Tras una ajustada votación, finalmente, el Ministerio de Derechos Sociales ha logrado aprobar el nuevo modelo de residencias y de atención a la dependencia en el Consejo Territorial pese a la oposición de las patronales. De esta forma, con un solo voto de diferencia se ha aprobado el acuerdo de acreditación y calidad de los centros y de los servicios de atención a la dependencia.
Tras su rechazo el pasado mes de mayo por falta de consenso de las comunidades, ha sido respaldada por 10 votos a favor y 9 en contra. Han mantenido su oposición este martes Galicia, Madrid, Andalucía, Murcia, Ceuta, Cataluña, País Vasco, Castilla y León y Castilla-La Mancha; han dicho sí al plan presentado por Ione Belarra Extremadura, Canarias, Navarra, Comunidad Valenciana, Asturias, La Rioja, Baleares, Cantabria, Aragón y Melilla.
El ministerio ha convencido a parte de las CCAA de que la financiación no debe ser impedimento para sacar adelante el proyecto para un nuevo modelo de residencias.
La ministra de Derechos Sociales ha destacado: "Hemos logrado alcanzar un acuerdo con las comunidades para mejorar la calidad de las residencias y convertir en consenso político lo que ya es un amplísimo consenso social tras la pandemia... es el acuerdo más importantes de esta legislatura".
Comunidades a favor del nuevo acuerdo
Navarra
La consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, Mª Carmen Maeztu, ha valorado de forma “muy positiva” la aprobación del acuerdo: “Las residencias funcionarán a partir de ahora de forma más parecida a un hogar... medidas como el límite de las plazas residenciales en un máximo de 120, unidades de convivencia más pequeñas, la apuesta por la atención centrada en la persona y la mejora en las ratios de atención y condiciones laborales del sector, se alinean con el modelo que ya aprobamos en Navarra en 2020, siendo pioneros a nivel de España".
Maeztu ha subrayado que “la limitación en el número de plazas residenciales se refiere únicamente a los centros de nueva construcción”, y que “en ningún caso va a afectar a los centros ya existentes”. Ha destacado que esta línea de trabajo está siendo posible gracias a la mejora significativa de la financiación del Estado al sector.
Cantabria
La consejera de Empleo y Políticas Sociales, Eugenia Gómez de Diego, ha mostrado su satisfacción por la aprobación del acuerdo porque “ratifica el modelo de atención personalizado, centrado en las personas, por el que apostamos y en el que estamos avanzando ya en Cantabria”. Ha señalado que “el nuevo modelo de acreditación de residencias es una hoja de ruta, ya que trasformar el modelo de cuidados es un proceso enormemente complejo".
“Nosotros seguimos avanzando y apostando por la atención personalizada y en que los centros sean lo más parecido a un hogar, por eso hemos manifestado el apoyo a este acuerdo”, ha subrayado, para añadir: “En Cantabria nosotros ya estamos trabajando en este nuevo modelo de cuidados, y actualmente ha sido este Gobierno de España el que está recuperado niveles de financiación que habían sido abruptamente recortados desde el 2012”. Cantabria ha votado a favor de este acuerdo porque “estamos seguros” va a contar con financiación suficiente por parte del Estado que ha hecho un esfuerzo muy importante en esta legislatura.
Comunidades en contra
Castilla-La Mancha
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha planteado establecer “un acuerdo entre todas las comunidades autónomas” para que el Gobierno de España, éste y los futuros, “no pueda nunca aprobar más normas que supongan gasto para los ayuntamientos o para las comunidades autónomas sin la financiación correspondiente”.
Se pronunciaba así sobre el acuerdo aprobado entre el Ministerio de Derechos Sociales y las comunidades autónomas y ha lamentado la tendencia del Gobierno central, “especialistas en la política de ‘yo invito y tú pagas’, y que te obligan a comprar un piso, pero solo te financian la entrada”. Explicaba su modelo regional: “Nosotros aquí nos regimos por un planteamiento de estabilidad, lógica elemental y muchísima moderación en todos los sentidos, con las ideas claras y sabiendo lo que queremos, pero lo hacemos de común acuerdo”.
