Tengo la sensación de que este tema se está agotando. Llevo casi un año hablando y escribiendo sobre el "Acuerdo Belarra" y ahora que veo cómo empieza a encogerse hacia la irrelevancia, casi me da pena.
En junio del año pasado, planteé cual seria "la prueba del algodón" para saber si el "Acuerdo de criterios comunes de acreditación de servicios de atención a la dependencia" iba a ser un éxito o se convertiría en papel mojado. Estos eran los cuatro criterios:
- Transposición
- Vigencia
- Calidad
- Mantenimiento a largo plazo
En octubre de 2022, cuando hacía dos meses de la publicación del Acuerdo publiqué una tribuna que se titulaba "Acuerdo Belarra: tic, tac.". Allí planteaba que había principalmente dos factores, ambos relacionados con el tiempo, que determinarían si el acuerdo acabaría siendo un paso adelante o se quedaba en nada.
Tic, tac, tic, tac.
El primer factor temporal lo contenía el mismo acuerdo: las Comunidades Autónomas tenían seis meses para adaptar sus normativas de acreditación a los requisitos comunes. Si las comunidades autónomas ignoraban ese mandato, el acuerdo se quedaba en nada. Al final, sólo una Comunidad, la Valenciana, aprobó su Decreto de acreditación (conocido como "de tipologías"). Las demás no lo hicieron.
El segundo factor era algo más imprevisible: las elecciones del 28M. Yo pensaba que si cambiaban de color político algunas de las comunidades que habían votado a favor del acuerdo y se oponían al mismo, éste perdería fuelle hasta el punto de quedar en nada. En cambio, si se mantenían o aumentaban las comunidades gobernadas por los partidos de la coalición gubernamental, el acuerdo tendría unas mejores perspectivas.
Sobre este punto hay que recordar que la ministra Ione Belarra consiguió sacar el documento mediante un acto de malabarismo político: necesitaba que la mayoría de comunidades autónomas votasen a favor y lo consiguió, aunque esa mayoría sólo representase al 30% de la población total. O sea, consiguió un documento aprobado con el voto en contra de Andalucía, Cataluña, Madrid, las dos comunidades castellanas, el País Vasco o Galicia. Encima, a causa de la deficiente regulación de la Ley de Dependencia, no está del todo claro si las comunidades que votaron en contra están obligadas a seguir a la mayoría.
Tic, tac, tic, tac. Boom
Ahora que han pasado las elecciones autonómicas la sensación es que esto ha saltado por los aires. Aunque no creo que en estos momentos ésta sea la mayor preocupación de la ministra Belarra.
Tantos gobiernos autonómicos han cambiado de color en un sentido desfavorable a los criterios que no me imagino que éstos pueden superar la próxima reunión del Consejo Territorial. Incluso, la Comunidad Valenciana, recordemos que es la única que ha aprobado el Decreto de desarrollo, es bastante posible que modifique o cancele lo que publicó una vez constituya el nuevo gobierno. No lo tiene nada difícil cuando se acaba de anunciar la interposición de un recurso contencioso administrativo contra ese Decreto.
Si lo que pretendía la ministra era conseguir unos criterios de acreditación más o menos comunes que mejorasen la calidad de las residencias y otros servicios de atención a la dependencia, no lo ha conseguido. Y en el camino ha robado un tiempo precioso al desarrollo y construcción del sistema de la dependencia.
Si, en cambio, pretendía tener su "momento de gloria mediática" vendiéndonos humo. Eso sí lo consiguió. Sólo hay que ir a la hemeroteca para ver las efusivas reseñas sobre el "nuevo modelo" que aparecieron, vivieron efímeramente y se esfumaron.
¡Y aquí estamos! Parece que el presidente del Gobierno está convencido de que "un clavo saca otro clavo" y quiere olvidar el desengaño de las elecciones municipales y autonómicas, convocándonos otra vez a votar en julio. Supongo que "lo nuestro" quedará parado hasta entonces.
El sistema de atención a la dependencia no avanzará durante los próximos dos meses, pero por lo menos, no nos vamos a aburrir. Algo es algo.
Si (
No(