AERTE insiste en que un grupo de trabajo establezca las medidas para evitar rebrotes en los centros de mayores

El presidente de AERTE, José María Toro, ha insistido en la necesidad de poner en marcha un grupo de trabajo entre las Consellerías de Igualdad y Políticas Inclusivas, la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública y las entidades que gestionan los centros de atención a personas mayores de la Comunidad Valenciana.

En la Comisión Especial de Estudio para la Reconstrucción Social, Económica y Sanitaria se han abordado tres puntos principales, la situación que habían vivido las residencias, centros de día y servicios de ayuda a domicilio durante esta crisis; las propuestas que hace el sector para el futuro inmediato y el papel que tiene el sector de atención a la dependencia en el nuevo modelo económico de la Comunidad Valenciana y en su capacidad para aportar a la reconstrucción social, económica y sanitaria.

Ante el planteamiento por parte Pilar Lima, del Grupo Unides Podem, de que el modelo de atención había mostrado su fracaso en esta situación, la respuesta por parte del representante de la patronal ha sido la de comparar los datos con los de otros países como modelos que se ponen como ejemplo en muchas ocasiones. Mientras que el porcentaje de residentes fallecidos en la Comunidad Valenciana es del 2,06% del total de personas residentes, en Francia ha sido de un 2,4% y en Suecia ha sido de un 2,8%. Por otro lado, el porcentaje de fallecidos en residencias sobre el total ha sido en la Comunidad Valenciana del 37,61% mientras que en Canadá ha sido del 82%, el 58% en Noruega o el 50% en Finlandia. “Esto demuestra que el problema no ha estado en el modelo sino en la incapacidad del sistema de salud de atender a todas las personas que lo necesitaban” indicó Toro.

En su intervención ha indicado la falta de aviso de las administraciones públicas, las carencias en material de protección, en la necesidad de hacer test, de llevar a las personas con diagnóstico positivo a centros específicos para que sean atendidos adecuadamente por Sanidad, a mejorar la coordinación sociosanitaria y el apoyo de la atención primaria, con una mejora de la dotación de recursos de esta área, a los centros como elementos que deben ser mejorados.

El presidente de la patronal más representativa del sector fue claro: “Hay muchos centros aún en los que no se ha hecho pruebas a todos y sigue habiendo carencias de materiales, como guantes, en centros de mayores, de diversidad funcional, de salud mental o en servicios de ayuda a domicilio”.

Como elementos de mejora por parte de las entidades se planteó la necesidad de haberse adelantado al cierre de los centros, a pesar de la opinión contraria en su momento de la Administración, a algunas lagunas en la comunicación por las familias y a la imposibilidad de cubrir muchas de las bajas que se produjeron pero entendiendo que no se les puede pedir a las residencias algo para lo que no están concebidas como es la atención sanitaria.

En la parte de las propuestas se hicieron mención a las que se han presentado por parte del conjunto del Sector el pasado 15 de Junio tras el análisis profundo de lo sucedido. (Se añade el documento)

En la tercera parte, se expusieron las ventajas del sector para potenciar el modelo económico de la Comunidad Valenciana en la que destacaron aspectos como que es un sector de economía real que mejora la vida de las personas, muy intenso en mano de obra preferentemente femenina, que no puede ser deslocalizado y con bajo riesgo tecnológico. Además el riesgo tecnológico es muy bajo y permite ofrecer oportunidades en el ámbito rural, siempre amenazado por la emigración, lo que además tiene un impacto medio ambiental positivo.

Pero para ello, es necesario mejorar la inversión pública y acompañarla de una política de fomento de la inversión privada en el sector sino lo que se producirá es la desatención de miles de personas que necesitan este tipo de servicios.

Por ello, la colaboración público privada es fundamental en ese nuevo modelo por la experiencia del sector privado, la capacidad de financiación, su flexibilidad, su especialización y su compromiso.

Hay que generar miles de plazas residenciales nuevas, de centros de día, de servicios de ayuda a domicilio, de asistente personal y nuevas tipologías que se adapten a las necesidades de las personas en situación de dependencia, mayores, con diversidad funcional, menores, mujeres que han sufrido violencia de género, con problemas de salud mental…, por lo que es necesaria la suma de todos para alcanzar este objetivo. Con el déficit público acumulado este año, la deuda de la Generalitat y la dificultad de que se reforme definitivamente el sistema de financiación autonómica en este contexto económico, es inviable hacer planteamiento de mayor gasto público.

Grupo de trabajo tripartito

Todas las entidades del sector de residencias de la Comunidad Valenciana presentaron el pasado 15 de junio un escrito en ambas consellerías en el que se pedía la creación de un grupo de trabajo tripartito para analizar de manera rigurosa lo que ha ocurrido y establecer las medidas necesarias de cara a un posible rebrote en un futuro inmediato.

Reproducimos por su interés el texto íntegro presentado por las entidades del sector residencial:

Comunidad Valenciana, 15 de Junio de 2020

Las empresas y entidades que gestionan la mayoría de las residencias de personas mayores de la Comunidad Valenciana han puesto en común la experiencia de los casi tres meses que han pasado desde la declaración del estado de alarma en España y todas las situaciones que se han causado por la pandemia del coronavirus, con el objetivo de aprender y plantear propuestas que permitan reducir el impacto negativo de un posible rebrote que se pueda producir en el futuro.

