A nadie se le escapa que uno de los principales problemas del sector de la atención a las personas mayores es la dificultad para encontrar personal cualificado que esté dispuesto a trabajar en residencias o centros de día. Igualmente, es sabido que el sector sería más atractivo y retener talento sería más sencillo si se dignificaran estas labores con unas mejores condiciones laborales, especialmente las salariales.
Acierta, pues, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, cuando afirma que es "urgente" mejorar los salarios de los trabajadores de residencias y de atención a domicilio porque, con datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del último trimestre de 2022, ha recordado que cobran entre un 40 y un 60% menos que el salario medio en España.
De esta forma, en Dependencia.info queríamos saber si propone el Gobierno, a través del Ministerio de Derechos Sociales, alguna alternativa a la negociación colectiva para determinar los salarios y preguntamos, por tanto, qué herramienta alternativa al convenio colectivo plantea para mejorar la situación laboral del colectivo.
El departamento que dirige Bustinduy apuesta por la mesa de diálogo social: "Reconocemos la legitimidad de los agentes sociales y su papel en la negociación de las condiciones laborales. Creemos en el diálogo social y, en este sentido, convocaremos en breve una reunión de la mesa de diálogo social para abordar cómo mejoramos y revalorizamos el trabajo esencial de las profesionales del SAAD. De forma coordinada y compartida, debatiremos cómo trasladamos los incrementos en presupuesto público del SAAD a mejoras en convenios colectivos y en licitaciones públicas, entre otras medidas".
Igualmente, el Ministerio de Derechos Sociales es consciente de la mencionada falta de trabajadores cualificados: "Tenemos un desafío sistémico, que nos eleva tanto la patronal como las CCAA, que es la dificultad de los proveedores para encontrar profesionales. Mejorar sus condicionales laborales no es solo de justicia, es también una necesidad si queremos garantizar la sostenibilidad del sistema".
Las patronales insisten: financiación digna
La idea de mejorar el salario del personal de residencias y centros de día es compartida por las empresas. La patronales, todas, sin excepción, llevan años demandando una financiación suficiente para hacer frente a los retos y necesidades de un sector fundamental para la sociedad.
Así, la presidenta de CEAPs, Cinta Pascual, afirmaba: "Nosotros queremos que se produzca un aumento de los salarios, pero sin financiación digna no se puede llevar a cabo. Estamos trabajando a nivel de las CCAA para conseguirlo, pero nos dicen siempre lo mismo, que es necesario el incremento estatal. Aunque nosotros seguimos luchando porque la prioridad es la dignificación de los profesionales".
Pascual añade: "No puedes sacar la bandera de que se aumente el salario cuando se han congelado los presupuestos a nivel estatal. Necesitamos un mínimo de 1.000 millones para ayudar a las Comunidades Autónomas a que se produzca un aumento de las tarifas. Porque si no estamos en una situación realmente crítica".
A la secretaria general de AESTE, Josune Méndez de Cruz, le parece "fundamental que desde el Ministerio de Derechos Sociales se cuente con las patronales del sector de la Dependencia para profundizar en las vías para mejorar las condiciones laborales de las personas que trabajan prestando cuidados en nuestro país" y, en este sentido, tienden la mano al ministro Bustinduy "para trabajar en ello cuanto antes de manera conjunta".
"Como patronal del sector conocemos muy bien y reconocemos el excelente trabajo y la dedicación diaria de las profesionales de los cuidados en las residencias, centros de día y servicios de ayuda a domicilio y que, por ello, no cesamos en nuestro empeño de poner en valor el sector de los cuidados", recuerda Méndez de Cruz, que, sin embargo, incide en que se trata de "un sector que carece del reconocimiento social que se merece y al que no se le reconoce su aportación a la sociedad".
Por ello, desde AESTE coinciden en que "es urgente una apuesta clara" por el sector, "y que esto se vea reflejado en los presupuestos y en una mayor financiación, algo que es clave para facilitar el diálogo social, además de para abordar muchos otros retos que se nos plantean a como sociedad".
Mesa de diálogo social, sí... más financiación, también
Ignacio Fernández-Cid, presidente de FED
En primer lugar, las declaraciones del ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, nos parecen sorprendentes porque a la vez que nos reclama que elevemos los sueldos, él mismo está reconociendo que el Ministerio no está contribuyendo a la financiación del Sistema de la Dependencia como debiera.
