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Retos geroasistenciales para 2024, ¿hacen falta más residencias?

Por Josep de Martí
miércoles 10 de enero de 2024, 12:07h
Josep de Martí, fundador de Inforesidencias.com.
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Josep de Martí, fundador de Inforesidencias.com. (Foto: Inforesidencias.com)

Los inicios de año son ocasiones adecuadas para dedicar un momento a mirar hacia atrás y, sin detenerse, regresar la vista al frente intentando adivinar qué camino es el que hay que tomar. Si cuando oteamos el trayecto recorrido los años anteriores somos humildes y observadores seremos capaces de descubrir nuestros propios errores. Si, además aspiramos a ser inteligentes, intentaremos aprender algo, de forma que el año que viene podamos cometer errores nuevos y no repetir los del pasado.

Recientemente el IMSERSO nos ha hecho un regalo muy valioso: una radiografía de los servicios de atención a personas mayores en España en 2022. De ese documento podemos extraer información muy interesante, como que la ayuda a domicilio (SAD) está creciendo en España de forma continua, aunque a pesar de ello, la media de horas de atención domiciliaria que recibe una persona mayor es de apenas 20 al mes.

Eso quiere decir que, de media, a cada una de las 534.321 personas mayores que recibía SAD en España en 2022 le tocaban unos 34 minutos al día.

Cuando el informe trata de residencias, la cosa es algo agridulce. Por un lado, el número total de plazas crece un poco hasta alcanzar las 398.575. Por otro, como la cantidad de personas mayores está aumentando tanto, representando el 20% de la población total, el número de camas por cada 100 personas mayores de 65 años está reduciéndose.

O sea que cada vez hay más plazas en residencias (si contamos el número) y a la vez menos (si tenemos en cuenta a las personas que hay que atender). Es como si tuviésemos un pastel cada día un poco más grande a la vez que aumentásemos mucho el número de personas que deben comer del mismo.

Para mí el dato más llamativo del informe, y que debe haber costado bastante esfuerzo de obtención para el IMSERSO, es el número de plazas en residencias que reciben financiación pública. ¡Atención! No “plazas públicas” que están en una residencia que pertenece a una administración, sino “plazas que se pagan, totalmente o en parte, con dinero público”, es decir, las de residencias públicas, las concertadas y aquellas que se financian con prestaciones económicas vinculadas u otras formas similares.

Aquí es donde vemos el gran cambio de los últimos años: ahora, sólo el 32% de las plazas en residencias son “totalmente privadas”, mientras el resto reciben algún tipo de financiación pública. Que las administraciones asuman el coste parcial del 68% de las plazas en residencias marca un triunfo de la Ley de Dependencia y da respuesta a la pregunta que me hice hace 18 años cuando estaba a punto de entrar en vigor la LAPAD: “¿Qué pasará con Doña Encarnación?”.

Aunque el informe muestra muchas tablas, cuando hablamos de dinero adolece de una clara “falta de Excel”, ya que hace referencia a precios públicos y precios de concertación, pero no a “precios públicos reales”, o sea, lo que les cuesta a las administraciones prestar el servicio cuando lo hacen de forma directa en residencias públicas gestionadas por las propias administraciones.

Ese sería un dato que daría mucha fuerza al informe, aunque también podría haberse convertido en un avispero para los redactores.

Lo cierto es que, conforme el peso de las plazas con financiación pública crece, aumenta la importancia del precio de concertación, o sea, cuánto paga la administración a quien presta el servicio en su nombre. Ese precio de concertación, según el informe, es de media de 21.551€/año, es decir, de unos 1.800€/mes.

¿Podemos de verdad pensar que por 60€/día se pueden cubrir todas las necesidades de una persona dependiente?

Si echamos la vista atrás veremos que lo que hemos conseguido en España es crear un sistema que hace “mucho con poco”. Así, si tenemos en cuenta lo precios de concertación mencionados y los de las plazas privadas de muchas residencias, veremos que hemos conseguido, por alrededor de 2.000 euros al mes, ofrecer servicios hoteleros completos, atención en las actividades de la vida diaria y un apoyo sanitario.

