Financiación

El Pleno del Congreso de los Diputados debate y vota este martes la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia, una iniciativa que incorpora cambios en prestaciones, accesibilidad, financiación y derechos, y que, de ser aprobada, continuará su tramitación en el Senado.

El nuevo Acuerdo Marco, con una vigencia de tres años, garantiza el mantenimiento de 2.757 plazas públicas de atención diurna, incrementa un 20% la financiación por plaza e incorpora medidas para modernizar el modelo asistencial.

La atención a la dependencia enfrenta retos cruciales como la escasez de profesionales y el aumento de demanda. Ignacio Gamboa, presidente de ASADE, aboga por un enfoque integral que combine residencias y cuidados a domicilio, resaltando la necesidad de una estrategia nacional que garantice sostenibilidad y calidad en los servicios.

AESTE, ASADE, CEAPs, FED y LARES consideran que las medidas suponen un avance para el Sistema de la Dependencia, pero sostienen que aún quedan retos pendientes como la falta de profesionales, la financiación o un Pacto de Estado por los Cuidados.

El informe, elaborado con datos oficiales hasta el 30 de junio de 2026, señala que 15.450 personas fallecieron mientras esperaban una valoración o una prestación y sostiene que el ritmo de reducción de la lista de espera sigue siendo insuficiente.

El Panel del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia correspondiente al segundo trimestre de 2026 sitúa la lista de espera en 142.887 personas, la cifra más baja registrada, mientras que las personas con prestación efectiva ascienden a 1.707.328.

La consejera Loles López ha denunciado que esta deuda afecta la sostenibilidad del sistema y ha criticado las soluciones temporales propuestas por el gobierno central, instando a un modelo de financiación estable y suficiente.

El ministro de Derechos Sociales destacó que esta es la mayor inversión social en décadas y subrayó la importancia de destinar estos recursos a la mejora del sistema de cuidados.

A pesar de los avances en la gestión y un incremento del 92% en la financiación para 2026, la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, enfatiza que aún no se compensa adecuadamente el coste de la insularidad y la ultraperiferia.

El Consejo de Ministros de España aprobó un real decreto-ley que incrementa la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia con 6.162 millones de euros entre 2026 y 2027. Esto beneficiará a más de 1,6 millones de personas, mejorando prestaciones y servicios relacionados con la dependencia.

El anuncio del compromiso de aumentar la financiación de la dependencia ha sido recibido de forma positiva por representantes del sector, aunque las valoraciones coinciden en una idea: la necesidad de que los recursos, primero, lleguen y que se traduzcan, después, en mejoras reales para las personas dependientes, sus familias y los profesionales del sistema.

El Observatorio Estatal para la Dependencia alerta de que solo seis comunidades autónomas y Ceuta cumplen con el plazo máximo de 180 días establecido por la normativa

El ministro de Derechos Sociales visitó el Centro de Inclusión y Oportunidades Padre Zurita en Alcorcón, destacando su papel en la desinstitucionalización de los cuidados y la promoción de una vida más autónoma e inclusiva.

El XXV Observatorio de la Dependencia publica datos oficiales aún no difundidos por el Ministerio de Derechos Sociales que revelan una inversión pública de 13.734 millones de euros en 2025, un sistema que financia sus tres cuartas partes con dinero autonómico y que arrastra profundas desigualdades territoriales. La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales advierte: mientras haya casi 300.000 personas en lista de espera con plazos medios superiores a 325 días, "no se está cumpliendo la ley".