El déficit estructural de enfermeras dificulta garantizar la cobertura continuada en las residencias de personas mayores

El déficit estructural de profesionales que atraviesa el sistema sanitario español ha derivado en una situación crítica que dificulta garantizar la cobertura continuada de cuidados en las residencias de personas mayores.

Según el ‘Informe sobre la necesidad de proteger la presencia de las enfermeras en centros residenciales para mayores en situación de dependencia en España’, presentado este martes en Madrid por el Consejo General de Enfermería (CGE) y el Instituto Español de Investigación Enfermera (IEIE), el país arrastra una carencia superior a las 100.000 enfermeras para alcanzar la media europea.

Esta brecha cuantitativa se traduce en una presión asistencial sin precedentes como consecuencia del proceso de envejecimiento poblacional para unos centros que, a pesar de su voluntad de servicio, se encuentran con un mercado laboral exhausto y una preocupante falta de planificación institucional ante la citada presión demográfica.

La escasez de enfermeras graduadas responde a causas sistémicas. España presenta una ratio de apenas 6,36 enfermeras por cada 1.000 habitantes, frente a los valores superiores a 8 que registran nuestros vecinos comunitarios. A esta realidad se une un estancamiento en las políticas de formación especializada, con convocatorias de plazas que el informe califica de "puramente testimoniales".

En el caso concreto de las residencias, la dificultad para atraer talento se debe a la ausencia de un marco profesional atractivo, con una sobrecarga física y la falta de incentivos por parte de la Administración para fidelizar a los profesionales en el ámbito geriátrico.

Un marco normativo que ignora la realidad sociosanitaria

Uno de los principales obstáculos que impiden garantizar la atención deseada es la inexistencia de una normativa estatal que proteja la labor enfermera en estos centros. Los acuerdos de acreditación del Consejo Territorial, vinculados al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, han eludido históricamente el establecimiento de ratios mínimas de personal enfermero.

Esta falta de soluciones por parte de las políticas gubernamentales obliga a los centros a operar en un vacío legal donde la Administración, ante la falta de profesionales, opta por "disminuir o incluso prescindir" de la presencia enfermera en lugar de implementar medidas estructurales para proteger su rol esencial.

Esta situación se ve agravada por el hecho de que las residencias no cuentan con la consideración legal de centros sanitarios. Esta anomalía normativa provoca una "discriminación histórica" hacia las enfermeras que trabajan en el sector, ya que sus funciones no se reconocen como actividad sanitaria oficial a efectos de puntuación en el sistema público.

El sector se encuentra así en una posición de desventaja competitiva para atraer personal, una tensión que se acentúa considerando que el 85,8% de los centros son de titularidad privada y deben sostener un modelo de cuidados de alta complejidad sin el respaldo de una regulación que equipare sus condiciones a las de la atención primaria o especializada.

Esta estructura de gestión mayoritaria, lejos de ser el problema, se ve asfixiada por un sistema que prioriza el ahorro en la concertación sobre la inversión necesaria en recursos humanos cualificados.

La carencia de enfermeras en las residencias de personas mayores, motivada por este contexto de falta de profesionales disponibles en el mercado, podría comprometer la salud de los residentes y limitar sus posibilidades de alcanzar la mejor calidad de vida en la etapa final de su vida.

El documento del CGE subraya que la ausencia de estas profesionales tiene efectos directos y negativos en la atención, ya que una ratio inadecuada incrementa la probabilidad de deterioro y aumenta el sufrimiento de las personas mayores que no pueden recibir toda la atención técnica que el centro desearía proporcionar.

Elevada complejidad clínica y exigencia de cuidados

El perfil del residente actual, marcado por la fragilidad, la pluripatología y la alta dependencia, exige una atención clínica continuada y una valoración profesional constante que el sistema público no está garantizando en el ámbito residencial.

Raquel Rodríguez Llanos, vicepresidenta I del CGE, sitúa el debate en el plano social y demográfico: “Cuidar a los mayores es quizá la mayor responsabilidad que tenemos como sociedad. Y la realidad es que la respuesta a esta necesidad de cuidados no es la adecuada. Hablamos de un segmento de la población que experimenta un aumento constante tanto en el número de individuos que se incluyen en este grupo como en la complejidad de su situación a nivel de pluripatología, movilidad o deterioro cognitivo”.

