El Consejo de Ministros ha dado a conocer un informe que detalla las acciones llevadas a cabo para implementar los mandatos del renovado artículo 49 de la Constitución Española, coincidiendo con el segundo aniversario de su entrada en vigor. Este documento resalta las inversiones y avances normativos significativos realizados en este periodo.
Entre las medidas adoptadas, se destaca la aprobación de un Real Decreto de ELA que cuenta con una asignación de 500 millones de euros. Además, se han destinado 65 millones para el primer plan de protección de mujeres y niñas con discapacidad, 20 millones para educación inclusiva y atención temprana, así como más de 5 millones para la formación de personas con discapacidad.
Un marco normativo robusto
Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, presentó el informe en el Consejo de Ministros. La reforma del artículo 49 fue aprobada el 15 de febrero de 2024, marcando un hito en la historia legislativa española al consagrar los derechos de las personas con discapacidad en la Constitución.
En términos de inversión, el Congreso ha respaldado un Real Decreto que asigna 500 millones a ELA; además, las becas Reina Letizia han aportado 5,1 millones para la formación de personas con discapacidad. También se han aprobado 20 millones destinados a educación inclusiva y atención temprana para alumnado autista y se ha implementado un plan específico para proteger los derechos de mujeres y niñas con discapacidad.
Nuevas leyes y fondos específicos
El informe subraya la importancia de reformar las leyes relacionadas con la discapacidad y dependencia. En diciembre de 2025, estas reformas recibieron amplio apoyo parlamentario y buscan consolidar cuatro pilares fundamentales: inclusión, autonomía, accesibilidad universal y atención reforzada a mujeres y niños con discapacidad.
Una notable iniciativa es la creación de un fondo destinado a mejorar la accesibilidad en servicios públicos. Esta reforma también eliminará incompatibilidades entre prestaciones existentes y actualizará la cartera de servicios esenciales para asegurar una mayor autonomía personal.
Aportes significativos hacia la inclusión
El documento destaca avances normativos que ya están en marcha como parte del nuevo artículo 49. Se han movilizado recursos sin precedentes que establecen un marco robusto para garantizar la igualdad real para las personas con discapacidad.
- Desarrollo integral de la Ley ELA, creando un nuevo grado III+ para dependencias extremas que requieren cuidados complejos.
- Estrategia Estatal para un nuevo modelo de cuidados, adaptando servicios a necesidades específicas e impulsando una inversión significativa en diversas comunidades autónomas.
- Aprobación del protocolo estatal para atención a personas con discapacidad durante emergencias, garantizando su seguridad en situaciones críticas.
- 20 millones adicionales destinados a fortalecer la educación inclusiva y atención temprana del alumnado autista.
- Aprobaron el primer Plan de acción para promover los derechos específicos de mujeres y niñas con discapacidad, dotado con más de 65 millones.
El Gobierno enfatiza que estas iniciativas no solo representan una reforma simbólica sino que son pasos concretos hacia políticas públicas efectivas que fomentan una sociedad más inclusiva y respetuosa con los derechos humanos.
Aumento histórico en Dependencia
El informe también resalta lo que consideran el compromiso presupuestario continuo hacia el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), alcanzando una cifra en 2025 de 3.691 millones de euros. Desde la modificación del artículo 49, esta inversión ha crecido un 12%, lo que equivale a casi 400 millones más.
A esta cifra se suman más de 1.100 millones, transferidos en 2024 mediante el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, orientados a establecer un modelo comunitario centrado en la vida independiente.
Si (
No(