con cerca de 490.000 profesionales en activo, una cifra que resulta insuficiente para sostener la demanda actual y los retos futuros.
No obstante, la presión real sobre el sector es todavía más elevada. El conjunto de servicios de atención atiende cada día a más de 2,25 millones de ciudadanos, dado que una parte significativa de los cuidados se presta fuera del SAAD mediante servicios privados financiados íntegramente por las familias ante la insuficiencia de la red pública.
Suspensión de servicios por falta de personal
Los perfiles más afectados por esta escasez son gerocultores, auxiliares, personal de ayuda a domicilio y enfermería. La situación es especialmente grave en la atención domiciliaria, donde la demanda crece de forma exponencial y las dificultades para cubrir puestos son ya estructurales. En la actualidad, existen servicios —especialmente de ayuda a domicilio— que directamente no se están prestando por falta de profesionales disponibles, lo que compromete de forma directa la continuidad asistencial.
“Hay centros que no pueden cubrir turnos, servicios que reducen actividad y atenciones que no llegan a prestarse. Esto no es eficiencia, es una señal clara de agotamiento del sistema”, denuncia Fernández-Cid.
El horizonte de 2030: riesgo de inviabilidad total
Incluso en el escenario más conservador planteado por el Ejecutivo, España requerirá 261.400 profesionales adicionales antes de 2030, lo que supone un incremento del 53 % respecto a la plantilla actual. En un escenario de cobertura universal y refuerzo de los servicios comunitarios, la necesidad asciende hasta los 639.000 nuevos trabajadores, un aumento del 131 %.
“Las cifras oficiales confirman lo que llevamos años denunciando: el sistema ya está infradimensionado y no está preparado para el impacto demográfico que se avecina. Sin profesionales suficientes, cualquier reforma del modelo de cuidados será inviable”, subraya el presidente de FED.
Un modelo de empleo que dificulta la retención de talento
El informe oficial pone cifras a una realidad laboral que explica el incremento del déficit de profesionales en el sector:
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Ocho de cada diez personas trabajadoras son mujeres.
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El 47 % del empleo en atención domiciliaria es de jornada parcial.
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Los salarios por hora son hasta un 35 % inferiores a la media salarial global.
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El 73 % de la plantilla está expuesta a riesgos físicos o mentales derivados de su actividad.
“No se puede construir un sistema esencial sobre salarios bajos, parcialidad forzada y desgaste físico y emocional. La dependencia no pierde profesionales: los expulsa”, afirma Fernández-Cid.
Infrafinanciación crónica y desigualdad en el entorno rural
Desde la FED se recuerda que España invierte aproximadamente el 0,9 % del PIB en dependencia, según estimaciones de FEDEA, frente a una media europea que se sitúa en el 1,8 %. Esta brecha financiera limita la capacidad del sistema para mejorar las condiciones laborales, ampliar la cobertura y garantizar la sostenibilidad.
Esta coyuntura es especialmente crítica en el entorno rural, donde la falta de profesionales, las distancias y la dispersión poblacional agravan las desigualdades de acceso. En muchos territorios, la atención se sostiene exclusivamente gracias al esfuerzo de las familias, y especialmente de las mujeres, ante la ausencia de alternativas institucionales.
Reclamaciones urgentes para una década decisiva
La patronal reclama medidas excepcionales inmediatas, entre las que destacan:
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Una planificación estatal obligatoria de profesionales con horizonte 2030-2040.
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Un plan de choque en formación, homologación de títulos y contratación en origen.
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La actualización automática de los precios de concierto vinculada al IPC, SMI y convenios colectivos.
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Mejora de las condiciones laborales y del reconocimiento social del cuidado.
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Avances efectivos en la coordinación sociosanitaria.
“No actuar ahora tendrá un coste social inasumible. O reforzamos el sistema con financiación y profesionales, o asumiremos un fracaso colectivo en la atención a las personas más vulnerables”, concluye Ignacio Fernández-Cid.
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