El informe detalla que el 94,7% de los usuarios de residencias presenta algún tipo de discapacidad, con una media de edad que ya alcanza los 86 años. Esta "elevada complejidad clínica y social" requiere, según el texto, la presencia física y continua de enfermeras para promover el bienestar y la autonomía.

Rodríguez Llanos recalca que "este informe aporta los datos y reflexiones que podrían ayudar a diseñar las políticas que deben marcar nuestro futuro. Si no encauzamos este reto mayúsculo será indigno seguir presumiendo de que vivimos en un Estado ‘del bienestar’ ni en una sociedad avanzada".

Por su parte, Guadalupe Fontán, coordinadora del IEIE, recuerda que en estos centros las enfermeras asumen procedimientos técnicos esenciales y exclusivos de su competencia que resultan vitales para el día a día. Entre ellos destacan la “administración de medicación, la realización de curas, la vacunación, la prevención de lesiones cutáneas asociadas a la dependencia, la detección de disfagia o la planificación de dietas”.

La falta de apoyo institucional para cubrir estos puestos supone una merma en la "prevención de eventos adversos y mayor coordinación con el sistema sanitario y social".

El reto de la especialización y la gestión experta

Del mismo modo, Diego Ayuso, secretario general del CGE, advierte sobre la necesidad de mejorar la calidad asistencial y evitar el intrusismo profesional que se genera cuando la Administración no facilita la llegada de enfermeras tituladas a los centros.

“Los datos de los que disponemos indican que hay unas ratios enfermeras/residente muy dispares y bajas que pone en riesgo la calidad de vida y de cuidados de las personas con mayor dependencia”, afirma Ayuso, señalando que esta disparidad nace de normativas autonómicas heterogéneas y de una falta de visión estatal.

Ayuso también pone el foco en la formación especializada y la labor directiva. En la última convocatoria del examen EIR solo se ofertaron 99 plazas de Enfermería Geriátrica, una cifra que el secretario general considera “totalmente insuficientes si se observa la pirámide de población de España”.

Asimismo, defiende que “la labor de dirección y coordinación de centros de mayores y residencias debe correr a cargo de las enfermeras especialistas en Geriatría, que son las expertas en el cuidado de las personas mayores y las que pueden aplicar este conocimiento a la gestión del personal y los cuidados”.

La evidencia científica aportada por el informe señala que una mayor dotación de enfermeras en estos centros favorece "menos complicaciones y eventos adversos, reducción de úlceras por presión y caídas, menor uso de sujeciones físicas y antipsicóticos, menos hospitalizaciones urgentes y mejor coordinación con Atención Primaria y hospitales".

Por ello, el sector reclama que se dote a los centros de los recursos económicos y humanos necesarios para poder aplicar estos estándares de excelencia asistencial.

Sin datos oficiales no hay planificación posible

Rosa Martínez, presidenta de la Seegg, subraya la preocupación por el intrusismo de profesionales que no tienen las competencias que ostentan las enfermeras, una situación derivada directamente de la escasez de graduadas disponibles.

“Tenemos la batalla de saber cuántas enfermeras hay, en este momento, trabajando en residencias de mayores. Se calcula que deben ser alrededor de 20.000, pero es un cálculo aproximado, pues hay algunas que trabajan en tres centros a la vez. Y no hay voluntad, a nivel gubernamental, de tener un dato real y actualizado”, denuncia Martínez.

La ausencia de información oficial sobre el número de profesionales, sus funciones y competencias es identificada como un elemento clave que dificulta mejorar las ratios y atraer profesionales a este ámbito. Las investigadoras sostienen que la "notable escasez de estudios específicos en el contexto español da cuenta del olvido y negligencia para hacer frente a esta realidad que afecta a uno de los grupos poblacionales más vulnerables", dejando a los centros residenciales en una situación de indefensión frente a la opinión pública.

El estudio reclama que las políticas de salud reconozcan explícitamente la necesidad de nuevos centros residenciales que ofrezcan cuidados de calidad y que mantengan equipos de enfermería estables para sostener la actividad sanitaria que desarrollan estas profesionales. Sin embargo, esto requiere un compromiso financiero y normativo que hasta ahora ha sido inexistente.

El texto concluye con una crítica directa a la inacción pública por "no exigir presencia enfermera en los centros residenciales por no ser atractivo", lo cual indica una "falta de responsabilidad de los poderes públicos para implementar las medidas estructurales necesarias para paliar este problema".