Rafael Sánchez-Ostiz (CEAPs): "No se puede exigir más a las empresas -de la dependencia- si no se garantiza primero que puedan pagarlo"

El presidente del Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPs), Rafael Sánchez-Ostiz, advierte de que el sistema de atención a mayores y dependientes está al límite por la escasez de profesionales y la falta de reconocimiento a su labor. Asegura que no se trata solo de una crisis de vocaciones, sino de condiciones laborales, financiación insuficiente y falta de estabilidad. Ante este panorama, reclama una estrategia nacional que dignifique el sector y lo convierta en un entorno atractivo para trabajar.

En cuanto al convenio colectivo, insiste en que cualquier mejora debe ir ligada a una financiación pública realista: “No se puede exigir más a las empresas si no se garantiza primero que puedan pagarlo”. Sánchez-Ostiz considera claramente insuficientes los 783 millones anunciados por el Gobierno para 2025 y reitera la necesidad de alcanzar un 2% del PIB en inversión pública en dependencia. “Cuidar no es un gasto, es un derecho”, apunta mientras reclama un pacto de Estado que sitúe los cuidados como prioridad social.

Solo así podrá mejorar la atención, actualizar tarifas y reducir la desigualdad territorial. También denuncia la falta de planificación para nuevas plazas residenciales (más de 70.000 en toda España) y la lentitud administrativa que frena las inversiones. Sobre la estrategia de desinstitucionalización, se muestra partidario, pero advierte: sin financiación, servicios domiciliarios y centros de día accesibles, este discurso se queda en un eslogan vacío.

El presidente de CEAPs defiende el uso de la tecnología como complemento al trabajo humano, no como sustituto, y alerta de que sin apoyo público se generará una brecha entre centros con recursos y los que no pueden innovar.

- ¿Cómo se gestiona una residencia sin manos? Cada vez hay más dificultades para encontrar personal cualificado… o simplemente personal. ¿Estamos ante una crisis de vocaciones o de condiciones?

Gestionar una residencia sin manos se está convirtiendo en una tarea titánica. Cada día es un ejercicio de organización extrema, reajustando turnos, redistribuyendo tareas y haciendo auténticos equilibrios para garantizar que las personas mayores y dependientes reciban la atención que merecen. Los equipos directivos y los propios profesionales están haciendo un esfuerzo enorme por cubrir necesidades básicas con recursos humanos cada vez más limitados.

No estamos solo ante una crisis de vocaciones. España tiene profesionales con un compromiso y una vocación extraordinarias, pero el problema es estructural. La falta de reconocimiento social, unas condiciones laborales que no reflejan la dureza y la responsabilidad del trabajo, y una financiación pública insuficiente que no permite mejorar salarios ni ofrecer estabilidad, nos están llevando a una situación insostenible.

Urge una estrategia nacional para dignificar el trabajo en los cuidados. Si queremos garantizar una atención de calidad a las personas mayores y dependientes, necesitamos medidas concretas y estructurales que hagan del sector un entorno laboral atractivo y sostenible.

- ¿Son suficientes los 783 millones de euros prometidos por el Gobierno para la Dependencia en 2025? ¿En qué se debería invertir ese dinero para que tenga un impacto real en los centros?

La cifra anunciada por el Gobierno es un paso, pero claramente insuficiente. El sector de los cuidados lleva años arrastrando un déficit estructural de financiación que nos sitúa a la cola de Europa en inversión pública en Dependencia. España sigue muy por debajo de la media europea, destinando apenas un 0,9% del PIB frente al más del 2% que destinan otros países. Alcanzar ese 2% debería ser el objetivo mínimo si queremos garantizar derechos y sostenibilidad en el sistema.

Para que los 783 millones tengan un impacto real, es imprescindible que se destinen directamente a mejorar la financiación de los servicios: actualizando las tarifas que las administraciones públicas pagan por cada plaza pública o concertada, algo que lleva años congelado y que impide a los centros contratar más personal, mejorar las condiciones laborales o invertir en innovación y calidad asistencial.

Además, es necesario reforzar la atención domiciliaria y garantizar la igualdad de acceso a los servicios en todos los territorios. No podemos seguir sosteniendo el sistema solo con el esfuerzo de las personas usuarias y sus familias.

- ¿Cuántas residencias faltan y por qué siguen faltando? Llevamos años hablando de la falta de plazas y de la necesidad de construir nuevas residencias. ¿Qué frena esa expansión? ¿La financiación, los trámites, la inseguridad jurídica?

En muchas comunidades autónomas sí faltan plazas para alcanzar los estándares europeos. En el conjunto de España se cifra en más de 70.000. ¿Por qué no se construyen? Por la falta de financiación adecuada, por la inseguridad jurídica y por los trámites administrativos interminables que ralentizan cualquier inversión. A esto se suma que, en muchas comunidades autónomas, no existe una planificación clara de las necesidades de plazas públicas y concertadas.

- Desinstitucionalización: ¿avance social o eslogan sin estructura? El Gobierno insiste en esta línea, pero ¿cree que hay una planificación real detrás o es sólo un mensaje de cara a la galería?

La desinstitucionalización es un avance social necesario… siempre que se haga bien y con los recursos adecuados. Nadie quiere vivir en una institución si tiene la opción de permanecer en su hogar, pero para que eso sea una realidad viable hacen falta alternativas reales: una red sólida de servicios domiciliarios, centros de día, atención comunitaria y apoyos para las familias cuidadoras. De momento, el discurso va muy por delante de los hechos.

En CEAPs apoyamos la estrategia de desinstitucionalización, pero reclamamos que se dote de una financiación suficiente y que se consulte y escuche a quienes conocen de verdad el terreno: los profesionales y gestores del sector de los cuidados. Somos quienes ya estamos desarrollando muchas de estas medidas, de forma pionera en muchos casos, tanto en residencias como en centros de día y en los servicios de atención a domicilio.

