¿Cómo pudieron los Austria dominar un gran imperio en el que los conquistadores eran muchos menos que los nativos y en un mundo en que las comunicaciones eran lentas e inseguras? Pues lo hicieron estableciendo un complejo entramado burocrático de virreyes, gobernadores, audiencias, oidores y fiscales que se controlaban desde la metrópoli a través del Real y Supremo Consejo de Indias. Ese Consejo dictaba las leyes que debían aplicarse en la América Española. Correspondía entonces a las autoridades sobre el terreno la aplicación concreta. Lo cierto es que en muchas ocasiones las órdenes dictadas desde el Consejo nunca llegaban a aplicarse ya que, el virrey de turno las interpretaba como creía llegando incluso a utilizar la curiosa fórmula "obedezco, pero no cumplo".
Como la corona estaba más preocupada en las inútiles guerras religiosas que financiaba con las riquezas que llegaban de ultramar, mientras siguiesen llegando cargamentos de plata y se mantuviese el orden en América, el cumplimiento concreto de las leyes y las órdenes les dejaba indiferente. Eso sí, siempre se actuaba como si las órdenes se cumpliesen y la maquinaria funcionase perfectamente. Como el Consejo estaba formado en su mayor parte por nobles que habían ejercido funciones de responsabilidad en las colonias, con toda seguridad ellos conocían lo irreal de la situación, sin embargo, participaban felices de la charada.
Casi quinientos años después, perdidas las colonias y disfrutando de una democracia, revivimos una situación similar al "obedezco pero no cumplo". La Ley de Dependencia es clara cuando establece que habrá un sistema único de valoración de la dependencia o cuando dice que existirán criterios comunes de acreditación, copago o de calidad establecidos en el Consejo Territorial del SAAD. La realidad es que, cuando estos criterios comunes tienen que ser aplicados en las Comunidades Autónomas, cada una lo hace como quiere de forma que, en la práctica, ni se valora, ni se copaga ni se acredita de la misma forma. Eso sí, si sólo escuchásemos a los responsables del Ministerio acabaríamos convencidos de que ellos creen que lo que dice el Consejo Territorial se aplica. Esto es así porque, en el fondo, parecen estar interesados únicamente en que lleguen mensualmente galeones cargados de estadísticas que den a entender que el sistema de la Dependencia es un éxito.
Hay muchos ejemplos que ilustran mi argumento. Uno, antiguo es de 2008, cuando el Consejo estableció unos criterios comunes de acreditación entre los que aparecía la capacitación de las gerocultoras, titulación de los directores, ratios mínimas o sistemas de evaluación de la calidad. Doce años después, cada comunidad ha seguido su camino. Algunas han hecho lo que les ha parecido bien, otras lo que les ha dado la gana. Lo que no han hecho es nada muy parecido a las demás o a lo que indicaban los criterios comunes.
Dos años después, en marzo de 2010, el Consejo aprobó una resolución que debía “mejorar” la prestación económica para cuidados en el entorno familiar. Si alguien se preocupa en leerla verá que cambiaba muy poco, además, lo que modificaba podía ser incumplido si se daban circunstancias "excepcionales" que las propias comunidades podían concretar. Total, que las Comunidades Autónomas siguieron, cada cual a lo suyo sin preocuparse demasiado de si lo que hacía una se parecía a lo que hacían las otras, a lo que decía el Consejo Territorial.
Ahora que el Consejo afronta el establecimiento de unos nuevos criterios de acreditación (sin que en doce años se hayan cumplido los anteriores), la sensación es de déjàvu. Como muestra un botón. Mientras se están elaborando los criterios, en Castilla la Mancha han anunciado la aprobación de una normativa que, a primera vista, no está teniendo demasiado en cuenta los criterios que, de momento, aparecen en los documentos de trabajo del Ministerio.
Sinceramente, creo que los elementos básicos de regulación de las residencias para personas mayores en España deberían ser comunes. Si los aspectos arquitectónicos, requisitos de personal y sistema básico de funcionamiento fuesen únicos nos beneficiaríamos todos. Sería mucho más fácil establecer potentes sistemas de software de gestión, generar conocimiento y modelos que se podrían replicar convirtiéndose en más eficientes. Sé que las Comunidades Autónomas son muy celosas de sus competencias. Por eso creo que esos requisitos deberían considerarse como elementos de la existencia de un mercado único interior.
Vendría a ser algo así como la normativa técnica que establece cómo debe ser una tostadora. Ni siquiera tendría que ser acordado en España, sino que podrían adoptarse criterios acordados con otros países y crear mecados más amplios. Lo que me parece que no tiene sentido es tener diecisiete normativas con una gran diversidad y la apariencia de unos criterios comunes que no llegan a plasmarse en el mundo real.
Hizo falta que cayera el Imperio y los historiadores analizasen los documentos para ver cómo funcionaba de verdad la administración imperial. ¿Qué hará falta para que hoy nos demos cuenta del divorcio que existe entre lo que dice la Ley, el Consejo Territorial y la realidad e intentemos hacer algo?
Si (
No(