Parece que el “acuerdo Belarra” ya ha cumplido su misión (los medios han hablado del mismo y la ministra ha tenido unos días de relevancia) y volvemos a la normalidad pre-acuerdo en la que cada comunidad autónoma hace lo que cree que ha de hacer sin tener muy en consideración lo que pueda decir el ministerio.
Una prueba de que nadie se toma en serio el acuerdo es que un inversor relevante ha anunciado la construcción de una residencia de 130 plazas en Pamplona, eso sí, dividida en unidades de convivencia y con un 80% de habitaciones individuales. O sea, que el inversor está convencido de que, si cumple la normativa Navarra actual no tiene que preocuparse por lo que se diga desde el Ministerio (por ejemplo el límite de 120 plazas).
Esta situación es especialmente curiosa ya que Navarra fue de las comunidades que votaron a favor del acuerdo. No puedo asegurarlo pero estoy convencido de que quien anuncia una inversión de ese calado ha recibido algún tipo de visto-bueno de la administración autonómica donde piensa invertir.
Parece que el mensaje es claro: el sector se encamina hacia modelos basados en la filosofía de ACP, pero no porque así lo diga la ministra, ni con sus caprichosos requisitos, sino porque ve que hay demanda para un servicio más personalizado.
Otra muestra de este desprecio hacia el acuerdo Belarra la vi en Bilbao la semana pasada. Impartí una conferencia organizada por la Diputación Foral de Bizkaia sobre “retos y buenas prácticas en los cuidados de larga duración a mayores”. Para quien no lo sepa, esa Diputación Foral, en su última convocatoria de concierto, preveía que 500 de las 3.000 plazas que licitaba lo fuesen en unidades convivenciales en marzo de 2022 y 1.200 en marzo 2023. Lo curioso es que la definición de lo que constituye una unidad convivencial no coincide con los requisitos del acuerdo Belarra.
Se prevén 25 plazas como máximo por unidad, 15 de esas plazas deben estar en habitaciones individuales. El precio de concertación para las plazas en unidades es de 96,15 euros/día frente a 91 euros/día plaza normal. Tiene que contar con espacio común con aseos y debe de estar “aislada” del resto.
Según me explicaron mis amigos de GESCA (patronal vizcaina), los requerimientos arquitectónicos han hecho que a día de hoy solo haya entre 100 y 200 plazas posibles en unidades convivenciales con lo que tienen que aplazar la concertación y no van a poder contar con las 1.200 que querían para el año que viene.
GESCA ha pedido a la Diputación que introduzca una serie de cambios o que aplique criterios de flexibilidad.
Lo llamativo desde mi punto de vista no es tanto aquello de lo que están hablando como de lo que no. No he visto a nadie en Bizkaia que me hable de los criterios Belarra. No es que los critiquen, más bien es que “ni están ni se les espera”.
Lo cierto es que el tiempo va pasando (tic-tac) y no sé si alguna comunidad se ha puesto las pilas para adaptar sus normativas de acreditación a lo que el documento indica. El plazo de 9 meses previsto acabará unas semanas antes de las elecciones autonómicas y locales de mayo de 2023.
Sacando mi bola de cristal del baúl y mirando en su interior, vislumbro que llegarán las elecciones y ninguna o muy poquitas comunidades habrá hecho la transposición. No lo veo tan claro, pero me parece adivinar que varias comunidades autónomas cambian el color político de su gobierno y exigen llegar a un nuevo acuerdo de acreditación que sea consensuado y no se base en mayorías de prestidigitador de feria.
Me parece ver en un rincón a la ministra Belarra enfadada, negándose, aunque si miro con más detalle ya no la veo. En fin, lo que ves en la bola de cristal puede tener muchos significados. Ya veremos.
Si (
No(