No se puede desmontar un modelo sin haber construido antes alternativas sólidas y accesibles. La desinstitucionalización no puede quedarse en un eslogan de impacto, sino que debe ser una transformación real, planificada y con recursos, que garantice la atención y los derechos de las personas mayores y en situación de dependencia, vivan donde vivan.

- Convenio colectivo: ¿se avanza, se estanca o se repite curso? ¿Cómo se presenta la negociación del nuevo convenio? ¿Qué aspectos consideran innegociables?

La negociación es compleja, como siempre en un sector donde la financiación depende en gran parte de las administraciones públicas. Nuestra prioridad es lograr un convenio que reconozca la profesionalidad y el esfuerzo del sector, pero siempre vinculado a la sostenibilidad económica de los centros. Cualquier mejora salarial o de jornada tiene que ir acompañada de una mejora real de la financiación pública.

Lo innegociable es que no se puede exigir más a las empresas si no se garantiza primero que puedan pagarlo.

- ¿Cree que se consolidará la reducción de jornada? Si fuese asi, ¿cómo lo afrontaría la patronal que preside?

La reducción de jornada debe hacerse con diálogo, planificación y, sobre todo, con financiación suficiente. Reducir el tiempo de trabajo de los profesionales sin prever cómo se va a cubrir esa reducción supone un riesgo real para la atención que reciben miles de personas en situación de dependencia. En un sector que ya arrastra una grave falta de personal cualificado, cualquier disminución de jornada implica necesariamente contratar a más profesionales o reorganizar completamente los turnos, algo que, en las condiciones actuales, resulta inviable.

La sostenibilidad económica de muchos centros está en juego. La mayoría de las residencias y servicios trabajan bajo conciertos o contratos públicos que tienen precios congelados desde hace años. La ley de desindexación, además, impide actualizar esos precios durante la vigencia de los contratos. Esto significa que los centros tendrían que asumir el incremento de costes sin ninguna compensación por parte de la administración.

Siempre hemos defendido la mejora de las condiciones laborales, pero no podemos hacerlo solos.

- Absentismo laboral: ¿problema estructural o síntoma de un sistema que no cuida al que cuida? ¿Se puede hacer algo desde las patronales?

Es un síntoma de agotamiento. Las plantillas están sometidas a una presión física y emocional enorme. Las patronales podemos trabajar en mejorar el clima laboral y en medidas de prevención de riesgos psicosociales, pero sin más recursos será difícil revertir el problema.

Una mayor estabilidad, salarios más competitivos y ratios adecuadas son la mejor receta contra el absentismo.

- ¿Faltan manos o faltan alicientes? Más allá de los salarios, ¿qué otros factores están influyendo en que el sector no resulte atractivo para trabajar?

Faltan ambas cosas: manos y alicientes. Además de los salarios, que siguen siendo bajos en comparación con la responsabilidad y la carga emocional que implica cuidar de personas mayores o en situación de dependencia, nos enfrentamos a una falta de reconocimiento social que desincentiva a muchos profesionales. También hay un gran desconocimiento social de lo que significa realmente trabajar en el sector de los cuidados.

Es una labor vocacional, pero también requiere una alta cualificación técnica y competencias emocionales muy específicas. Por eso urge que el sector de los cuidados sea declarado formalmente como servicio esencial, igual que el ámbito sanitario, y que desde el sector público se impulsen campañas que dignifiquen la profesión, visibilicen el valor social de los cuidados y fomenten la incorporación de nuevos profesionales. No podemos permitirnos que cuidar siga siendo invisible.

- ¿La IA puede cuidar? Tecnológicamente hablando, ¿ve viable que la inteligencia artificial tenga un papel relevante en los próximos años en la atención a personas mayores? ¿O estamos aún en fase de laboratorio?

La IA no va a cuidar personas, pero sí puede ayudar a quienes cuidan. Ya estamos viendo aplicaciones que mejoran la gestión de los turnos, que ayudan en la detección precoz de riesgos o que optimizan la atención sanitaria. Pero no podemos caer en el error de pensar que la tecnología sustituirá el trato humano. La atención a personas es, ante todo, una relación personal.

- ¿Hay miedo a que la tecnología sustituya o esperanza de que complemente? ¿Creen que la innovación tecnológica va a ayudar a reducir la carga del personal o puede generar una nueva brecha entre centros punteros y centros con escasos recursos?

La tecnología tiene que ser una aliada. Bien utilizada puede aliviar la carga de trabajo y mejorar la calidad asistencial. El problema será que solo podrán implantarla los centros que tengan recursos suficientes. Si no se acompaña de financiación específica para innovación tecnológica, acabaremos generando una brecha entre centros de primera y de segunda.

- Si mañana tuvieran línea directa con el presidente del Gobierno, ¿qué le pedirían en nombre del sector?

Que piense en el tipo de cuidados que le gustaría recibir a él mismo cuando sea mayor o cuando alguien de su familia necesite ayuda para vestirse, comer o simplemente levantarse de la cama. Por eso, le pediríamos una sola cosa: que garantice que España alcance, como mínimo, el 2% del PIB en gasto público en dependencia.

Solo así podremos asegurar que las personas mayores y en situación de dependencia reciban la atención digna y de calidad que merecen… y que él mismo querría tener llegado el momento.

- ¿Algo más que quiera añadir?

Cuidar bien a las personas mayores y dependientes es una responsabilidad social de primer orden. No es una cuestión de costes, sino de derechos. Si no invertimos ahora en cuidados, lo pagaremos como sociedad en forma de desigualdad, saturación del sistema sanitario y abandono social.

Necesitamos un pacto de Estado por los cuidados.