Siempre hay que leer la letra pequeña, no dejan de advertir los que saben algo de leyes. Para poder reclamar después hay que ajustarse a las condiciones de venta. Pero ya saben ustedes... da mucha pereza pararse a leer todos los puntos de un extenso acuerdo, sugerente en apariencia, a punto de firmarse. Luego pasa lo que pasa si no estamos de acuerdo con alguna de sus cláusulas, pero estábamos avisados.
“El diablo está en los detalles”, apunta un refrán me dicen que de origen anglosajón. Ya saben lo que quiere decir: tenemos que estar siempre atentos a la trampa escondida en esa letra pequeña que no te dan en el titular o que pasa desapercibida si no se domina la materia y contextualiza bien lo que se está firmando. Si esto es así en tantas compras y ventas a lo largo de nuestras vidas, también está presente, más si cabe, en los pactos y conciertos a los que llegan nuestros representantes políticos, de uno y otro lado, y del nivel administrativo que queramos elegir.
También puede suceder, y es muy habitual, que en general el acuerdo sea bueno o satisfactorio, sin serlo plenamente. Es decir, podemos encontrarnos cosas que no nos gustan en una transacción, pero el resultado apunta a que será propicio y ventajoso. Ustedes deberán elegir, tendrán que poner en una balanza si compensa. Me puedo comprar un coche muy caro, muy grande y con todos los avances tecnológicos por muy poco dinero, pero es verde o amarillo (elijan un color que no les guste) y puede ser una buena adquisición si no le doy importancia a ese aspecto. Pero como digo, hay que contextualizar porque será una muy mala compra si, por ejemplo, no sé conducir.
Ahora, con la reforma para aumentar las prestaciones económicas de los servicios de Atención a la Dependencia que propone el Ministerio de Derechos Sociales, como antes con el Acuerdo de Criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del SAAD, pasa lo mismo. La idea es buena, claro que es buena, ¿quién no quiere la paz mundial o acabar con el hambre en el mundo o proteger el Planeta de los desastres medioambientales?, el problema es la letra pequeña.
La modificación del Real Decreto que regula las prestaciones del Sistema de Dependencia, que suena muy bien cuando habla de incrementar las ayudas al cuidado de personas dependientes, no lo debe ser tanto cuando no fue votada por todas las comunidades autónomas en las que gobierna el PP, así como por Cataluña y País Vasco. Lo que en un primer vistazo nos venden como un mayor desembolso de la Administración central en estos conceptos, se convierte realmente en que se busca ahorrar dinero y no destinar tanto como se dice.
Según explican fuentes conocedoras de estas cosas y que se leen la letra pequeña de los acuerdos, si suben las prestaciones del centro de día de grado I al mismo importe de cuantía de la PEVS de grado II y el grado II de residencia se iguala al grado III, en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, se van a ahorrar 11 millones de euros de financiación porque las personas dependientes con grado II no se van a pasar a grado III, ya que les dan la misma cuantía.
Añaden estas fuentes que si existe mucho grado II y les das el mismo importe que al grado III, no se cambian y lo que en principio “suena” bien se convierte en una petición por parte de algunas de las comunidades autónomas de cambio de modelo de financiación según el cuál, el Gobierno debe pagar el nivel mínimo por servicio y no por grado.
Hay cosas que son difíciles de entender y que si no se explican generan dudas en el ciudadano. Si la idea es “desinstitucionalizar” a las personas mayores dependientes, que pasen el mayor tiempo posible en su casa, que la atención sea domiciliaria y que el posible ingreso en una residencia sea lo más tarde posible, ¿por qué se propone ahora que el grado I pueda recibir ya atención residencial, es decir, que puedan irse a vivir a una residencia mucho antes que ahora, que solo se admiten los grados II y III?
Pero esa es otra de las aristas de los acuerdos que firman Gobierno y CCAA, las cumplen luego quien quiere. Maquillaje de cara a la galería porque después en ninguna comunidad se ingresará en las residencias a una persona con grado I de dependencia.
Como fuere, incluso con la letra grande del acuerdo hay disconformidad porque no falta quien considere que el incremento, además de engañoso, ha sido escaso cuando se supone que ahora sí hay dinero para dependencia y se iba a repartir mucho más entre los gobiernos regionales, que, por cierto, ya avisan sobre el día que haya que actualizar los costes de las residencias. El Gobierno está creando a las comunidades un compromiso de gasto a futuro muy grande pero sin garantizar la sostenibilidad.
Si nos hacemos trampas jugando al solitario y por ahorrar dinero pergeñamos estrategias en las que, además, quedamos de maravilla volvemos a sembrar en la ciudadanía las suspicacias de siempre: “Estamos en año electoral... esto es cosas de políticos que están de paso... solo buscan resultados a corto plazo... ninguno piensa en años vista porque ya no estarán ocupando sus cargos... todos son iguales... y al final pagamos todos”.
Pero es solo mi opinión y quizá la de alguno más...
Si (
No(