Actualmente, el Gobierno se ha comprometido a que a lo largo esta legislatura se llegue a asumir el 50% del coste de la dependencia por la vía pública estatal, es decir 50% por las Comunidades Autónomas y 50% por el Estado, pero la realidad es que estamos muy lejos de ese objetivo y, además, con unos presupuestos prorrogados no parece que vayamos a tener suficiente dinero como para que se pueda dar ese cumplimiento.
Por ello, reiteramos nuestra incomprensión ante estas declaraciones. Lo primero que deberían hacer todas las administraciones públicas es dotar de suficiente financiación la gestión de las plazas, ya que lo que está ocurriendo actualmente es que en los “acuerdos marco”, que son acuerdos plurianuales de 2 a 4 años, las Administraciones Públicas no son capaces ni siquiera de indexar los precios, es decir, que no se actualizan los precios de concierto, como mínimo, al incremento del IPC, que finalmente vamos soportando los operadores.
En cuanto al cambio de modelo de atención a personas mayores y dependientes, quiere modificarlo favoreciendo la desinstitucionalización, pero sin la dotación presupuestaria suficiente, por lo que entendemos que se refiere a un modelo más barato y económico y nos gustaría saber cuál es su planteamiento. Desinstitucionalizar a las personas para que puedan envejecer en sus domicilios... nosotros reiteramos que estamos muy de acuerdo, pero para poder hacerlo se necesitan recursos, ya que actualmente los servicios en domicilio que se dan (57 horas al mes de atención media mensual a un gran dependiente, que no llegan a dos horas al día) son totalmente insuficientes.
Desde FED estaremos encantados de acudir a una nueva mesa de diálogo social, que por otra parte llevamos reclamando hace meses, ya que hay que abordar temas urgentes que no se pueden seguir posponiendo.
Por un lado, hay que definir qué se va a hacer con las medidas acordadas en el “Acuerdo de acreditación Belarra”. Como ya anticipamos desde FED, claramente, las Comunidades Autónomas que votaron a favor de la misma no las están incorporando a sus normativas autonómicas, a pesar de que tenían como fecha límite el 30 de marzo de 2023. Lo único que se ha conseguido es crear un escenario de incertidumbre en el sector que está frenando la inversión y no nos lo podemos permitir. Como todos los sectores, pero el nuestro más porque se invierten en las infraestructuras cantidades muy importantes de dinero, se necesita un marco normativo muy claro y estable en el tiempo.
También nos urge como sociedad empezar a dar una solución al déficit de plazas en residencias que sufrimos actualmente y que se va a incrementar de manera exponencial con la llegada de la generación “Boomers”. Nos vamos a encontrar en un futuro muy cercano con una franja notable de la sociedad envejecida que, a un nivel severo de dependencia, va a ser imposible atenderla en sus domicilios y habrá que darles una solución vital.
Las administraciones públicas tienen el mapa de demanda y los operadores tenemos la capacidad de hacer las inversiones necesarias, de crear el empleo necesario y de gestionar los distintos recursos y servicios para estar alineados en lo que, en definitiva, es una misión común como sociedad: asegurar el bienestar de nuestros mayores.
Por todo ello, eso es vital que nos sentemos y planifiquemos ese futuro cercano, analicemos las asignaturas pendientes y reforcemos la colaboración público privada, que, como se ha visto en el pasado, es la mejor fórmula de éxito para sacar adelante los importantes retos que tenemos por delante.
Por último hay que revisar el Plan de Choque aprobado en la pasada legislatura porque no está dando los resultados esperados: más de 296.000 personas dependientes están a finales de 2023 a la espera de valoración y/o prestación/servicio. Se ha conferido un derecho universal a los Dependientes y no les podemos fallar.
Los sindicatos también piden más financiación
Pero si las empresas, a través de las patronales, piden más financiación al Gobierno central, los trabajadores, por medio de los sindicatos, se lo reclaman al Gobierno y también a las CCAA.
Jesús Cabrera, responsable de Negociación Colectiva Privada de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO (FSS-CCOO) cree que "es fundamental un pacto estatal por la Dependencia (CCOO lo ha solicitado en reiteradas ocasiones), para que el Gobierno de la nacion y las comunidades autonomas se comprometan a incrementar la financiación necesaria con la que se pueda aumentar las ratios de plantillas a traves de las normas de acreditación y mejorar las condiciones salariales y de trabajo a través de la negociación colectiva".
De esta forma, añade, "se mejoraría sustancialmente la calidad de atención a las personas usuarias". Entiende Cabrera que "obviamente, este pacto implicaría a los agentes sociales a través de la Mesa de Diálogo Social" y por esta razón estiman como "muy positivo este compromiso anunciado por el Ministerio".
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