Cuando a alguien se le confía la responsabilidad de administrar los asuntos y dineros públicos se le pone a la espalda una pesada carga. O por lo menos debería ser así.
Gobernar bien implica poner el interés general por encima de otros intereses, sobre todo de los propios o los del partido al que se pertenece, y administrar los presupuestos de manera que persigan mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, cuanto de más ciudadanos, mejor.
No sé si la ministra Ione Belarra estará conforme. Algunos de sus comportamientos me hacen pensar que no.
Primero fue el Acuerdo de Acreditación, al que suelo referirme como “Acuerdo Belarra”, que establece unas condiciones que deberán reunir los servicios de atención a la dependencia para ser acreditados. He explicado varias veces qué me gusta del acuerdo y qué me disgusta. Entiendo perfectamente que mis gustos son discutibles, incluso irrelevantes para otras personas. Lo que no es discutible es que la forma en que se alcanzó el “acuerdo” fue un acto de malabarismo político en el que se consiguió que la voluntad de los representantes de un 30% de la población se intentase imponer a la del 70%.
Como la Ley de la Dependencia es tan mala técnicamente, la pirueta salió bien sólo a medias. La ministra consiguió tener su 'semana de gloria' en los medios de comunicación, que anunciaron el nacimiento de un nuevo modelo de residencias, pero ahí quedó la cosa. Nueve meses después de aprobarse el Acuerdo, seis meses después de su publicación, solo una (Comunidad Valenciana) ha aprobado un decreto introduciendo en su normativa los nuevos criterios de acreditación. O sea, que estamos igual de que antes.
Jurídicamente la situación es peculiar. Desde el Ministerio del ramo se asegura que las comunidades tienen la obligación de convertir en normativa propia lo que dicta el acuerdo. Las que votaron en contra dicen que no están obligadas porque así lo determina la norma que regula el funcionamiento del Consejo Territorial y porque tienen la competencia exclusiva en materia de “servicios sociales”. Las que votaron a favor no sé qué dicen, pero sé qué “no hacen”: aprobar decretos.
Y así llevamos mes tras mes hasta ahora, momento en que me he encontrado con un segundo comportamiento que me hace dudar de las intenciones de la ministra.
Según me ha llegado de diferentes comunidades, el secretario de estado de Derechos Sociales les ha comunicado que el gobierno tiene la intención de financiar con 200 millones de euros a las comunidades autónomas que votaron a favor de la aprobación de los criterios. Antes de hacerlo van a dar la oportunidad a las que votaron en contra de sumarse a lo que ahora es una “mayoría solo en apariencia” y así entrar en el reparto del pastel. La idea es: si no te sientes vinculado por el acuerdo, tampoco podrás recibir el dinero vinculado al mismo.
¡Pasen y vean! Un nuevo número de malabarismo en el circo de la dependencia. Un circo en el que hay payasos, pero donde nadie ríe y muchos sufren.
¿Quién debe ser el centro de la política de atención a la dependencia? ¿Quiénes deben ser los protagonistas? Sin duda, si lo son la ministra, el secretario de Estado y los gobiernos autonómicos, todo tiene sentido. Si, en cambio, lo son las personas dependientes, la cosa cambia. Resulta incomprensible que el Gobierno quiera dar una bofetada a las comunidades díscolas en la cara de sus dependientes.
Voy a imaginarme por un momento que acepto la posición de la ministra sobre la obligatoriedad de los criterios. Desde esa perspectiva podría ver aceptable hacer un reparto del dinero estableciendo un criterio de cumplimiento de determinados criterios objetivos. El más objetivo de todos es el que se refiere a la ratio de profesionales. Así se podría establecer una fórmula que pusiese en relación qué ratio se exige en cada comunidad y la que establece el acuerdo de acreditación. Las comunidades con ratios más elevadas y ajustadas al criterio se verían más beneficiadas, con independencia del sentido de su voto. Esta medida podría tener un efecto en la calidad de vida de las personas dependientes, ya que premiaría a las comunidades que ofreciesen servicios con más exigencias de dotación de personal e incentivaría a las demás a elevar sus ratios.
Sigo intentando aceptar momentáneamente la posición de la ministra e incluso ver la situación desde sus ojos (aunque al hacerlo empiece a tener sensaciones extrañas). Podría tener sentido esperar un tiempo a que venza el plazo de nueve meses dado a las comunidades para que aprueben sus normas de acreditación y premiar a las que lo hayan hecho. En la medida en que (desde los ojos de la ministra) veo un mundo en que los criterios de acreditación ofrecen una mejor calidad de vida, estoy convencida de que el aprobar las normas autonómicas de acreditación es bueno para las personas dependientes por lo que repartir el dinero premiando a las que lo hagan tiene sentido.
Tras un rato intentando ver el mundo como si fuese la ministra siento un estremecimiento y me doy cuenta de que lo que ella busca no se puede medir con indicadores de calidad de vida sino más bien con titulares, trending topics, clics y tasas de rebote. Un reparto de fondos con criterios objetivos es algo demasiado aburrido para atraer la atención de los medios y las redes. Algo que permita generar efervescencia mediática, algún reportaje en las televisiones públicas y hacer aparecer al político como si hubiese conseguido un avance, aunque éste sólo viva unos pocos días en el ciberespacio, eso sí que es bueno. ¿Y si alguien dice que es una cacicada? Da igual, seguro que ese “alguien” tiene intereses torticeros o es un enemigo del progreso.
A ver si de aquí a unos días la cosa ha cambiado y esto queda en nada. ¡Ojalá!
Si (
No(