El nuevo marco normativo que está elaborando la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha centrado gran parte de la reunión de trabajo que han mantenido esta semana el presidente y la secretaria general de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV), Salvador Navarro y Esther Guilabert, con el presidente y los miembros de la junta directiva de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE).
Desde AERTE se ha insistido en la necesidad de garantizar las plazas autorizadas que disponen los centros acreditados actualmente, con las mejoras de personal y servicios que se requieran, y de hacer atractiva la inversión privada para la puesta de nuevos proyectos en la Comunidad Valenciana.
Algo en lo que coincide el presidente de la CEV, Salvador Navarro, que ha advertido que “si no hacemos atractiva la Comunidad Valenciana para la inversión, no tendremos las plazas suficientes para atender a todas las personas dependientes que lo necesitan. El nuevo marco normativo no sólo debe respetar el número de plazas disponibles sino contribuir a crear más y sin la ayuda del sector privado esto será imposible”.
“En la Comunidad Valenciana faltan 22.000 plazas residenciales para mayores, por eso no podemos perder ninguna de las que existen actualmente y debemos fomentar la apertura de nuevos centros de iniciativa privada para complementar el plan de infraestructuras públicos que ha lanzado la Consellería y que solo cubre el 15% de las plazas necesarias” ha afirmado José María Toro, presidente de AERTE.
En esta Comunidad se crean 25.3 empleos por cada millón de euros invertido en dependencia, dato muy alejado de la media nacional de 40.4 y de la comunidad autónoma con mejores datos, Castilla y León que genera 66.2. Esto se debe a la apuesta por los cuidados familiares que ha hecho la Conselleria y que supone el 76% de las prestaciones de dependencia que ha dado el Govern desde julio de 2015.
Por otro lado, se han denunciado los retrasos en las licencias, un centro está tardando dos años en recibir el visado previo para empezar a construirse; la mala planificación de la contratación, que hace que haya muchos centros con los contratos vencidos y los retrasos en los cobros que produce esta situación, en concreto, hay centros que no han cobrado ninguna factura desde noviembre de 2021. Por último, se han tratado las cuestiones relacionadas con la reversión de servicios sociales gestionados actualmente por empresas privadas. El informe de la Sindicatura de Comptes de 2020 recogía que los centros públicos de gestión privada ofrecen el doble de calidad que los de gestión pública que, además, suponen un sobrecoste del 35%.
“Con la gestión privada se podría atender a 150 personas más por cada millón de euros con el doble de calidad. En un contexto normal, sería lógico acudir a la colaboración público-privada, pero en el de infrafinanciación que tenemos es que no tenemos otra opción.” afirmaba rotundo José María Toro.
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