El Ministerio de Derechos Sociales tiene por fin su foto y celebra "uno de los acuerdos más importantes de la legislatura", en palabras de su titular, Ione Belarra. Finalmente ha conseguido aprobar el nuevo modelo de residencias, pero sin el consenso esperado, ya que saca adelante el nuevo acuerdo de Criterios Comunes de Acreditación y Calidad de Servicios del SAAD pese a la oposición de las patronales, los sindicatos y del más del 70% de la población.
Es importante subrayar que este acuerdo se saca con el voto a favor de 10 comunidades y 9 en contra (que representan a más del 70% de la población española) y sin explicar de forma clara y convincente cómo se van pagar todas estas nuevas medidas y, especialmente, quién las va a pagar. En Inforesidencias, su director Josep de Martí se pregunta si estos criterios de acreditación aprobados son un paso adelante o, por el contrario, se quedarán en papel mojado.
Desde CEAPs se recuerda: “El Gobierno lo ha vuelto a hacer. Como hizo con la Ley de Dependencia, ha planteado un conjunto de medidas pero no las ha dotado de financiación suficiente”. Su presidenta, Cinta Pascual, además, ha mostrado su preocupación por que "muchas comunidades tendrán que subir el precio de concierto de las plazas de cantidades tan bajas como 54 euros (o incluso menos) a 75 mínimo (plaza/día), y esperamos que tengan los fondos suficientes para hacerlo”. Recuerda que en centros de día el incremento iría de 27 euros a 50 por persona y día.
Por ello, la Federación Empresarial de la Dependencia (FED) considera que el nuevo modelo de acreditación aprobado por el Gobierno "nace muerto", ya que al frenarse la inversión y al aumentar en torno a un 50% los precios que tendrán que sufragar los dependientes y sus familiares, las medidas aprobadas serán contraproducentes para el sector.
Su presidente, Ignacio Fernández-Cid, insiste: “El nuevo modelo... lo único que va a conseguir es frenar radicalmente la inversión en nuevos centros. España aún requiere de 75.000 camas más... quedándonos con un parque de residencias obsoleto y haciendo inviables los servicios a domicilio”. El presidente de la FED considera, además, que “los principales perjudicados del modelo aprobado serán los propios dependientes y sus familias, que se encontrarán sin la oferta necesaria y a unos precios en torno a un 50% superiores a los actuales”.
Fernández-Cid vuelve a insistir en la libertad de elección del dependiente: “Tenemos que apostar por un modelo centrado verdaderamente en la persona, dónde el dependiente pueda elegir su centro independientemente de si es público o privado”.
En la misma línea, AESTE, que califica el acuerdo de proyecto decorativo del Ministerio, entiende tendrá serias consecuencias sobre la creación de nuevas plazas residenciales y poniendo en grave riesgo de desaparición más de 50.000 plazas ocupadas actualmente por personas mayores, incrementando en un 50% el gasto de las personas atendidas y sus familias, y haciendo que se incremente de forma artificial la lista de espera de todas las comunidades autónomas.
Esta patronal hace especial hincapié en que España necesita construir 75.000 nuevas plazas residenciales, pero en lugar de ofrecer facilidades para alcanzar esos niveles de cobertura, destinamos un ridículo 1% del PIB para atender a las personas mayores, frente al 3% que se destina en los países del norte de Europa, cuyo modelo dicen desde el Gobierno que se querer imitar.
La SEGG, bien pero hay que financiar
Del mismo modo, la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG), que ha participado en las consultas y ha hecho prpuestas al Ministerio de Derechos Sociales, considera muy satisfactorio el acuerdo alcanzado en el Consejo Interterritorial con las Comunidades Autónomas sobre el nuevo modelo de residencias. Pero para hacer efectivo el cambio de modelo, la SEGG también solicita que se analice de forma seria y profunda la petición de mayor financiación del sistema que han realizado algunas comunidades autónomas y muchos proveedores de servicios.
Los geriatras también recuerdan que en España estamos dedicando un 0,74% del PIB a Cuidados de Larga Duración, cuando la media de los países de la Unión Europea es del 1,5%.
Por otro lado, en la línea que ya ha solicitado al Ministerio de Sanidad, la SEGG pide la realización urgente de un Marco Estratégico de Atención Sanitaria a las Residencias de Mayores, que garantice la atención sanitaria y coordinada en todos los territorios, tal y como recoge el presente acuerdo.
Igualmente, el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) celebra que el Ministerio de Asuntos Sociales y las comunidades autónomas se sienten a negociar para encontrar un modelo residencial dirigido a mejorar la calidad de vida de las personas mayores, pero pone en duda "su factibilidad por el montante de la inversión que necesita para hacerlo realidad".
El CEDDD incide también en que el nuevo modelo de residencias fue aprobado por "una ajustada votación, que ratifica la incertidumbre que existe a nivel general ante la viabilidad del acuerdo". "Aunque nace con buenas intenciones, al contemplar grupos de convivencia de 15 personas, más personal y más habitaciones individuales, entre otras cosas", añaden que "habrá que ver ahora si tanto las residencias como los usuarios pueden sufragar las mejoras que pretende introducir el nuevo modelo".
"Dado que tampoco es factible pensar que el coste de estas mejoras vaya a ser asumido de forma íntegra solo por las residencias, CEDDD espera que tanto el Ministerio como los gobiernos autonómicos hayan hecho bien los cálculos y cuenten ya con la financiación necesaria para sacar adelante el nuevo modelo", subrayan.
"Yo invito y tú pagas"
Dentro de las CCAA que no han aceptado el plan del Gobierno se encuentra Castilla-La Mancha, cuyo presidente Emiliano García-Page, notablemente indignado, ha planteado establecer “un acuerdo entre todas las comunidades” para que el Gobierno de España, el que esté en cada momento, “no pueda nunca aprobar más normas que supongan gasto para los ayuntamientos o para las comunidades autónomas sin la financiación correspondiente”. García-Page lamentaba nuevamente la tendencia del Gobierno central, “especialistas en la política de ‘yo invito y tú pagas’”.
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