El BOE (Boletín Oficial del Estado) del 11 de agosto ha publicado el acuerdo con los criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), más conocido como el nuevo modelo de residencias.
De esta forma, el Acuerdo Belarra ya es oficial tras aprobarse sin consenso ni financiación garantizada.
El nuevo plan del Gobierno para las residencias
Marca un plazo de transición hasta 2030, plantea impulsar la teleasistencia y la atención a domicilio para los mayores para que puedan permanecer el mayor tiempo posible en sus domicilios. Los centros de día estarán cerca de la residencia habitual y el servicio de ayuda a domicilio se adaptará a los horarios y rutinas que elija el usuario con la coordinación de profesionales de referencia de servicios sociales y sanitarios.
Para las residencias, propone modelos similares a hogares basados en unidades de convivencia y eleva el ratio de profesionales por usuario. Las residencias ya construídas deberán reorganizarse en estas unidades de convivencia de un máximo de 15 personas, con espacios comunes para actividades, que permita preparar comidas y comedor.
Pero para lograr el acuerdo in extremis se han incluido algunos cambios respecto a la propuesta inicial de Derechos Sociales, como rebajar al 80%, antes era a todas, las residencias ya construidas la obligación de crear estas unidades de convivencia.
Límite de plazas: Como ya se había informado en anteriores borradores, las nuevas residencias que se construyan deberán tener un máximo de 120 plazas en zonas urbanas de alta densidad, de 90 en zonas de densidad intermedia y 75 plazas en zonas rurales o escasamente pobladas. En zonas rurales y "por circunstancias excepcionales de viabilidad económica" puedan alcanzar las 120 plazas. Los centros rurales tendrán que garantizar el transporte público o medios de transporte propios.
Además, deben contar con al menos un 65% de habitaciones individuales. Los centros ya construidos, o que están en fase de construcción, dispondrán, al menos, de un 10% de las plazas públicas en individuales en zonas rurales y del 25% en ciudades.
Los centros de más de 30 plazas deberán tener un profesional de enlace para coordinar la atención sociosanitaria. Tiene que haber un mínimo del 80% de contratos indefinidos y un 66% de contratos a tiempo completo. Será de un 50% para la ayuda a domicilio).
Plan de vida: cada persona tendrá un plan de atención con la planificación y el seguimiento de los apoyos que recibe. El documento recogerá las preferencias y la voluntad de la persona respecto a cómo quiere vivir y podrá incluir testamento vital o instrucciones previas de atención para cuando se acerca el final de la vida. La familia y personas allegadas podrán colaborar en los cuidados. Además se comunicarán con el profesional de referencia que garantice un seguimiento de su estado.
La atención será libre de sujeciones físicas, mecánicas, químicas o farmacológicas. Las residencias y los centros de día se tienen que comprometer formalmente para no usarlas antes de tres años. De haber sujeciones, serán de carácter excepcional y temporal y siempre con supervisión facultativa, consentimiento informado y valoración de necesidad de comunicación al Fiscal.
Cualificación y ratios: Los nuevos directores de residencias deberán tener titulación universitaria y formación especializada. Los anteriores que no tengan esta formación deben acreditar cinco años de experiencia en el sector. Se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2022 la habilitación provisional de los trabajadoras sin los requisitos, pero con el compromiso de realizar la formación para garantizar la estabilidad del empleo.
Se ha acordado una mejora de las ratio de trabajadores de atención directa: será de 0,39 en diciembre de 2023 hasta 0,51 en diciembre de 2029 en personas mayores. Por otro lado, será de 0,50 a 0,58 en personas con discapacidad.
Coordinación sociosanitaria: El Sistema Nacional de Salud debe garantizar el mismo acceso a la salud que al resto de la población a personas mayores y dependientes que viven en residencias. Las administraciones están obligadas a garantizar la coordinación entre el ámbito social y sanitario.
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