Hasta ocho asociaciones de familiares de Alzheimer (Xixona, Valencia, Miguel Hernández de Cox, Ibi, Alzira, Alicante, Alcoi y Novelda) el Colegio Oficial de Pedagogos y Psicopedagogos de la Comunidad Valenciana, el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana, la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE), el Circulo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPS) y la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE) y la Asociación Empresarial Valenciana de Servicios a la Dependencia (AVASEDE), 14 entidades en total, han presentado en plazo y forma el anuncio de recurso contra el decreto 27/2023, del Consell, por el que se regulan la tipología y el funcionamiento de los centros, servicios y programas de servicios sociales, y su ordenación dentro de la estructura funcional, territorial y competencial del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales.
Al tiempo del anuncio, se ha pedido la suspensión cautelar del decreto hasta que pueda pronunciarse el Tribunal sobre el fondo de la cuestión para evitar que haya personas que tengan que abandonar el recurso en el que están siendo atendidas o que no puedan acceder por primera vez al mismo, por no poder cubrir el coste de la plaza con los nuevos requisitos exigidos.
"Hay aspectos del decreto que deben entrar en vigor en el plazo de un año, por ejemplo, el incremento de personal en centros de día de mayores o en residencias de salud mental, y lo más probable es que no haya sentencia antes de ese plazo. Las personas que se vean afectadas, teniendo que prescindir de la atención que reciben, no podrán ser compensadas posteriormente porque no se trata de una cuestión compensable económicamente, por eso hemos pedido la suspensión de la norma" declaró el presidendete de AERTE, José María Toro.
Incremento del copago
Desde AERTE, han venido reclamando a la administración que en nuevo Decreto viniera acompañado de una financiación que no supusiera ni un solo euro para las personas atendidas, pero la memoria económica no lo garantizaba como pusieron de manifiesto, en sus respectivos dictámenes, el Comité Económico y Social de la Comunidad Valenciana y el Consell Jurídic Consultiu. Éste último solicitó a la Consellería un informe de la incidencia económica que tendría la aplicación del decreto en los usuarios, pero entre los documentos colgados en la web de la VICIPI no se encuentra disponible, por lo que se desconoce su contenido.
"En los estudios hechos por AERTE, el incremento de los costes por los nuevos servicios no se veía cubierto en su totalidad por un aumento de las ayudas lo que supone un aumento del copago, llegando en el caso de las residencias de salud mental a 840 euros mensuales sólo en coste de personal, lo que es inasumible para la gran mayoría de familias" indicaba el presidente de AERTE.
Falta de consenso en la elaboración
En los últimos meses se han venido expresando en distintos foros opiniones de entidades del sector en contra de determinados aspectos del decreto. En la jornada celebrada en Valencia el pasado 28 de Marzo, la Dra. Sacramento Pinazo, presidenta de la Sociedad Valenciana de Geriatría y Gerontología (SVGG), explicó que la SVGG no había participado en ningún momento en el proceso de elaboración de la norma; Santiago Llopis, presidente de FEVAFA, destacó que no se habían recogido centros específicos para personas con Alzheimer tal y como reclamaban las propias familias; Esteban Burillo, presidente de Asociación Profesional de Instituciones de Menores de la Comunitat Valenciana (APIME), indicaba que había en los nuevos centros de menores más metros cuadrados destinados a las plantillas que a las personas usuarias y que estaba enfocado desde un punto de vista adultocéntrico; Montse Rams, presidenta de Asociación Coordinadora de Recursos de Atención a Personas con Diversidad Funcional Intelectual (COPAVA), se lamentaba de que a pesar de todo el trabajo hecho y las aportaciones realizadas, no se había escuchado nada por parte de la Consellería.
En la mesa celebrada tras la asamblea de AERTE el pasado 26 de Abril, Aitor Pérez, Socio de Gerokon, planteó la falta de presupuesto para poner en marcha el nuevo Decreto; Estela Darocas, Alcaldesa de Navarrés, pidió más financiación para las entidades locales para la adaptación a los nuevos requisitos; Fernando Moner, Presidente de AVACU, que valoró adecuadamente el cambio de normativo pero que insistió en la necesidad de consensuarla y Enrique Castillejo, Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Pedagogos y Psicopedagogos de España y del Colegio de la Comunidad Valenciana, que criticó la exclusión de estos profesionales en el nuevo modelo de atención.
A esto se suman declaraciones llevadas a cabo por Francisco Bellver, Vicepresidente de la Sociedad de Psiquiatría de la Comunidad Valenciana, en la Asamblea de Aerte del año pasado en la que se quejaba de no haber participado en el proceso consultivo o las más recientes en prensa del Colegio Oficial de Fisioterapia en contra del criterio seguido por la Consellería en la regulación de centros de diversidad funcional. La recién creada Plataforma Neurodegenerativas de la Comunidad Valenciana indicaba esta semana que la viabilidad de 73 centros, servicios y programas especializados que atienden a más de 5.000 pacientes de Alzheimer, Parkinson, ELA, Enfermedad de Huntington y Esclerosis Multiple «está en peligro» por el nuevo Decreto de Tipologías
"Todo el sector apoyaba una nueva normativa para adaptarse a las características de las personas que actualmente atendemos y para superar legislaciones absolutamente obsoletas, pero hemos perdido la oportunidad de hacerlo de manera consensuada, adecuada y con la financiación suficiente para que no le cueste un euro más a nadie. Ahora tenemos que hacer un trabajo entre todos para corregir los aspectos necesarios y hacer viable el sistema en el medio y largo plazo." concluyó el presidente de AERTE.
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