El Consejo de Ministros ha dado un paso significativo en la mejora del sistema de cuidados de larga duración al aprobar un Real Decreto que establece y regula una nueva Comisión Interministerial. Esta iniciativa tiene como objetivo transformar los cuidados, asegurando su sostenibilidad y adaptabilidad a las necesidades actuales.
La creación de esta comisión se enmarca dentro de la Estrategia Estatal para un nuevo modelo de cuidados, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales. Su propósito es evitar la institucionalización forzada de las personas con dependencia, promoviendo en su lugar el acceso a cuidados personalizados y en el hogar.
Objetivos y Funciones de la Comisión
Este nuevo organismo no solo será responsable de la regulación, sino que también tendrá funciones clave que incluyen:
- Analizar los cambios estructurales y organizativos necesarios para el sistema de cuidados.
- Identificar y promover medidas que aseguren la sostenibilidad del mismo.
- Evaluar el grado de alineamiento entre las políticas sectoriales y el modelo propuesto.
- Fomentar la innovación social y tecnológica en el ámbito de los cuidados, facilitando la colaboración entre administraciones y actores relevantes.
- Emitir informes que integren una perspectiva de género, orientando así las decisiones sobre el sistema de cuidados.
Los cuidados de larga duración son fundamentales para el Estado del Bienestar, garantizando derechos sociales esenciales. La Ley de Promoción de la Autonomía Personal establece un marco interterritorial para la gobernanza en este ámbito, pero hasta ahora faltaba una estructura formal que permitiera debatir y tomar decisiones sobre esta política pública crucial.
Colaboración Interministerial
Dado que los desafíos relacionados con los cuidados trascienden las competencias del Ministerio de Derechos Sociales, se hace evidente la necesidad de una colaboración interministerial efectiva. La nueva Comisión Interministerial busca abordar estos retos desde una perspectiva integral, reconociendo que las implicaciones económicas y sociales son cuestiones que requieren atención prioritaria a nivel estatal.
Con esta medida, el Gobierno reafirma su compromiso con un modelo más humano y accesible en los cuidados a largo plazo, marcando un hito en la evolución del sistema hacia una mayor personalización y respeto por los derechos individuales.