Concentración y manifiesto de AERTE contra el bloqueo del acceso al Sistema de Salud Mental y de Dependencia

Más de 700 personas convocadas por AERTE se ha concentrado una vez más este martes y ha presentado un manifiesto para mostrar su rechazo ante el bloqueo del acceso al Sistema de Salud Mental y de Dependencia en la Comunidad Valenciana.

El presidente de esta patronal, José María Toro, lo explicaba así: “Nos hemos visto obligados a concentrarnos de nuevo ante la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas por el inmovilismo que desde luego hay en el acceso al Sistema de Salud Mental. La situación ha empeorado desde la última vez que estuvimos aquí hace un mes. La verdad es que se han empezado a cerrar viviendas tuteladas, se confirma el copago con el tope de la ayuda de 715 euros que aprobó la semana pasada la Generalitat y que, por tanto, hace que la gente no pueda acceder por primera vez a la vivienda”.

Y añade: “Además, tampoco puede transitar entre unos centros y otros, lo que es un tema realmente complicado para el proceso de rehabilitación de las personas. El tiempo pasa. Llevamos desde agosto con este tema encima de la mesa y la administración sigue inmóvil”.

Para el responsable de la patronal de las empresas valencianas de atención a la dependencia esta situación está provocando “verdaderamente un problema” que, opina, “incluso los propios técnicos de la Consellería empiezan a ver como muy peligroso”. “Lo que pasa es que entendemos que está pesando más la decisión política y desde luego la voluntad de la Consellería de no corregir un error grandísimo como estamos viendo en la atención a la salud mental”.

Toro se lamenta de que “estamos todo el día hablando de salud mental, haciendo convenciones ciudadanas, diciendo que la salud mental es muy importante, pero los recursos que están atendiendo a las personas y que están funcionando bien, lo que estamos haciendo es desmantelarlo… esto me parece realmente grave”.

Por ello, ha concluido en que desde AERTE seguirán concentrándose “si la Administración no cambia su criterio… el otro día éramos mucha gente y hoy hemos sido muchísimos más, casi 700 personas, y seguiremos insistiendo en este contexto en el que, además, el Decreto de Tipologías no ha hecho más que sumar bastante más incertidumbre a la situación que tenemos ahora mismo”.

Sabemos que las circunstancias que vive nuestra sociedad en la actualidad tienen consecuencias muy importantes en la salud mental de todas las personas. Estas situaciones podemos gestionarlas en algunas ocasiones por nosotros mismos, pero en muchos otros casos necesitamos apoyos, más o menos intensos, para poder afrontarlos.

Para que sea una verdadera prioridad se debe poner el foco en las personas que se encuentran en esta situación y ofrecerles los apoyos necesarios para que puedan establecer un proceso de rehabilitación psicosocial adecuado.

Estos recursos deben adaptarse a las necesidades de las personas en cada momento, intentar ofrecerlos en el ámbito comunitario y que su intensidad sea la menor necesaria posible para fomentar al máximo autonomía.

En este contexto se ha desarrollado una red muy importante de viviendas de apoyo en salud mental en los últimos años en la Comunidad Valenciana. En concreto, se han generado 107 nuevos espacios desde septiembre de 2.015 debido al fomento de la propia Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas y a las ayudas puestas a disposición por la misma.

El resultado de las mismas es evidente. Han colaborado, cumpliendo su función temporal y complementaria, a rehacer su vida a muchas personas. No se trata de que la gente permanezca de manera continua en el sistema de atención, sino de ofrecer un acompañamiento adaptado en cada momento que permita que cada una siga su camino vital.

Desde el mes de agosto, la Consellería ha reducido los importes de ayuda que ofrecía a estas personas para acceder a una plaza en una vivienda. Argumenta que hay otros servicios compatibles para apoyarlos, desconociendo que el personal que está en las viviendas está para ofrecer ese servicio, como han venido haciéndolo hasta ahora.

Esto está provocando el bloqueo del acceso al sistema. Las trabajadoras sociales de los hospitales o de los municipios no pueden enviar a estas personas a los servicios que necesitan porque la prestación que le ofrece no cubre el importe de la plaza y no tienen capacidad de pagar la diferencia. Sólo pueden permitírselo las personas con gran capacidad económica y esto no es justo. El sector quiere atender a las personas en función de su necesidad, como venía haciendo hasta ahora, y no del dinero que tienen, pero la nueva regulación no lo permite.

Lo que, como profesionales, nos ha decepcionado más es que se haya cambiado el sistema sin ni siquiera preguntar el resultado que estaba dando y como estaba ayudando a las personas atendidas. No se ha cambiado el sistema porque no funcione, que lo está haciendo, sino porque les parece caro.

¿Esta decisión ha priorizado realmente la salud mental? Lo negamos rotundamente, por lo que pedimos a la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas que de la ayuda suficiente a cada persona que necesite ser atendida en una vivienda tutelada y que desbloquee el acceso al sistema de atención a la salud mental en la Comunidad Valenciana de manera inmediata.

Con el Decreto 102/2022 de Agosto también se ha limitado la posibilidad de elección de centros residenciales a muchas personas mayores ya que sólo pueden acudir con una prestación vinculada de garantía a los centros cuya tarifa es inferior a las del coste de referencia que marca a Consellería. Además, esto impide que puedan recibir los servicios opcionales o añadidos, como una habitación individual, que consideren ya que no pueden pagar nada más. Han sido más de 100 residencias las que han informado a la Consellería de la imposibilidad de poder atender a personas con esta limitación.

Tras el estudio de la memoria económica que acompaña la tramitación del nuevo decreto, observamos que el incremento de las ayudas previsto es insuficiente para cubrir el coste de los nuevos requisitos exigidos lo que provocará que aumente el copago que llevan a cabo las personas usuarias y sus familias. Esta situación puede provocar que muchas personas tengan que abandonar estos centros por la incapacidad de hacer frente a las nuevas tarifas.