La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios de Atención a la Dependencia de la Comunidad Valenciana (AERTE) ha presentado una reclamación al Consejo Valenciano de Transparencia al no haber recibido los informes sobre incidencia económica en las personas usuarias de los servicios, solicitados a la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas tras la aprobación del nuevo decreto de tipologías.
El escrito de solicitud de dicha información, presentado el pasado 3 de Abril, no ha tenido contestación por parte de la Consellería en el plazo de un mes, lo que incumple la Ley 1/2022 de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana.
El dictamen del Consell Jurídic Consultiu sobre esta norma recogía la necesidad de aportar de manera previa a la aprobación del decreto por el Consell una serie de informes. El más importante de todos era el que debía reflejar la incidencia económica que iba a tener la norma en las personas que usen estos servicios, es decir, cuanto iba a aumentar el copago de los usuarios con los nuevos requisitos.
Desde que se dio a conocer el dictamen, la Consellería indicó que esos informes existían y que se iban a aportar con total normalidad y transparencia. Sin embargo, ante la solicitud de AERTE la Consellería ni ha contestado ni ha pedido más plazo para contestar, lo que denota mala fe y ánimo de ocultar la información ya que la información está elaborada, disponible y simplemente debe ser entregada.
"Esta falta de transparencia genera una desconfianza muy importante. ¿Cómo podemos creer a la vicepresidenta Aitana Más cuando dice, en una carta dirigida a residentes, que el nuevo decreto no va a costar ni un euro más a los usuarios con ayudas de dependencia si no aportan los informes que lo justifica?¿Que consideración tiene el President Puig de esta actitud tan opaca de su Consell?" se preguntaba el presidente de AERTE, José María Toro.
Lea aquí la solicitud de AERTE para acceder a los informes económicos del decreto de tipologías:
AERTE desmiente a la Vicepresidenta Más
Por otra parte, el presidente de AERTE dementía a la vicepresidenta Mas: "Es absolutamente falso que nos hayamos reunido en ningún momento para hablar de la memoria económica del Decreto de Tipologías. En todo el proceso de reuniones en las que ha participado AERTE, jamás se aportó ninguna memoria económica por parte de la Consellería".
José María Toro insistía en la falta de respuesta a las propuestas de la patronal: "Remitimos a la Consellería el 14 de febrero de 2023 nuestro estudio económico sobre la memoria económica que llego al CES en el mes de diciembre, y que fue la primera vez que pudimos tener acceso a ella, y no hemos tenido ninguna respuesta, ni ha habido comparación ni se ha rebatido ningún punto".
"El Consell Jurídic Consultiu pidió la preparación de varios informes en su dictamen sobre el Decreto de Tipologías, entre ellos uno de la incidencia económica en las personas usuarias que tendrían los nuevos requisitos. Esos informes, que la Consellería dice que se aportaron antes de la aprobación por el Consell el pasado 10 de marzo, son los que ha pedido AERTE y no se les han entregado", concluye.
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