Lo que yo llamo “Acuerdo Belarra”, que tiene por nombre oficial “Acuerdo de criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD)” lleva ya unos cuantos meses aprobado y publicado. Tantos que del plazo de nueve para que las comunidades autónomas adapten sus normas de acreditación quedan sólo tres y, ¡oh sorpresa!, todavía ninguna (ni las que votaron a favor ni las que lo hicieron en contra) han aprobado un decreto convirtiendo en norma lo que en principio son indicaciones.
El pasado junio escribí aquí mismo una tribuna en la que decía que este acuerdo puede convertirse en un avance o en papel mojado dependiendo de lo que hagan las comunidades. De momento parecemos encaminados al papel mojado.
Creo que hay varios problemas para que las comunidades cumplan con el cometido a que les impele el acuerdo y uno de ellos es que, ni siquiera el Gobierno, que ha tardado catorce años en redactar y “acordar” un texto, ha sido capaz de hacer bien las cosas. En el pasado he dicho que la ministra Belarra sólo buscaba una medalla, poder decir que había hecho algo relevante, aunque ese “algo” fuese solo un documento que se iba a quedar en papel mojado. Sigo convencido de eso, y los motivos son diversos.
Hoy quiero centrarme en un aspecto que demuestra lo mal que ha actuado el Gobierno o, dicho de otra forma, lo vagos que han sido.
Me refiero a los criterios de calidad.
En sus 57 páginas el acuerdo trata muchos aspectos con mayor o menor profundidad. Le parece adecuado determinar en detalle la proporción de habitaciones individuales que debe tener una residencia haciendo depender ese porcentaje de la población del municipio en el que se encuentre el establecimiento (como si la necesidad de intimidad variase según se viva en un entorno rural o urbano), pero cuando habla de coordinación sociosanitaria, se olvida del detalle y sólo dice vaguedades, como que la coordinación es necesaria y que las administraciones “establecerán mecanismos permanentes de coordinación” e “impulsarán el intercambio de información e interoperabilidad”, o sea, como no haber dicho nada, ya que eso ya está escrito en muchos otros documentos.
Entre las vaguedades del acuerdo Belarra encontramos el encargo al Consejo Territorial de “establecer un sistema referencial de calidad –común y público– con estándares dirigidos a evaluar los resultados de los servicios en la calidad de vida de las personas cuyos resultados serán públicos”.
El artículo 34 dice que “a tal efecto– se constituye con carácter permanente la Ponencia técnica de evaluación y calidad del SAAD (…) Dicha Ponencia tendrá como misión inicial la elaboración de una propuesta de sistema común para la evaluación de la calidad de los servicios y prestaciones del SAAD que deberá referirse especialmente a los resultados e impactos de estos en las personas y muy especialmente en su dignidad y calidad de vida”.
Cualquiera que lea este artículo pensará algo así como: “O sea, que el 'Acuerdo de criterios comunes de acreditación y calidad' no contiene ningún sistema común de calidad, sino que se limita a crear una ponencia para que lo elabore. ¡Qué vagos, ¿no?!”
Alguien más sensato, o que cobre algún sueldo del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, le contestará: “No es así. Es que eso de crear criterios de calidad es algo muy complejo que requerirá más tiempo”.
Si el “cualquiera” que se quejaba de la vagancia de nuestros gobernantes conoce un poco la historia de la Ley de Dependencia, podrá callar la boca al “alguien” con sueldo ministerial. Sólo tendrá que ir al primer acuerdo de 'Criterios comunes de acreditación y calidad', aquellos que se publicaron en 2008 y que decían en su artículo 6: “En el plazo de doce meses, el Consejo Territorial fijará los indicadores y estándares esenciales de calidad para la evaluación, la mejora continua y el análisis comparado para cada uno de los centros y servicios del Sistema (artículo 34.3.b) que servirán de referencia para los acuerdos posteriores de convergencia”.
Nadie cumplió el acuerdo de 2008, como no se van a cumplir los acuerdos de 2022. Los de hace quince años se aprobaron con una amplia mayoría, los de ahora con una exigua. Lo que sí ha crecido es la vagancia de los redactores. La prueba, estos dos textos que hay a continuación.
Primero el artículo 6 del acuerdo de 2008.
Después el 33 del acuerdo de 2022
¡Lo han copiado casi todo! Y encima han borrado lo único que podría suponer una obligación: el plazo de 12 meses para fijar los indicadores.
¿Alguien que lea esto puede seguir creyendo que estos criterios son algo más que unos fuegos de artificio que buscó la ministra y que se quedarán en poco o nada?
Me imagino que dentro de un tiempo alguien se pondrá a negociar y redactar un nuevo paquete de criterios de acreditación y calidad. A ver si a la tercera va la vencida.
Si (
No(
A favor (
En contra (