Financiación

El laberinto burocrático de la dependencia en España arroja cifras críticas tras el cierre del último ejercicio. A finales de 2025, un total de 258.167 personas permanecían a la espera de un trámite, en un contexto donde el tiempo medio para resolver un expediente ha subido hasta los 341 días y la inversión, aunque récord con 13.506,6 millones de euros, apenas representa el 0,8% del PIB, la mitad de la media de la Unión Europea.

El Círculo Empresarial de Atención a las Personas advierte de que, sin cambios culturales desde la infancia y sin financiación suficiente, la corresponsabilidad seguirá siendo incompleta y la carga recaerá mayoritariamente sobre ellas.

Las cinco patronales del sector de la Dependencia consideran que una regularización amplia de personas inmigrantes puede tener un impacto positivo inmediato en un mercado laboral tensionado y con un déficit estructural de profesionales. Advierten, no obstante, de que sin itinerarios formativos, homologación de competencias y estabilidad contractual, el efecto podría diluirse y limitarse principalmente a aflorar empleo sumergido, especialmente en la ayuda a domicilio. Además, insisten en que sin una financiación suficiente —con el objetivo de alcanzar al menos el 2 % del PIB en dependencia— cualquier mejora en calidad asistencial y ratios seguirá condicionada y difícilmente sostenible en el tiempo.

Andalucía ha cerrado 2025 alcanzando los 496 días. La consejera de Inclusión Social, Loles López, destacó que este avance es resultado de la transformación del sistema, que ha simplificado procesos y aumentado el número de beneficiarios y prestaciones.

Según el Panel del SAAD presentado por el Ministerio de Derechos Sociales, la cifra de personas en espera se redujo a 152.693, lo que representa una caída del 12,4% en el último trimestre y un 51% desde 2020. A pesar del aumento del 7,4% en las solicitudes debido a la presión demográfica, el tiempo medio de tramitación se ha reducido a 341 días.

La consejera Loles López destacó la reducción significativa en los días de espera, que ahora son 496, gracias a las reformas implementadas por el Gobierno de Juanma Moreno.

Las organizaciones piden decisiones estructurales para garantizar sostenibilidad y calidad en los cuidados, así como un pacto político que mejore condiciones laborales y fomente la colaboración público-privada.

El Estudio Socioeconómico de la Dependencia en España elaborado por ACRA (Associació Catalana de Recursos Assistencials) alerta de un sistema tensionado que afronta graves problemas de financiación y personal, además del reto demográfico del "baby boom": España necesita crear 118.000 camas residenciales antes de 2033.

A diferencia del aumento de 16 días a nivel nacional, la consejera Loles López destacó que esta mejora se debe a la simplificación del sistema y la implementación de un único aplicativo informático. Además, se han alcanzado récords en beneficiarios y prestaciones, con más de 332,000 personas atendidas.

Los sindicatos coinciden en la necesidad de preservar el convenio marco estatal, pero subrayan que los convenios autonómicos solo tienen sentido si permiten mejoras reales y mayor presión sobre las comunidades autónomas.

José Manuel Ramírez Navarro intervino en el Congreso de los Diputados el pasado 26 de noviembre para abordar las modificaciones propuestas al Texto Refundido de la Ley de Dependencia. Denunció la falta de transparencia y propuso medidas para mejorar el sistema, enfatizando que sin recursos, los derechos son "papel mojado".

Albert Campabadal, presidente del CEDDD, destacó en el Congreso la necesidad de medidas efectivas para garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Aunque valoró positivamente la reforma legislativa, advirtió sobre la falta de financiación y recursos. Propuso mejoras en accesibilidad, atención y reconocimiento a cuidadores.