Última actualización: martes 30 de diciembre de 2025, 03:23h
El Estudio Socioeconómico de la Dependencia en España elaborado por ACRA (Associació Catalana de Recursos Assistencials) alerta de un sistema tensionado que afronta graves problemas de financiación y personal, además del reto demográfico del "baby boom": España necesita crear 118.000 camas residenciales antes de 2033.
El sector de la dependencia en España se enfrenta a una presión sin precedentes. Según el informe socioeconómico de ACRA presentado en julio, el crecimiento de la población de más de 65 años se duplicará en la próxima década, pasando de un incremento de 1,4 millones en el periodo 2014-2024 a una previsión de 2,9 millones de personas adicionales entre 2025 y 2035.
Este escenario demográfico sitúa al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) ante un desafío logístico y financiero de gran magnitud.
De esta forma, en 2024, el sistema registró un total de 2.165.648 solicitudes, lo que supone un incremento respecto a los 2,06 millones del año anterior. De estas, el 94,1% han sido resueltas, reconociendo el derecho a prestación a 1.636.757 personas. Actualmente, el número de beneficiarios con un Programa Individual de Atención (PIA) asciende a 1.518.424 personas.
A pesar de estas cifras, la gestión administrativa sigue mostrando cuellos de botella. El tiempo medio de resolución de una solicitud en 2024 se situó en 334 días, diez días más que en 2023, consolidando una tendencia de estabilidad por encima de los once meses de espera.
No obstante, la lista de espera de personas con derecho a prestación que aún no reciben su servicio o ayuda (el llamado "limbo de la dependencia") se ha reducido a 118.333 personas, un 11,7% menos que el año anterior.
El déficit inminente de profesionales
Uno de los puntos más críticos del informe es la alerta sobre la sostenibilidad del personal. Manteniendo las ratios de cobertura actuales, el estudio estima que para el año 2033 serán necesarios 148.256 profesionales adicionales en el sector. En este punto, la formación y las políticas que permitan la homologación de títulos será fundamentales.
Esta cifra se desglosa de la siguiente manera:
Residencias: Se requerirán 81.803 nuevos profesionales para mantener la ratio de 0,5 trabajadores por plaza y la cobertura de 3,98 camas por cada 100 mayores de 65 años.
Atención a domicilio: Serán necesarios 66.453 profesionales más para cubrir la intensidad de horas demandada por los diferentes grados de dependencia.
El informe vincula esta necesidad con la evolución de la afiliación a la Seguridad Social, que en 2024 alcanzó los 318.586 afiliados en residencias y 412.159 en atención a domicilio.
118.000 plazas residenciales o el colapso
Por Javier Cámara
La generación del baby boom no es una abstracción estadística; es una realidad que está a punto de poner a prueba las costuras de nuestro sistema de bienestar.
El dato del informe de ACRA es demoledor: España necesita levantar, equipar y poner en marcha 118.000 plazas residenciales antes de 2033 solo para no perder la actual (y ya ajustada) tasa de cobertura.
No estamos hablando de mejorar el sistema, sino de evitar su naufragio. Construir tal cantidad de plazas en apenas ocho años requiere algo más que buenas intenciones; exige una movilización de recursos públicos y privados sin precedentes.
Sin embargo, la realidad choca con una financiación estancada en el 1% del PIB y un laberinto burocrático que ralentiza cada nueva apertura.
Este déficit de infraestructuras es la consecuencia directa de una inversión pública que, históricamente, ha caminado muy por detrás de las necesidades sociales. Mientras la media de la OCDE destina un 1,79% de su riqueza a la Dependencia, España se mantiene en niveles que apenas permiten sostener lo existente, haciendo que cualquier plan de crecimiento sea, hoy por hoy, una quimera financiera.
Sin una apuesta presupuestaria valiente y estructural, no solo no se crearán esas nuevas camas, sino que el sistema actual seguirá languideciendo por falta de oxígeno económico.
Esas 118.000 plazas son, en realidad, 118.000 proyectos de vida digna que, a día de hoy, no tienen donde aterrizar. La cuenta atrás ya ha empezado.
Realmente, empezó hace mucho.