El nuevo plan del Gobierno para las residencias
Marca un plazo de transición hasta 2030, plantea impulsar la teleasistencia y la atención a domicilio para los mayores para que puedan permanecer el mayor tiempo posible en sus domicilios. Los centros de día estarán cerca de la residencia habitual y el servicio de ayuda a domicilio se adaptará a los horarios y rutinas que elija el usuario con la coordinación de profesionales de referencia de servicios sociales y sanitarios.
Para las residencias, propone modelos similares a hogares basados en unidades de convivencia y eleva el ratio de profesionales por usuario. Las residencias ya construídas deberán reorganizarse en estas unidades de convivencia de un máximo de 15 personas, con espacios comunes para actividades, que permita preparar comidas y comedor.
Pero para lograr el acuerdo in extremis se han incluido algunos cambios respecto a la propuesta inicial de Derechos Sociales, como rebajar al 80%, antes era a todas, las residencias ya construidas la obligación de crear estas unidades de convivencia.
Límite de plazas: Como ya se había informado en anteriores borradores, las nuevas residencias que se construyan deberán tener un máximo de 120 plazas en zonas urbanas de alta densidad, de 90 en zonas de densidad intermedia y 75 plazas en zonas rurales o escasamente pobladas. En zonas rurales y "por circunstancias excepcionales de viabilidad económica" puedan alcanzar las 120 plazas. Los centros rurales tendrán que garantizar el transporte público o medios de transporte propios.
Además, deben contar con al menos un 65% de habitaciones individuales. Los centros ya construidos, o que están en fase de construcción, dispondrán, al menos, de un 10% de las plazas públicas en individuales en zonas rurales y del 25% en ciudades.
Los centros de más de 30 plazas deberán tener un profesional de enlace para coordinar la atención sociosanitaria. Tiene que haber un mínimo del 80% de contratos indefinidos y un 66% de contratos a tiempo completo. Será de un 50% para la ayuda a domicilio).
Plan de vida: cada persona tendrá un plan de atención con la planificación y el seguimiento de los apoyos que recibe. El documento recogerá las preferencias y la voluntad de la persona respecto a cómo quiere vivir y podrá incluir testamento vital o instrucciones previas de atención para cuando se acerca el final de la vida. La familia y personas allegadas podrán colaborar en los cuidados. Además se comunicarán con el profesional de referencia que garantice un seguimiento de su estado.
La atención será libre de sujeciones físicas, mecánicas, químicas o farmacológicas. Las residencias y los centros de día se tienen que comprometer formalmente para no usarlas antes de tres años. De haber sujeciones, serán de carácter excepcional y temporal y siempre con supervisión facultativa, consentimiento informado y valoración de necesidad de comunicación al Fiscal.
Cualificación y ratios: Los nuevos directores de residencias deberán tener titulación universitaria y formación especializada. Los anteriores que no tengan esta formación deben acreditar cinco años de experiencia en el sector. Se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2022 la habilitación provisional de los trabajadoras sin los requisitos, pero con el compromiso de realizar la formación para garantizar la estabilidad del empleo.
Se ha acordado una mejora de las ratio de trabajadores de atención directa: será de 0,39 en diciembre de 2023 hasta 0,51 en diciembre de 2029 en personas mayores. Por otro lado, será de 0,50 a 0,58 en personas con discapacidad.
Coordinación sociosanitaria: El Sistema Nacional de Salud debe garantizar el mismo acceso a la salud que al resto de la población a personas mayores y dependientes que viven en residencias. Las administraciones están obligadas a garantizar la coordinación entre el ámbito social y sanitario.
Puede consultar aquí el Acuerdo sobre Criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) con las correcciones que lo diferencian del último borrador
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