Creo que todos queremos que mejoren las residencias o, mejor dicho, que sigan mejorando como lo llevan haciendo desde hace 30 años. Para algunos, entre los que me encuentro, esto supone acelerar el proceso de cambio iniciado hace unos años con cuatro puntos clave: la orientación del modelo hacia la Atención Centrada en la Persona, mejoras de recursos humanos (aumento de ratios a medida que los residentes necesiten más atención y de las condiciones laborales para atraer y mantener talento), la resolución de “la cuestión sociosanitaria”, o sea, cómo reciben los residentes los servicios sanitarios a que tienen derecho siendo éstos pagados por la sanidad pública con independencia de quien los preste y, por último, la financiación adecuada de las plazas, ya sean públicas como privadas de forma que se pague en relación con lo que de verdad se recibe.
Para otros lo que hace falta es “un cambio urgente en el modelo de gestión” de las residencias. O sea, que el problema principal es que la mayor parte de residencias de personas mayores son gestionadas por empresas que buscan el lucro y muy pocas directamente por las administraciones públicas. Quienes defienden ese postulado entienden que, en la medida en que los entes públicos no buscan lucrarse con el cuidado, dedican todos los recursos a atender mejor a los residentes. En cambio, una empresa tiene que “sacar beneficio” y la única forma en la que puede hacerlo es “quitando algo” a los mayores dependientes a los que atiende. Yo creo que quienes ven así las cosas viven encerrados en el mundo de sus ideas ignorando que estas sucumben cuando se exponen a la realidad.
Prueba de ello es una noticia reciente en la que un representante sindical se queja amargamente de que "Las residencias de titularidad pública son completamente irrelevantes ante el conjunto de residencias y sus centros están anticuados, envejecidos, faltos de inversión en recursos económicos y personales y olvidados por los responsables públicos que llevan muchos años gestionando estas instituciones mientras, año tras año, la situación se deteriora más". Cualquiera diría leyendo eso que una plaza en uno de esos centros le sale más barata a la administración que lo que se paga en una privada.
La verdad no es esa. Uno de los pocos estudios que hace una comparación sistemática, el que llevó a cabo la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana, concluye que las residencias privadas de esa comunidad tienen un coste diario de 52,50 euros con un nivel de calidad de 8,3 mientras las públicas cuestan 78,50 euros ofreciendo un nivel de calidad del 4,7. O sea, que son peores y más caras, luego que el problema no puede ser sólo la financiación.
¿Cuál es el nivel de absentismo en las residencias de tercera edad?
Si volvemos un momento al lamento del sindicalista de la noticia, éste nos habla de “la carencia de coordinación en la actuación de las residencias propias y el absentismo laboral crónico de una plantilla de personal con una media de edad muy elevada, derivado de unas cargas de trabajo inasumibles y que afecta al 40-45% de los trabajadores”. ¡¡¿Qué?!! En 2020, el absentismo en España alcanzó su récord histórico llegando al 7% cuando normalmente se sitúa alrededor del 5%. Es cierto que sanidad y servicios sociales suelen ser de los sectores con un nivel de absentismo más elevado, aún así, un índice que multiplica por seis la media debe tener una explicación bastante más compleja (o quizás más sencilla) que la que dice la noticia.
Podría decirse que las bajas se deben a las malas condiciones laborales de quien trabaja en residencias públicas, pero eso no aguantaría un contraste con la realidad. Los convenios públicos suelen tener salarios un 20% superiores a los privados y además jornadas laborales de unas 1.600-1.700 horas anuales frente a las 1.792 del convenio marco estatal que rige en la mayoría de residencias privadas en Espala. Las ratios en las residencias públicas son algo superiores a las de las privadas (según también el informe de la Sindicatura de Cuentas), por lo que las “cargas de trabajo inasumibles” quizás puedan relativizarse un poco.
“Todo ello redunda en una prestación de un servicio básico inadecuado para la ciudadanía en general e inaceptable para nuestros mayores en particular”, sigue el texto.
La receta para solucionar el problema que se propone en la notica se basa en “una mayor inversión, la construcción de residencias públicas, un mayor control e inspección por parte de la Administración, la mejora en la calidad de los servicios y la mejora de las condiciones laborales para el personal”.
No sé si soy el único que no ve una relación entre los problemas expuestos y las soluciones planteadas. En lo que coincido totalmente es en la necesidad de tener un mayor control e inspección de las residencias públicas que ofrecen ese servicio “inadecuado” e “inaceptable”. A ver si empezamos a ver a las administraciones en esas listas de sanciones que a veces publican los periódicos.
Supongo que todo lo que he escrito no hará cambiar de opinión a nadie que esté convencido de que “esto de las residencias” debería ser público. Aún así, por volverlo a explicar, que no quede.