derechos sociales

Enfatizó que "cuidar y ser cuidados no debe ser un privilegio, sino un derecho que garantice igualdad y dignidad".

Bustinduy destaca la importancia de implementar políticas sociales para prevenir la soledad no deseada y promover una comunidad inclusiva.

El acuerdo se centra en tres ejes: participación institucional, estabilidad financiera y desarrollo normativo.

Esta declaración incluye cinco ejes estratégicos, como la reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad, así como la mejora de las condiciones laborales de los profesionales del sector.

El Gobierno destaca la urgencia de erradicar el edadismo para garantizar dignidad a los mayores.

Este cambio garantiza atención personalizada 24 horas y una prestación de hasta 10.000 euros mensuales.

Del 22 al 24 de octubre, el Fórum Evolución de Burgos acogerá la XVIII Convención Nacional Lares, centrada en el lema “Cuidando con corazón, planificando con visión”. El evento reunirá a profesionales del sector de cuidados para dialogar sobre sostenibilidad y estrategias futuras, combinando mesas redondas, talleres y actividades comunitarias.

Este crecimiento del 8,5% se produce en un contexto de creciente presión demográfica y aumento de solicitudes, que ahora superan los 2,27 millones.

Se discutieron líneas de actuación y medidas clave para enfrentar este fenómeno social, destacando la importancia del diálogo y la cooperación institucional.

Se discute la reforma de la Ley de Atención a la Dependencia, buscando un sistema público y de calidad que promueva derechos y bienestar.

La distribución se basará en criterios objetivos como la población dependiente y en riesgo de pobreza, y las subvenciones beneficiarán a entidades del Tercer Sector.

Pablo Bustinduy, ministro del área, enfatizó la importancia de transformar el sistema de cuidados, destacando que el futuro de la dependencia depende de mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras, mayoritariamente mujeres.

Incluye un incremento salarial del 4,35% y la recuperación parcial del poder adquisitivo para trabajadores.

El texto, amplía derechos y elimina incompatibilidades en prestaciones.

El Instituto sólo incluye en la lista de espera a quienes llevan más de seis meses sin recibir prestación desde su solicitud.