Hace unos días, leí en varios medios una noticia que básicamente decía que una “Plataforma por la Defensa de los Mayores” de Castilla-La Mancha había comenzado a recoger firmas para que en esa comunidad se dé más “apoyo económico a las plazas subvencionadas de las residencias públicas de mayores”. Aquí están los enlaces a las noticias mencionadas en La Vanguardia y en La Tribuna de Cuenca.
Leyendo un poco más a fondo, encuentro el siguiente argumento: en Castilla-La Mancha, hay residencias de titularidad municipal que funcionan gracias a unas subvenciones que reciben de la Comunidad Autónoma. Estas subvenciones se han mantenido fijas durante ocho años, mientras que los costes de atención han aumentado. Para solucionar esta situación, proponen que lo que paga la comunidad como subvención a estas residencias públicas municipales sea equivalente a lo que paga a las empresas que gestionan plazas concertadas en residencias de personas mayores.
He hecho esta explicación porque estoy casi seguro de que muy pocas personas que lean la noticia entenderán exactamente de qué se trata. Lo que sí han hecho los periodistas que las escribieron es plantear la cuestión como una especie de contraposición entre “público y privado”. Así, el titular de La Tribuna de Cuenca es “Piden el mismo dinero para plazas públicas que en concertadas”, dando a entender que las plazas concertadas (privadas) cuestan más a las arcas públicas que las residencias de titularidad pública, algo que no es cierto.
El problema de fondo es que tenemos un servicio (atención a personas dependientes en régimen residencial) que es prestado simultáneamente por administraciones públicas, entidades privadas sin ánimo de lucro y entidades empresariales. Aunque lo que ofrecen es conceptualmente lo mismo (servicio hotelero, atención en las AVD, apoyo personal y un servicio sanitario complementario del público), lo cierto es que los costes y el sistema de financiación son muy diferentes.
Casi nadie sabe cuánto le cuesta a la Comunidad de Castilla-La Mancha mantener una plaza en una residencia pública gestionada por la propia comunidad. Y, aun así, todo el mundo sabe que la cifra es muy superior a los menos de 60 €/día que paga la misma administración a las residencias que ofrecen plazas concertadas. La noticia que comento nos dice cuánto está pagando la comunidad en concepto de subvenciones para mantener las residencias de titularidad municipal, pero, con toda seguridad, será menos de lo que le cuesta a la comunidad mantener sus propias plazas.
¿Sería posible cambiar la orientación y centrar el sistema de financiación en la transparencia?
Imaginemos que la comunidad de Castilla-La Mancha, y todas las demás, hiciesen públicos los datos: ¿Cuánto cuesta cada tipo de plaza? Y, para completar la información, ¿cuál es el nivel de calidad que ofrece cada tipo de plaza? Para poder ofrecer esa información haría falta disponer de un indicador de calidad de vida que permitiera concretar cómo es la atención que se recibe en una residencia pública (gestionada directamente por la administración); pública gestionada por una empresa o entidad; concertada; beneficiaria de Prestación Económica Vinculada; pública municipal subvencionada, y privada.
Si algún día alguien hiciese ese ejercicio, solo haría falta sacar una calculadora para estimar “cuánto cuesta una unidad de bienestar”. Podríamos decir: “Las residencias públicas son mucho más caras que las privadas, pero solo en términos absolutos; si miramos los resultados que obtienen, resulta que son más económicas” o “¿Cómo es posible que las residencias públicas no solo sean más caras, sino que además ofrecen un servicio peor?”. También, si tuviésemos la información, podríamos elegir un sistema que fuese relativamente más caro teniendo en cuenta otros factores como los medioambientales o las condiciones laborales.
El ejercicio de transparencia abriría oportunidades casi infinitas. Por desgracia, hoy por hoy, no sabemos lo que diríamos, ya que vivimos en un sistema de opacidad interesada en el que ni siquiera las noticias que denuncian la infrafinanciación son comprensibles.
Autor del texto Josep de Martí Vallés. Jurista y Gerontólogo. Fundador de Inforesidencias.
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