La atención a las personas mayores en España, y en la mayoría de países europeos de nuestro entorno, afronta con graves problemas de financiación, falta de personal y una débil coordinación entre lo social y lo sanitario un cambio de modelo en los cuidados al sector más vulnerable de la población.
Ante estos retos, la directora general del IMSERSO, Mayte Sancho, ha explicado que “la revisión de nuestra Ley de Dependencia es imprescindible para incorporar respuestas a las nuevas y crecientes necesidades de la población”. Sobre las listas de espera en la Dependencia, opina que “el aumento de financiación previsto debería mejorar mucho este problema casi endémico”, por lo que ha recordado que “la inversión crecerá aun más en esta legislatura con un incremento previsto de 4.000 millones de euros, con el objetivo de que el Estado alcance el 50% de financiación además del 50% aportado por las CCAA”.
Al respecto del debate sobre si no hacen falta más residencias, Sancho prioriza el deseo de la persona mayor de "permanecer en el entorno cercano aun cuando se necesite apoyo", pero entiende que "necesitamos alternativas para personas que no pueden seguir en su domicilio". Considera del mismo modo que "a mayor disponibilidad de servicios domiciliarios y comunitarios, menor necesidad de centros residenciales" y apuesta por las "unidades de convivencia" o las "viviendas colaborativas con apoyos", pero subraya que “parece imprescindible revisar el catálogo de servicios y acercarnos más a las características que definen a la población mayor hoy".
Sobre otro de los problemas que acucian al sector geroasistencial, la responsable del IMSERSO resalta que "la convalidación de títulos de profesionales procedentes de otros países necesita una agilización urgente", al tiempo que hay que intentar "mejorar las remuneraciones para acercarnos más a los salarios del sistema de salud".
Pero la máxima dirigente del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, nos explica muchas cosas más y con detalle en esta entrevista a Dependencia.info:
¿Cuál es el asunto más urgente que tiene ahora mismo la directora general del IMSERSO sobre la mesa?
Este Instituto gestiona un volumen tan grande de temas casi todos con un impacto directo en las personas muy importante, por lo que me resulta difícil priorizar. Quizás la normalización de la convocatoria de subvenciones a entidades no gubernamentales en el ámbito de las personas mayores, por el significativo contenido simbólico que tiene en la promoción de su participación y del envejecimiento activo.
¿Cuál es la evaluación actual del Ministerio de Derechos Sociales o el Imserso sobre la situación de las personas mayores en España en términos de envejecimiento, calidad de vida y acceso a los servicios de atención a la dependencia?
Creo que es sobradamente conocido que tenemos la suerte de ser uno de los países más longevos del mundo, así que hay razones para pensar que estamos haciendo bien las cosas desde un enfoque multidimensional que aborda el complejo itinerario del buen envejecer: acceso universal a un sólido sistema de salud, prevención, integración en la vida social y ciudadana, hábitos saludables, mantenimiento de redes sociales y familiares, control sobre nuestras vidas y decisiones, afrontamiento de las necesidades que generan las situación de dependencia y otras muchas que en su mayoría se integran en estos grandes bloques.
¿Cuál va a ser el eje de su trabajo durante esta legislatura?
En el IMSERSO intentamos generar políticas y, por lo tanto, soluciones al enorme itinerario que hoy conlleva el envejecimiento. La revisión de nuestra Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia es imprescindible para actualizar e incorporar respuestas a las nuevas y crecientes necesidades de la población que precisa apoyos y cuidados.
Asimismo, nos gustaría que el enfoque conceptual de los cuidados de larga duración apareciera con claridad en este texto reformado. Me refiero al enfoque centrado en las personas y a la adaptación que nuestros recursos necesitan para dar respuesta desde esta mirada, que en definitiva es la de las personas, sus deseos y preferencias manifestados por ellas mismas sistemáticamente.
Cómo van a recortar la lista de espera para acceder a un servicio cuando ya se tiene un grado de dependencia evaluado y reconocido? ¿Cómo se evita que muera una persona cada 12 minutos esperando las prestaciones o servicios del Sistema de la Dependencia?
Como bien sabe, las listas de espera no son competencia del IMSERSO. Las diferencias interautonómicas son muy grandes. En todo caso, el aumento de financiación previsto debería mejorar mucho este problema casi endémico.
En general, ¿cuál es la estrategia del Gobierno para fomentar la prevención de la dependencia en personas mayores y promover un envejecimiento activo y saludable?
