La Consellería de Igualdad valenciana debe 40 millones a las residencias privadas y empresas gestoras

El Concurso de plazas residenciales de personas mayores denominado “Licitación número CNMY16/18-18/52. Servicio de puesta a disposición de 3.300 plazas en centros residenciales para personas mayores en la Comunitat Valenciana”, que fue el primero que llevó a cabo la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, venció el 31 de Agosto de 2.021. El concurso que lo sustituye, de 7.100 plazas, está en la fase de apertura de sobres actualmente y se espera que entre en vigor el 1 de Septiembre de 2.022. Es decir, con un año de retraso.

Al mismo tiempo, muchos centros de servicios sociales de titularidad pública y que son gestionados por entidades privadas se encuentran en la misma situación; sin contrato, con la obligación de seguir prestando el servicio y con retrasos en el cobro de las facturas correspondientes a dichos servicios.

Este retraso administrativo está provocando un atraso en los pagos, ya que no se han cobrado facturas correspondientes a servicios prestados de Noviembre del 2021 en adelante. Al no existir contrato en vigor, se debe pagar a través de un expediente de resarcimiento, que debe ser aprobado por el Consell, lo que dificulta y alarga el periodo de cobro de estas facturas.

El importe de la deuda acumulada por el concurso de las 3.300 plazas asciende a 27 millones de euros, a lo que hay que sumar otros 13 correspondientes a las gestiones integrales, lo que sitúa la deuda en torno a los 40 millones. Esta situación se está volviendo insostenible y pone en una situación financiera muy complicada a las empresas que prestan el servicio a estas personas en situación de dependencia.

“Hay muchas facturas del mes de Noviembre todavía sin pagar lo que está provocando grandes problemas a las entidades que atienden a estas personas”, ha indicado el presidente de AERTE, José María Toro.

“Esta situación es muy grave y no se debe a la carencia de fondos, ya que estos pagos podrían haber entrado en el FLA del pasado 30 de Abril, sino a una retrasada gestión administrativa que impide que las facturas se contabilicen adecuadamente. Esto es intolerable.” afirmaba el presidente de AERTE.