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Acuerdo Belarra. Papel mojado en agua de borrajas

Por Josep de Martí
miércoles 10 de mayo de 2023, 13:58h
El fundador de Inforesidencias.com, Josep de Martí.
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El fundador de Inforesidencias.com, Josep de Martí. (Foto: JC/Dependencia.info)

Hace unos meses se publicó el "Acuerdo Belarra", ese acto de malabarismo político que permitió que el voto de unas comunidades autónomas que representaban a un 30% de la población española se impusiese sobre el que representaba al 70. No digo que fuese algo ilegal, aunque sí cuestionable. De momento tenemos un documento que les dice a las comunidades autónomas que antes de acabar mayo tienen que sacar un decreto convirtiendo en normativas unos criterios de acreditación establecidos en el Consejo Territorial de la Dependencia.

Como los criterios no pueden ser aplicados directamente, si las comunidades autónomas no los convierten en Decretos, el documento se convertirá en papel mojado, o dicho de forma más castiza, en agua de borrajas.

Cuando en agosto se publicó en el BOE el oficialmente llamado Acuerdo con los criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (lo de Acuerdo Belarra es una forma de resumir el nombre y atribuir a su autora el acto de malabarismo), dije que "la prueba del algodón" para saber si era o no un éxito, era saber cuántas comunidades dictaban en el plazo que el mismo acuerdo establecía las normas de desarrollo que se precisan para que los criterios tengan efecto. En ese momento algunas como Cataluña, Comunidad de Madrid o Castilla y León ya habían dicho que eso no iba con ellos porque, al haber votado en contra, no se sentían legalmente obligados.

Desde Madrid han dicho recientemente que ellos van por su lado y aprobarán unos criterios de acreditación mejores. Después vino un intento de coacción por parte del gobierno al decir que repartiría unos 200 millones de euros sólo entre las comunidades que se alineasen con los criterios del acuerdo. A día de hoy no sé cuántas, si alguna, han cedido ante la oferta.

Lo que sé es que el plazo acaba ya y, hasta ahora, sólo la Comunidad Valenciana ha publicado en su diario oficial un Decreto de Tipologías y Acreditación que incorpora e incluso amplia, los criterios comunes, un decreto que ha recibido una fuerte contestación por parte del sector de atención a la dependencia y que se ha tramitado de forma opaca, o cuanto menos translucida, sin hacer públicos los informes con los que se justifican las medidas. Otras comunidades han dicho que lo van a hacer, aunque el tiempo para "decir" ya se ha acabado y ahora estamos en el de "publicar en diarios oficiales".

A mí me parecía desde el principio que iba a ser difícil que las comunidades, incluso las que estaban de acuerdo, publicasen los decretos a tiempo. Más que nada porque redactar un decreto lleva su tiempo y no me parecía que fuesen a considerarlo tan urgente como para ponerse en ello, sobre todo teniendo en cuenta la cercanía de las elecciones autonómicas y locales.

Y ese es el otro factor relevante en la situación. Nadie sabe qué va a pasar el día 28 de mayo, lo que sí sabemos es que, dependiendo de lo que pase, es posible que haya cambios en algunas consejerías de servicios sociales, e incluso en el Ministerio, lo que hace que la situación sea especialmente imprevisible. Si el cambio supusiese un apoyo incrementado a los criterios de acreditación, es posible que el gobierno se viera con fuerza para continuar presionando vía financiación a las comunidades díscolas. Si, por el contrario, crece el número de comunidades contrarias y cambia la titular del ministerio del ramo, lo que conocemos como acuerdo Belarra puede pasar a ser papel mojado en agua de borrajas.

No sé lo que sucederá, pero, sea lo que sea, que suceda ya y que nos permita pasar a una fase diferente en la que tratemos lo verdaderamente imprescindible: la financiación. De poco nos sirve crear nuevas exigencias que pueden mejorar el servicio (a la vez que lo hacen más costoso) si no sabemos de dónde vamos a sacar el dinero para poder pagarlo.

Los servicios de atención a la dependencia se van pareciendo cada vez más a los sanitarios: funcionan en la medida en que exista un sistema de protección pública que los financia. Hoy estamos gastando un 0,8 del PIB en servicios de atención a la dependencia. Los países de nuestro entorno (UE y CEOE) gastan entre el doble y el triple. Centrémonos y pensemos que para afrontar el tsunami demográfico vamos a tener que invertir más en un sector intensivo en mano de obra no deslocalizable y que genera mucho retorno económico.

Gastar dinero público en atención a la dependencia puede convertirse en un círculo virtuoso en el que, además, estamos atendiendo a aquellos a quienes debemos casi todo lo que somos y tenemos. Esa debe ser la discusión principal, los criterios de acreditación serían la derivada. Mientras no lo veamos así tendremos que quedarnos con actos de malabarismo político, papel mojado y agua de borrajas.

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