Busca ofrecer una respuesta conjunta a las necesidades de una población envejecida y coordinar recursos entre los sectores sanitario y social. Con un enfoque centrado en las personas, se busca adaptar los sistemas a sus necesidades y facilitar su permanencia en el hogar.
Durante la inauguración de las VIII Jornadas de Servicios Sociales e Inclusión, el director general de Acción Social, Santi Vera, destacó que se han destinado cerca de 58 millones de euros al SAD, lo que representa un aumento significativo en comparación con años anteriores.
El Ejecutivo foral prevé aumentar el presupuesto para ampliar plazas públicas y asumir la subida salarial vinculada al I Convenio Colectivo de Dependencia.
Sus funciones incluyen analizar cambios necesarios en el sistema, impulsar innovación social y tecnológica, y asegurar la alineación de políticas sectoriales con el modelo propuesto.
El presidente de CEOMA, José Luis Fernández Santillana, critica que solo se beneficien los asalariados con deducciones fiscales, dejando fuera a quienes perciben pensiones equivalentes al Salario Mínimo Interprofesional.
Esta petición surge tras una sentencia que absolvió a una mujer condenada por desatender a un hombre con graves problemas físicos. El tribunal argumenta que la actual legislación solo protege a menores y personas con discapacidad mental o intelectual, dejando desprotegidos a aquellos con discapacidades físicas severas.
Los fondos se asignan según criterios de gestión, buscando mejorar servicios y reducir listas de espera, con el objetivo de estabilizar el sector y actualizar condiciones laborales.
Los representantes del Gobierno destacaron la importancia de centrar a las personas en el enfoque legislativo, actualizando definiciones clave y eliminando cargas administrativas para quienes ya tienen reconocida su dependencia.
La patronal advierte de que España sigue destinando solo el 0,9% del PIB frente al 2% de los países del entorno y reclama actualizar contratos, corregir desigualdades territoriales y garantizar que ninguna persona vulnerable quede sin cuidados.
La Federación Empresarial de la Dependencia advierte sobre la necesidad de incorporar entre 240.000 y 270.000 profesionales y cuestiona la reducción del financiamiento estatal.
En 2024, la inversión pública en Atención a la Dependencia alcanzó 12.843 millones de euros, con un incremento del 13,8% por parte de las comunidades autónomas.
