Desde que se publicó la Auditoría Operativa de la Red de Centros Públicos y Privados Concertados del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia en la Comunitat Valenciana y los medios de comunicación nos hicimos eco, la reacción ha sido bastante polarizada. Quienes creen que en el sector de las residencias debería haber sólo prestadores públicos se han negado a aceptar lo que dice el estudio o le han restado importancia aduciendo que se refiere sólo al análisis de una muestra en un momento y lugar determinado. Quienes no creen que lo público es por principio mejor que lo privado han saludado el informe en sus dos facetas: la que demuestra que la prestación pública es mucho más cara que la privada y la que demuestra que ese mayor coste no viene acompañado de una mejor calidad.
Lo que casi todo el mundo que ha opinado tiene en común es que no se han leído el informe de más de 100 páginas y que, si se mira con atención, ofrece algunos argumentos para ambos lados de la discusión.
La parte del coste resulta indiscutible e, incluso, creo que la diferencia del 32% entre lo que le cuesta a la administración prestar el servicio directamente (78,5 euros al día) y el contratarlo con una empresa privada mediante concierto (52,5 euros) se queda escasa, ya que no tiene en cuenta la amortización (para recuperar el coste del inmueble donde se presta el servicio cuando la explotadora es propietaria del mismo) o alquiler cuando es inquilina, algo que para una empresa privada puede suponer fácilmente entre el 8 y el 12% de su facturación. Aún así es relevante que se ponga encima de la mesa que existe ese gap de precio.
Por otro lado, si hablamos sobre la calidad del servicio, podría discutirse la forma en que el estudio llega a dar a las residencias públicas un 4,7 sobre 10 mientras que a las privadas les concede un 8,3. Creo que éste es el punto más controvertido, ya que es el que ha permitido leer titulares como “Las residencias privadas son mejores y más baratas”.
Lo que dice literalmente el estudio es que “los centros de gestión indirecta o integral, privados concertados y de ISFL realizan mayor esfuerzo para regular y elaborar normas y protocolos destinados a mejorar la calidad de atención y del servicio que los centros de gestión directa y municipales” (pág. 59). Esta afirmación viene acompañada de este cuadro:
Si somos ecuánimes, debemos admitir que, aunque los resultados son bastante desfavorables para la gestión pública de residencias, alguien podría decir que, una cosa es “elaborar normas tendentes a la mejora de calidad” y otra la calidad misma del servicio.
Si repaso algunos de los aspectos que ha tenido en cuenta el informe cada cual puede ir formando o consolidando su propia opinión.
En relación con las ratios de personal casi todos los elementos son favorables para la gestión pública. O sea, las residencias públicas tienen más personal por cada residente. Eso no admite discusión teniendo en cuenta los datos del cuadro 21 del informe:
Pero, parece que tener más personal no es un indicador inequívoco de “trabajar mejor” o de prestar un mejor servicio. Si consideramos que una parte de ese buen trabajo se puede demostrar viendo si éste es interdisciplinar o si los nuevos empleados reciben formación sobre la forma de hacer las cosas, las residencias públicas empiezan a fallar. Si se considera el absentismo, la cosa empeora aún más para ellas. La tasa de absentismo en residencias públicas de gestión directa, con un 16,7% casi triplica el 5,9% de las privadas concertadas. Algo inusual debe pasar en las residencias públicas para que tengan tantos empleados de baja.
Otras formas de conocer la calidad que ofrecen las residencias pueden ser considerar si se pregunta a los usuarios qué les parece la atención que reciben mediante encuestas de satisfacción; si se intenta limitar el uso de contenciones o el trato infantilizante. Aquí, como muestra este cuadro, las públicas de gestión directa también salen bastante mal paradas.
El debate sigue abierto después de este informe y no creo que se cierre en el próximo futuro debido a que la base de lo que cree cada uno, en este caso, se fundamenta mucho más en cuestiones de convicción o ideológicas que en la lógica. Por los comentarios que he leído en las redes, hay mucha gente para la que el hecho de que alguien pueda ganar dinero atendiendo a personas mayores es en sí un hecho reprochable y contrario a la ética. A ellos les da igual que se pueda demostrar que se puede ganar dinero prestando un servicio que acaba saliendo más barato que cuando lo presta la propia administración sin que ello suponga una merma en la calidad. En su cabeza no cabe que se pueda gestionar de forma más eficiente de lo que puede hacerlo la administración. Sólo puede ganarse dinero en este campo, entienden, a costa de explotar, expoliar o engañar.
A mí me parece que otros órganos públicos deberían seguir el camino iniciado por parte de la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana y comparar diferentes sistemas de gestión de servicios públicos desde la perspectiva económica y la de la calidad del servicio. Cuantos más datos se comparen, mejor. Tengamos en cuenta las diferencias de clima laboral, de percepción subjetiva de bienestar por parte de residentes, familiares y trabajadores; la opinión que tienen los proveedores de servicios subcontratados (proveedores de material, comida…). Una vez que lo hagamos y empecemos a tratar los datos, estemos preparados para cambiar de opinión si es que éstos son concluyentes y no confirman lo que pensábamos antes.
Poner en duda, estudiar, experimentar y difundir el conocimiento es la forma que ha tenido la ciencia de avanzar desde que la ilustración permitió que se produjese el primer paso, la puesta en duda de lo que se consideraban “verdades inmutables”.
Algunos ponemos en duda que “lo público”, entendido como prestación directa de servicios por parte de la administración, sea necesariamente mejor que otras formas de prestación basadas en la colaboración público/privada. ¿Pasamos a la fase del estudio y experimentación?
Si (
No(
A favor (
En contra (