¿Qué tal las “bajaciones”?

Llevo unos cuantos meses escribiendo y hablando sobre lo que han vivido las residencias durante la pandemia.

He tratado sobre cómo las medidas tomadas desde los poderes públicos llegaron tarde; se limitó el acceso de las residencias a los imprescindibles EPIs. Cómo las residencias han funcionado con menos personal debido a las cuarentenas y bajas laborales mientas han estado informando de su situación de forma diaria a las administraciones incluso de cómo se ha limitado el traslado de residentes enfermos a hospitales generando frustración en muchos familiares que han proyectado hacia las propias residencias.

Creo que el personal de las residencias, desde la gerencia a la atención directa (personal asistencial y sanitario) e indirecta (cocina, lavandería, limpieza, mantenimiento), han hecho una labor extraordinaria. En algunos casos, como los de los que se han confinado con los residentes, excepcional. Pero, ahora que ha pasado un tiempo, me gustaría dedicar unas líneas a otros que no han sido tan buenos. Me refiero al pequeño grupo de quienes aprovechando la situación obtuvieron la baja por teléfono y han pasado los peores meses de la epidemia en su casa de “bajaciones”.

Para empezar, hay que explicar algo: El 15 de marzo de 2020 se tomó desde el Ministerio de Sanidad (Procedimiento de actuación frente a casos de infección por el nuevo coronavirus SARS-COV-2) la decisión de que el personal que hubiese estado en “contacto estrecho” con un enfermo dejase de trabajar durante 14 días para mantener una “cuarentena domiciliaria”. Muchos empleados fueron enviados a sus casas, no durante 14 días sino, en muchos casos, durante dos meses debido a la dificultad para el regreso al trabajo, pasado el plazo, por la resistencia a dar altas laborales a falta de tests. O sea, quien debía dar el alta a estos trabajadores se negaba a hacerlo si no podía comprobar mediante un test diagnóstico que estaban bien. Como esos tests no se hacían fuera de hospitales la situación se alargaba sin que la residencia pudiera hacer nada.

En algún caso las residencias compraron tests serológicos pero los resultados no eran admitidos como válidos para que el empleado se reincorporase. Muchas veces, el volver al trabajo dependía más de la insistencia del propio trabajador en situación de baja que de cualquier otra cosa. Además, la información se convirtió en algo confuso y contradictorio. Los teléfonos de información pública decían que los tests tenían que hacerlos las mutuas laborales, pero éstas decían que no era así, sencillamente, no los tenían.

A esta situación se añadió la decisión de que el personal que sufriera enfermedades de riesgo anteriores estuviera de baja durante la crisis sanitaria, lo que mermó aún más la plantilla de las residencias. Y una circunstancia que ha afectado también de forma importante y negativa: la posibilidad que ha tenido todo el personal de obtener la baja laborar de forma telefónica sin tener, ni siquiera que visitar a un médico y con la posibilidad de alargar esa baja hasta que se les hiciera un test PCR.

En principio todas las medidas que he explicado me parecen razonables para proteger la salud de los empleados de las residencias. Lo que no me lo parece es el problema para la reincorporación de las personas que se encontraban de baja y la picaresca que ha surgido que, aunque muy minoritaria, ha generado más dificultades de forma evitable. Me refiero a las personas que han dejado de trabajar de forma fraudulenta limitándose a hacer una llamada telefónica diciendo que no se encontraban bien cuando eso era mentira. Estoy hablando de las “bajaciones” que se han tomado unas cuantas personas y que han aumentado los problemas e incrementado el riesgo en que vivían los residentes.

Es cierto que alguna de estas personas actuó como lo hizo afectada por el miedo. ¿Quién no lo tendría cuando había que ir a trabajar sabiendo que no había suficientes EPIs o que no se les iba a hacer un PCR porque la administración no los consideraba prioritarios?

Me consta que las bajas fraudulentas, aunque por suerte escasas, se han producido tanto en residencias públicas como privadas y que, aún siendo muy difícil hacer una acusación concreta y cuantificar la situación, es algo que casi todos los directores de residencia con quienes he hablado me han comentado. También sé que no es un tema cómodo de tratar, ya que se me puede acusar fácilmente de especular y de intentar culpar a unos empleados que apenas ganan mil euros al mes y a quienes se les estaba exigiendo un esfuerzo casi heróico.

Aún así, creo que debo hacerlo por dos motivos: El primero es un reconocimiento a quiénes han seguido al pie del cañón durante toda la pandemia, muchas haciendo un verdadero sacrificio. Quiero con estas líneas hacer un reconocimiento no a "todos los que trabajan en residencias", sino a los que siguieron trabajando sabiendo que exístía un riesgo cierto. El segundo es que, todo indica, vamos a vivir un rebrote que puede comportar que se vuelvan a vivir momentos difíciles en las residencias.

Si nadie dice ni hace nada, la sensación que pueden tener las trabajadoras más íntegras es que esa integridad es una tontería y que lo más lógico y conveniente es “hacer la llamada” cuando vuelvan a tener la ocasión y tomarse unas “bajaciones”.

Me parece que debería reconocerse el esfuerzo de quienes han trabajado y quienes estuvieron de baja por causas reales. También estaría bien que se pusiese de manifiesto que quien se “tomó unos días” hizo algo malo y reprobable. En cada residencia saben quiénes son, porque algunos ni siquiera lo ocultaron.

Tratar este tema en cada centro de forma interna, aunque sólo sea hablando, podría hacer que estemos mejor preparados para la próxima crisis.

Por lo menos es lo que creo.