Tenemos algunas prácticas instauradas ya en este país que son claramente preventivas de la dependencia, y los datos lo evidencian. Nos cuidamos y conocemos lo que debemos hacer para envejecer bien: hábitos adecuados de alimentación, ejercicio físico, red familiar y social sólida, mantenimiento de una vida cotidiana con sentido para cada una de nosotras, ingresos suficientes, vivienda digna….
Claro, no todo es perfecto, ni mucho menos, pero el cambio que se ha producido en los últimos años entre la población mayor es espectacular, relacionado con la mejora de las condiciones de vida y el nivel educativo de toda la población. Sin duda iniciativas como el turismo social, el termalismo y el apoyo al envejecimiento activo desde la convocatoria de subvenciones apoyan este proceso.
También la lucha contra el edadismo y el fomento de la participación de las personas usuarias en los temas que les afectan. Proceso complejo pero que avanza decididamente.
Se ha cumplido ahora el aniversario de la Ley de Dependencia... ¿qué cree que habría que mejorar para que fuera realmente efectiva?
Esta Ley ha sido un paso definitivo en el reconocimiento de los derechos de las personas en situación de dependencia desde que se aprobó. Pasó momentos críticos en la gran crisis del 2008 y sufrió recortes difícilmente comprensibles, que en su mayoría no solo afectaban a las personas potencialmente usuarias, sino también a sus familias.
Durante la pasada legislatura, la aportación del Estado a las comunidades autónomas para la financiación del Sistema de Dependencia se incrementó en un 130% (más del doble) pasando de aproximadamente 1.400 millones de euros en 2020 a unos 3.200 millones de euros en 2023. Esta inversión crecerá aun más en esta legislatura con un incremento previsto en el Acuerdo del Gobierno de Coalición de 4.000 millones de euros, con el objetivo de que el Estado alcance el 50% de financiación además del 50% aportado por las CCAA.
Volviendo a las mejoras que pensamos que hay que abordar para un buen desarrollo de la ley, además del marco conceptual ya comentado y la adaptación del cambio del articulo 49 de nuestra Constitución, parece imprescindible revisar el catálogo de servicios y acercarnos más a las características que definen a la población mayor hoy: me refiero a su gran heterogeneidad y al deseo de permanecer en el entorno cercano aun cuando se necesite apoyo, al incremento de la atención profesional, a la disponibilidad real de productos de apoyo e intervenciones en accesibilidad.
La promoción de los recursos en la comunidad para hacer efectivo este clamor por envejecer en casa requiere un esfuerzo importante para ofrecer un conjunto de soluciones diversas y complementarias que garanticen que la atención, cada vez mas compleja, larga e intensa no recaiga solo en las familias, es decir, en las mujeres, hijas, madres o esposas.
En este enfoque ecosistémico, que se gestiona en espacios mas bien pequeños, se integran también otras soluciones residenciales: viviendas con apoyos, centros residenciales estructurados en unidades de convivencia y un amplio abanico de alojamientos en los que las personas viven casi “como en casa”.
Lógicamente estamos diseñando una hoja de ruta que abrió en su momento el Acuerdo sobre criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y puede dilatarse a lo largo de bastantes años, pero es necesario clarificar el camino en coherencia con las recomendaciones europeas y la tendencia indiscutible a avanzar en el proceso de desinstitucionalización.
Existe un dilema a la hora de adaptar una residencia arquitectónicamente cuando esta obra supone reducir plazas y encarecer el servicio. ¿Qué medida ética podemos usar para justificar atender con más calidad a menos dependientes?
La adaptación arquitectónica para ofrecer una atención más hogareña, en mi experiencia, no supone una pérdida importante de plazas residenciales. El paso de habitaciones dobles a individuales inevitablemente genera una menor disponibilidad de plazas, pero no puede plantear problemas éticos de ningún tipo el avanzar en la garantía de la dignidad y respeto a la intimidad de las personas en los últimos años de su vida.
Es una obligación moral. ¿O es que deberíamos seguir promoviendo salas/habitaciones múltiples para que tuvieran mayor cabida de personas? Por fortuna, el modelo asilar es historia en nuestro país.
El sector geroasistencial lamenta la falta de reconocimiento social. Siendo un sector estratégico y esencial que podría solucionar gran parte del problema del desempleo en España, ¿tiene previsto el Gobierno algo para hacerlo más atractivo y mejorar su imagen? ¿Qué se va a hacer para que un operador pueda contratar médicos, enfermeras, gerocultores y auxiliares?