Aunque es cierto que hay muchas habitaciones dobles, que las ratios de personal y las condiciones laborales de los trabajadores podrían y deberían ser mejores, lo que es seguro es que no pueden ser mejores si se mantienen precios de concertación y privados como los actuales. Está muy bien hacer brindis al sol en forma de acuerdos de criterios de acreditación sin considerar el coste de lo que se propone ni quién tiene que asumirlo.

Por todo ello, después de haber mirado hacia atrás, gracias en parte a la ayuda del informe del IMSERSO, creo que podemos deducir que el gran reto a afrontar de cara al año que empieza es el de la financiación.

Sea lo que sea que queramos hacer, vamos a necesitar mucho más dinero. Ya sea ofrecer más de media hora de atención diaria a quienes reciban ayuda a domicilio o aumentar el número de plazas en residencias.

Dejando a un lado el informe del IMSERSO, 2023 ha sido el año en el que el Acuerdo Belarra se ha convertido en papel mojado (el acuerdo de criterios de acreditación no ha superado “La prueba del algodón”). Solo un par de comunidades han adaptado sus normativas a los criterios aprobados. Además, la mayor parte de las que votaron a favo rdel mismo han cambiado de color político y ahora lo denuestan.

Quizás deberían el nuevo ministro de Derechos Sociales, y la nueva directora general del IMSERSO intentar un nuevo acuerdo que sea apoyado por la gran mayoría de comunidades autónomas y que contemple cuál es el coste real de las medidas que se propongan. Un acuerdo que permita seguir adelante y que, a mi entender, podría mantener muchos puntos del actual en los que todos ya están de acuerdo.

Y ya puestos, podría plantearse el alcanzar un Pacto de Estado por la Dependencia que estableciese unas bases que permitiesen seguir un camino compartido, aunque cambiase el gobierno.

Como decía al principio, en este nuevo intento deberíamos intentar cometer “errores nuevos”, o sea, no volver a caer en redactar documentos que no contemplan el coste de lo que se propone y que se imponen a las administraciones que acabarán teniéndolos que aplicar.

Parece, leyendo algunas declaraciones de dirigentes del gobierno, que la clave de futuro es apostar por la “atención comunitaria” y no tanto a la residencial. La base es que “la gente prefiere envejecer en sus casas” y que “no quieren ir a residencias como las que tenemos ahora”. Una justificación es que en muchos países en los que nos queremos ver reflejados se está haciendo esta apuesta por mantener a las personas en su domicilio.

Sinceramente me preocupan esos argumentos. ¡Claro que la gente prefiere vivir en sus casas que ir a una residencia! Para la mayoría de los residentes, la residencia es la respuesta a una necesidad, no una elección. Yo creo que todos preferiríamos “no necesitar una residencia”. Por desgracia, para, aproximadamente el 5% de personas mayores, la opción de seguir en su domicilio es peor que la de ingresar en una residencia, por eso recurren a éstas, a pesar de ser servicios muy costosos.

La ayuda a domicilio puede retrasar en algunos casos e incluso evitar algunos ingresos. Pero ese efecto no se consigue con 20 horas al mes. Y aun aumentando el SAD considerablemente, a medida que suba el número de personas mayores, vamos a necesitar más plazas en residencias.

Mirando hacia adelante creo que deberíamos volver a plantearnos qué queremos para el futuro, qué precio tiene lo que queremos y de qué disponemos para poder alcanzar lo que queremos.

Si no estamos dispuestos a gastar mucho más que el 0,8% de nuestro PIB en atención a la dependencia (es lo que gastamos hoy en España), tendremos que conformarnos con lo que tenemos ahora e intentar mejorarlo un poco. Para poder aumentar las ratios de personal de forma relevante, mejorar las condiciones salariales y laborales de los profesionales y apostar por un modelo más centrado en la persona deberemos ser conscientes del precio y estar dispuestos a pagarlo.

Mi deseo para 2024 es que sea el año en que nos demos cuenta de que vale la pena gastar más en atención a la dependencia, que reconozcamos que tenemos un muy buen sector geroasistencial y que entre todos (partidos, patronales, sindicatos, asociaciones profesionales y sociedad civil) alcancemos un acuerdo básico, unas líneas que no toquemos durante los próximos veinte años y nos permitan atraer la inversión necesaria para garantizar la existencia de los servicios que vamos a necesitar.

He empezado planteando retos y acabo con deseos. Se ve que todavía estoy imbuido de espíritu navideño.

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