La Consellería de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, liderada por Susana Camarero, debe trabajar en desbloquear el acceso al sistema de atención a salud mental que se vio gravemente afectado por el decreto 102/2022, que aprobó la antigua Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas en el mes de agosto de 2022, según reclama la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE).
Este decreto conllevó un recorte del tope de las ayudas que deben recibir las personas que necesitan acceder a una vivienda de este tipo, de 2.350 a 745 euros mensuales, lo que hace prácticamente imposible que las personas afectadas puedan acceder al servicio que necesitan, recuerdan desde la patronal.
“El acceso a las viviendas con apoyos para salud mental en la Comunidad Valenciana se vio muy afectado por la reducción de las ayudas”, ha indicado el presidente de AERTE José María Toro.
Si bien, las personas que estaban en esos centros cuando entró en vigor el decreto han mantenido el nivel de ayuda, las personas que necesitan incorporarse al sistema o pasar de un centro a otro ven reducida la ayuda de tal manera que no pueden recibir la atención que requieren y a la que tienen derecho.
“La paradoja que se produce es que hay plazas libres en viviendas que podrían ser ocupadas por personas que lo necesitan y, por la reducción de la ayuda, les resulta imposible pagarlas. Por eso, es necesario que se eliminen los recortes que llevó a cabo el gobierno del Botànic en esta materia. Nos parece que el Día Mundial de la Salud Mental es un buen momento para seguir reivindicando esta cuestión,” declaró Toro.
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