La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE) ha valorado muy positivamente el informe publicado recientemente de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana denominado “Auditoría operativa de la red de centros públicos y privados concertados del sistema para la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia en la Comunidad Valenciana. Programa presupuestario 313.60. Ejercicios 2016-2018” en el que se ha valorado la eficiencia de los distintos tipos de centros residenciales de atención a personas mayores de la red pública valenciana.
En dicho informe, se valora la calidad ofrecida y los costes de las plazas residenciales para personas mayores en función de que estén en un centro público de gestión directa, un centro público de gestión privada mediante concurso y un centro privado con plazas concertadas con administraciones públicas.
El coste de una plaza pública de gestión directa, la que se lleva a cabo por la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas con personal funcionario, de este tipo en el año 2018, último que recoge el informe, es de 78,50 euros diarios. Esto supone un 35% más que esa misma plaza cuando el centro lo gestiona una empresa privada a través de un proceso de contratación administrativa. En el caso de que se tratara de un centro privado que concertara plazas con la Consellería, el sobrecoste sería del más del 49%.
“Con la gestión privada de centros públicos se podría atender a 150 personas más por cada millón de euros de presupuesto de la Consellería y 210 personas más si fueran derivadas a centros privados con plazas concertadas. Es la prueba definitiva de la capacidad de atender a más gente con los mismos recursos, del valor que aporta el sector privado” indicó Toro.
Hay que destacar que aunque los salarios en el sector público son más altos que en el privado en ningún caso suponen un 50% más por lo que ese sobrecoste no corresponde a las diferencias salariales. Además en el precio recogido para la gestión pública habría que añadir las inversiones que se hagan en los centros, tanto de puesta en marcha como de mantenimiento o mejoras que no se han incluido, que si que están recogidas en los precios de plazas concertadas por lo que la diferencia sería aún mayor.
El informe recoge una serie de indicadores de calidad para valorar el servicio que se recibe en cada uno de los distintos tipos de gestión. Sobre esta cuestión, la auditoría también pone de manifiesto que los centros de gestión indirecta o integral, privados concertados y de instituciones sin ánimo de lucro ponen más énfasis en los aspectos destinados a regular e implantar normas y protocolos para mejorar y estandarizar los procesos relacionados con la calidad del servicio que los centros de gestión directa y municipal. En el resultado medio, se observa que se puntúa la calidad de los centros privados con un 8,3, la de los centros públicos de gestión privada con un 9,1 frente a los públicos que se sitúan en el 4,7. Es decir, la gestión privada casi aporta el doble de calidad que la gestión pública.
“Según estos datos, la calidad del servicio en las residencias con gestión privada es mejor que en las residencias de gestión pública, con un coste bastante inferior, lo que refuerza la idea de que es la mejor opción para atender a las personas mayores dependientes ya que permite dar servicio a un número mucho mayor de personas con el mismo presupuesto y con una mejor atención” indicó José María Toro.
Un dato llamativo en la cuestión de personal es el nivel de absentismo que en los centros públicos se sitúa en el 16,7 frente al 5,9 existente en las residencias privadas, es decir, tres veces más y el 9,2 de las residencias públicas de gestión privada.
Los centros privados o públicos de gestión privada tienen un mayor nivel de participación de la persona residente en las decisiones que le afectan, hacen encuestas de satisfacción el doble que las públicas, tienen cinco veces más medidas de no sujeción y triplican el número de centros con sistemas de gestión de la calidad. Además hacen mucha más formación para el personal, un 33% más.
“La Sindicatura ha ratificado lo que AERTE viene diciendo desde hace muchos años, que la colaboración público privada en el sector de los servicios sociales permite dar un mejor servicio al ciudadano y además atender a muchas más personas. La función social de las empresas y su aportación de valor público ha quedado demostrada fehacientemente. Si la Consellería quiere seguir apostando por el modelo de gestión pública, mucho menos social a la vista del informe, tendrá que justificar porqué. Ya sólo puede responder a cuestiones ideológicas basadas en prejuicios o percepciones subjetivas pero no en datos objetivos” concluyo el presidente de AERTE.
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