Ahora que la situación se ha estabilizado en general, creemos que es el momento de reflexionar sobre las distintas experiencias que se han vivido en los distintos centros y servicios para poder establecer los protocolos y medidas necesarias para estar preparados para afrontar el futuro con las mayores garantías posibles.

Las personas mayores que atendemos en los centros tienen un perfil medio de mujer con más de 80 años con pluripatologías por lo que requiere de un gran nivel de atención asistencial y, además, son muy vulnerables al COVID19. Por ello, tenemos que tomar todas las medidas necesarias para asegurar al máximo posible su salud y, al mismo tiempo, garantizar un nivel de calidad en la atención lo más normalizado posible que respete la dignidad de cada una de ellas.

Los centros no están diseñados para atender una pandemia de carácter sanitario, ni cuentan con los profesionales ni materiales necesarios para ello y, sin embargo, se les ha exigido como si así fuera. Esto ha provocado imagen distorsionada del sector a que se le ha visto, algunas veces y de manera injusta, como culpable del trágico resultado por negligencia en su trabajo y no como una entidad afectada más por la situación producida por esta crisis sanitaria.

La sociedad tiene puestos los ojos en nuestro trabajo y en el servicio que prestamos a diario por lo que debemos hacer, más que nunca, un ejercicio de responsabilidad, aprendiendo de la situación vivida, haciendo un análisis serio y profundo de todas las circunstancias que se han producido para poder tomar las decisiones que consideramos adecuadas para mitigar las posibles consecuencias que se puedan producir.

Las conclusiones a las que hemos llegado son las siguientes:

1. No se ha podido contar con los materiales sanitarios de protección suficientes para que los profesionales trabajaran en un entorno de seguridad laboral adecuado y que se pudiera atender a las personas residentes con las medidas de seguridad necesarias.
2. La falta de realización de pruebas nos ha impedido poder llevar a cabo las medidas de aislamiento y detección necesarias, más cuando se ha demostrado el alto número de casos asintomáticos detectados en los centros. Además ha provocado un absentismo laboral innecesario muy importante con graves consecuencias para los centros.
3. Ha faltado una mayor coordinación entre las administraciones de sanidad y de servicios sociales, lo que ha provocado que la normativa sanitaria y social no haya estado alineada siempre y que se hayan producido contradicciones entre ambas.
4. No se ha podido garantizar, en todos los momentos y en todos los lugares, una adecuada atención sanitaria a las personas mayores que vivían en los centros residenciales para mayores. La asistencia en un establecimiento adaptado, y no en la residencia, ayuda a mejorar el nivel de atención sanitaria a la persona enferma.
5. El confinamiento en las habitaciones ha tenido un impacto muy negativo en la salud mental y física de muchas de las personas residentes. Por ello, hay que asegurar la mayor normalidad posible en el centro para mantener la calidad de vida de las personas, por lo que se hace necesario derivar a centros especializados los casos positivos.
6. La información, a pesar de proporcionarse a diario por parte de las residencias, no se ha conseguido que refleje claramente la situación real de los centros en cada momento y que haya sido comparable.
7. Muchos profesionales de los centros residenciales han sido contratados por las distintas consejerías de sanidad a través de las bolsas de trabajo por lo que se ha reducido la presencia de este personal sanitario en las residencias.

Las soluciones que proponemos son estas:

1. Es necesario garantizar el suministro de material de protección a las residencias para proteger a los profesionales y a las personas atendidas. No se puede admitir ningún recorte en estas entregas que lleva realizando la Consellería de Sanidad.
2. Es necesario hacer pruebas periódicas cada 15 días en las residencias a personas residentes y trabajadores. Es la única manera de saber de manera real la situación en la que se encuentra cada uno de los centros y poder tomar las medidas necesarias en cada momento.
3. Hay que crear una comisión de coordinación sociosanitaria, con presencia de las entidades del sector, para establecer de manera conjunta toda la normativa y adaptación a la realidad de las residencias evitando contradicciones y duplicidades.
4. Hay que identificar una persona de enlace en atención primaria con las residencias con un reparto de las competencias y funciones que corresponden a cada una de las partes para coordinar las pruebas, el seguimiento y las necesidades de los centros.
5. Hay que reformar los protocolos de atención sanitaria a personas residentes con el objetivo de derivar a las personas con diagnóstico positivo al hospital o los centros sociosanitarios de referencia que establezca la administración.
6. Es necesario establecer un procedimiento unificado de información para que las residencias informen a una única administración, que deberá informar al resto, con herramientas informáticas que generen datos en tiempo real que permitan conocer de manera inmediata la situación del sector.
7. Suspensión temporal de la llamada a profesionales sanitarios que se encuentren en la bolsa de las Consejerías de Sanidad correspondientes que estén desarrollando su trabajo en centros residenciales para evitar que los centros pierdan este perfil de profesionales.

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