derechos sociales

La distribución se basará en criterios objetivos como la población dependiente y en riesgo de pobreza, y las subvenciones beneficiarán a entidades del Tercer Sector.

Pablo Bustinduy, ministro del área, enfatizó la importancia de transformar el sistema de cuidados, destacando que el futuro de la dependencia depende de mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras, mayoritariamente mujeres.

Incluye un incremento salarial del 4,35% y la recuperación parcial del poder adquisitivo para trabajadores.

El texto, amplía derechos y elimina incompatibilidades en prestaciones.

El Instituto sólo incluye en la lista de espera a quienes llevan más de seis meses sin recibir prestación desde su solicitud.

Argumenta que, aunque parece aumentar salarios, no mejora la atención ni garantiza estabilidad financiera. Añade que la adenda introduce controles cuestionables y contraviene principios esenciales del Acuerdo de Bases, perjudicando al sector.

Un informe revela que más del 90% de las muertes relacionadas con temperaturas extremas en los últimos cinco años afectan a mayores de 65 años.

Se ha alcanzado también un preacuerdo para distribuir subvenciones del 0,7% de la renta destinadas a organizaciones que luchan contra la pobreza y la exclusión social.

Un problema que afecta al 20% de los españoles y genera un coste anual de 14.000 millones de euros.

Este centro se enfocará en incorporar herramientas como asistentes virtuales, domótica accesible y plataformas de teleasistencia para mejorar la vida de personas mayores y con discapacidad.

Se inspirará en el modelo de Comedores Escolares, aprobado recientemente, que busca mejorar la calidad nutricional y la sostenibilidad.

Han fallecido en estas listas 8.004 personas en tres meses.

Esta inversión refuerza los servicios de ayuda a domicilio y programas de inserción social.

El sistema de atención a la dependencia enfrenta serias deficiencias estructurales, como financiación desactualizada y falta de recursos. La reducción de la jornada laboral y el aumento de la burocracia afectan la calidad del servicio. Se requiere una revisión urgente para garantizar derechos y mejorar condiciones en el sector.