derechos sociales

La nueva legislación creará un Programa Estatal para financiar intervenciones de accesibilidad y transformará el modelo de cuidados, permitiendo un sistema más personalizado y digno. Además, se reconocerán derechos fundamentales como la teleasistencia y la atención temprana, promoviendo así una mayor calidad de vida y bienestar para todos.

Durante una reunión con Carmen Fúnez, vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, la PMP expuso sus prioridades en temas como el envejecimiento y los cuidados.

Bustinduy enfatizó la importancia de materializar el consenso generado por la reforma del artículo 49 de la Constitución para mejorar la vida de las personas con discapacidad. Además, se presentó un protocolo pionero para garantizar atención inclusiva en situaciones de emergencia.

Enfatizó que "cuidar y ser cuidados no debe ser un privilegio, sino un derecho que garantice igualdad y dignidad".

Bustinduy destaca la importancia de implementar políticas sociales para prevenir la soledad no deseada y promover una comunidad inclusiva.

El acuerdo se centra en tres ejes: participación institucional, estabilidad financiera y desarrollo normativo.

Esta declaración incluye cinco ejes estratégicos, como la reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad, así como la mejora de las condiciones laborales de los profesionales del sector.

El Gobierno destaca la urgencia de erradicar el edadismo para garantizar dignidad a los mayores.

Este cambio garantiza atención personalizada 24 horas y una prestación de hasta 10.000 euros mensuales.

Del 22 al 24 de octubre, el Fórum Evolución de Burgos acogerá la XVIII Convención Nacional Lares, centrada en el lema “Cuidando con corazón, planificando con visión”. El evento reunirá a profesionales del sector de cuidados para dialogar sobre sostenibilidad y estrategias futuras, combinando mesas redondas, talleres y actividades comunitarias.

Este crecimiento del 8,5% se produce en un contexto de creciente presión demográfica y aumento de solicitudes, que ahora superan los 2,27 millones.

Se discutieron líneas de actuación y medidas clave para enfrentar este fenómeno social, destacando la importancia del diálogo y la cooperación institucional.

Se discute la reforma de la Ley de Atención a la Dependencia, buscando un sistema público y de calidad que promueva derechos y bienestar.

La distribución se basará en criterios objetivos como la población dependiente y en riesgo de pobreza, y las subvenciones beneficiarán a entidades del Tercer Sector.

Pablo Bustinduy, ministro del área, enfatizó la importancia de transformar el sistema de cuidados, destacando que el futuro de la dependencia depende de mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras, mayoritariamente mujeres.