Efectivamente, el problema de la falta de personal de atención directa y también especializada está siendo dramático en todos los países. Profesionales como la enfermería tienen una oferta escasísima incluso en el sector salud. En el caso de las profesionales del cuidado de atención directa, se unen su escasa valoración social y, en consecuencia, la precariedad en sus condiciones de trabajo, junto a las dificultades de estas personas - en su gran mayoría procedentes de otros países- para acceder a una formación reglada.
Parece claro que urge identificar vías para facilitar el trabajo de los profesionales migrantes agilizando al máximo, así como sus procesos de regularización y convalidación de titulaciones. Aspectos como la convalidación de títulos de profesionales procedentes de otros países necesita una agilización urgente. Y, cómo no, tendremos que intentar mejorar las remuneraciones para acercarnos más a los salarios del sistema de salud. Todavía no hay suficiente conciencia social de la importancia de profesionalizar y acabar con la precarización que sufren los servicios sociales.
Nuestra gran paradoja reside en la consideración del cuidado como clave en la sostenibilidad de la vida y su realidad cotidiana muy lejos de la valoración que merecen. Estamos en ello, estableciendo una interlocución con los departamentos competentes para mejorar esta situación de inmediato.
¿Cree que sería un buen momento para pactar con las CCAA un nuevo acuerdo de acreditación que tuviese garantías de ser seguido por una amplia mayoría de gobiernos autonómicos?
El acuerdo de acreditación es fruto de un amplio proceso de debate y aportaciones de todos los sectores implicados en los apoyos y cuidados de larga duración tanto del mundo de la discapacidad como del de las personas mayores. Supone un paso muy importante en el diseño de la hoja de ruta de un indiscutible proceso de transformación del modelo de cuidados de larga duración que desde hace muchas décadas se viene afrontando en la mayor parte de Europa.
Implica un cambio cultural para avanzar en un enfoque centrado en las personas que no se realiza en un año, sino que es un proceso en construcción permanente. Muchas CCAA están en ello. Es el momento de avanzar desde el respeto a las características de cada territorio que componen nuestro país. Dejemos que este proceso continue.
¿Es posible una coordinación social y sanitaria real en las residencias para que la parte sanitaria la cubra enteramente Sanidad, incluso en la misma residencia?
Hace más de 30 años que trabajamos en la coordinación del sistema social y sanitario. Los avances son desiguales en las diferentes CCAA, que continúan construyendo en la medida de sus posibilidades. En el ámbito de la AGE seguimos trabajando en los dos departamentos ministeriales para mejorar este aspecto, pero las dificultades son muchas aquí y en la práctica totalidad de Europa.
La transformación a modelos hogareños de nuestras actuales instituciones puede favorecer mucho este permanente desafío, ya que el modelo de atención se acerca mas al que se ofrece en el domicilio. Cada persona accede a su atención primaria habitual apoyada por diferentes fórmulas de refuerzo sanitario, adaptado a sus circunstancias. Pero, para llegar a eso, necesitamos un desarrollo decidido de unidades de convivencia pequeñas que hagan realidad este modelo. Ojalá lo consigamos pronto.
¿Cree usted que España no necesita más residencias? ¿Habría que parar de construir?
Actualmente, hablar de un modelo de cuidados de larga duración supone analizar el desarrollo de los recursos y servicios disponibles en un territorio determinado y su grado de respuesta a las necesidades de apoyo y cuidados de las personas que los precisan. A mayor disponibilidad de servicios domiciliarios y comunitarios, menor necesidad de centros residenciales. En todo caso, siempre será necesario disponer de alojamientos en sus diversas modalidades: unidades de convivencia, viviendas colaborativas con apoyos y un conjunto de soluciones desarrolladas desde hace décadas en el resto de Europa. A día de hoy, la respuesta a “residencias sí o no” es mucho mas compleja. Claro que necesitamos alternativas para personas que no pueden seguir en su domicilio.
Pero si observamos los últimos datos de la OCDE (Health Statistics 2023), reflejan con claridad que durante los últimos años ha ido descendiendo el número de ratios de cobertura de residencias en la mayor parte de los países, especialmente en aquellos más modélicos en el desarrollo de sus sistemas de bienestar, es decir, los países nórdicos sobre todo. ¿Qué pasa? No es que vayan para abajo porque no haya alojamientos para personas mayores, sino que hay otra concepción, menos institucional, mucho mas diversa y más cercana a la generación de entorno hogareños.
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