El reto de las infraestructuras: faltan 118.000 plazas residenciales
Más allá del personal, el informe de ACRA pone el foco en la falta de plazas físicas. España cuenta actualmente con una oferta de 390.318 camas, pero la ratio de cobertura ha caído hasta las 3,98 plazas por cada 100 mayores de 65 años, alejándose del objetivo recomendado de 5 plazas.
Para que el sistema no colapse ante el aumento de la población mayor (el fenómeno del baby boom), el estudio proyecta que en 2033 España necesitará un total de 508.940 plazas. Esto implica que, en apenas ocho años, el país debe crear 118.621 plazas adicionales, un desafío constructivo y de inversión que actualmente no tiene un plan de financiación claro en los presupuestos públicos.
Pero el análisis sitúa la infrafinanciación como el origen de gran parte de los problemas del sistema. España destina aproximadamente el 1% de su PIB a la financiación de cuidados de larga duración (sumando inversión pública y privada), una cifra que se queda muy lejos del 1,79% de promedio de los países de la OCDE. Países como Suecia, Suiza o Noruega, que presentan mejores índices de cobertura residencial, tienen una relación directa con un mayor porcentaje de inversión respecto a su PIB.
En cuanto a la atención residencial específica, se estima que el gasto total en 2022 fue de 8.533 millones de euros, de los cuales el 33% provino de financiación privada.
Desequilibrios territoriales en la prestación
El estudio de ACRA también evidencia una gran disparidad entre comunidades autónomas. Cataluña (39.755 personas), Andalucía (17.192), País Vasco (14.321) y Madrid (10.859) concentran casi el 70% de la lista de espera total de España. En el extremo opuesto, Castilla y León prácticamente no registra lista de espera debido a su modelo de concesión inmediata de prestaciones económicas, aunque estas suelen ser de menor cuantía.
Por otro lado, existe una tendencia creciente hacia los cuidados en el entorno familiar. El informe señala que el aumento de horas obligatorias en la ayuda a domicilio está derivando en una transferencia hacia las Prestaciones Económicas de Cuidados Familiares, que ya representan el 41% del total de prestaciones del sistema.
El cierre de pequeñas residencias y la concentración del mercado
Un dato relevante que aporta el informe final es la evolución de la oferta física de plazas. Entre 2022 y 2023, se produjo una reducción neta de plazas de titularidad privada, cayendo de 122.879 a 115.224. Esta bajada se explica por el cierre de 153 centros residenciales, la gran mayoría de pequeño tamaño (menos de 30 plazas), con un promedio de 21 plazas por centro clausurado.
A pesar de este ajuste, el mercado residencial sigue estando muy atomizado: los diez principales operadores solo controlan el 21,3% de las plazas. En cambio, en el sector de la ayuda a domicilio, la concentración es máxima, donde los diez mayores competidores acaparan el 90% del mercado en términos de usuarios.
La paradoja de la titularidad vs. la financiación
El informe de ACRA aclara una confusión habitual en el debate público: quién paga y quién gestiona. Aunque el 73,5% de las plazas residenciales en España son de titularidad privada, solo un 30% se pagan íntegramente con fondos privados.
Esto significa que la mayoría de las plazas en centros privados están financiadas con dinero público a través de conciertos o prestaciones vinculadas al servicio. De hecho, actualmente más del 70% de todas las plazas residenciales del país cuentan con financiación pública.
Comparativa internacional: el modelo de "envejecer en casa"
En el contexto europeo, España presenta un comportamiento dual. Supera ligeramente la media internacional en cobertura de atención domiciliaria (11,3% frente al 10,9% de la UE), pero suspende en cobertura residencial. Mientras que la recomendación de la OMS se sitúa en 5 plazas por cada 100 mayores de 65 años, la media española se queda en el 3,93%, lejos de países como Bélgica (6,5%) o Luxemburgo (7,8%).
El estudio concluye que existe una tendencia global en la OCDE hacia la reducción de plazas residenciales en favor de modelos comunitarios. Sin embargo, en España este cambio parece venir forzado por la falta de inversión y el colapso administrativo más que por una transición planificada, lo que deja a miles de familias dependiendo exclusivamente de las prestaciones por cuidados familiares, que ya son la opción mayoritaria para 636.030 personas.
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