Hace unas semanas, mientras volvíamos del viaje geroasistencial a Finlandia, leí un artículo de los que suelo guardarme “para cuando tenga tiempo de leerlo”, que me llamó mucho la atención y me hizo cuestionarme algunos argumentos que suelo defender y no pongo en duda. El artículo, disponible en Investigate Europe y que tiene ya casi tres años y se titula "En Noruega, los municipios recuperan el control de las residencias de ancianos", exploraba un cambio significativo en la gestión de este tipo de establecimientos de servicios sociales para mayores en este país nórdico.
Noruega, un país escandinavo conocido por su sólido sistema de bienestar social, ha experimentado en los últimos años una creciente tendencia de los municipios a retomar la gestión directa de las residencias de ancianos cuya dirección, en su momento, había sido encargada a empresas privadas. Esta decisión de los municipios noruegos surge como respuesta a una serie de desafíos y críticas que el modelo de gestión privada ha enfrentado, especialmente en cuanto a la calidad del cuidado y la transparencia en el uso de fondos públicos.
La historia de la privatización
Para entender el contexto que describe la noticia (que, no olvidemos, es de 2021) en Noruega, es esencial retroceder unas décadas y observar cómo y por qué se optó, para empezar, por la gestión privada las residencias de ancianos. Durante los años 80 y 90, muchos países europeos, incluidos los nórdicos que habían vivido décadas de gobiernos socialdemócratas, adoptaron políticas más liberales que promovían la colaboración público-privada y la prestación privada de servicios públicos bajo la premisa de que el sector privado podría gestionar estos servicios de manera más eficiente y con menores costos.
No se trataba de “privatizar las residencias”, ya que los inmuebles donde se prestaba el servicio seguían siendo de los ayuntamientos (administraciones responsables de los servicios residenciales) y el acceso continuaba considerándose un derecho de los ciudadanos financiándose con dinero público y mediante el sistema de servicios sociales municipales. A pesar de ello, la idea de que se estaban “privatizando servicios sociales” caló en la sociedad sembrando el germen de la desconfianza.
Cuando el enfoque se centró en la externalización, varias residencias de personas mayores pasaron a ser gestionadas por empresas que prometieron mejorar la eficiencia y reducir el gasto público a través de la competencia en el mercado. Al principio, esto pareció funcionar. Los costos operativos se redujeron y la carga financiera sobre los municipios disminuyó. Así se siguió un camino que llevó a que casi un tercio de residencias de titularidad municipal pasasen a ser gestionadas privadamente. Sin embargo, con el tiempo, comenzaron a surgir problemas significativos.
Los desafíos del modelo privatizado
La gestión privada trajo consigo un enfoque en la racionalización y reducción de costos que, en algunos casos, se encontró con resistencias. Se empezó a decir que la “privatización” comportaba la disminución de la calidad del cuidado. Se empezaron a reportar casos de personal mal remunerado, lo que a su vez afectaba la moral y la capacidad de los trabajadores para brindar un cuidado adecuado. Se acusó a las empresas privadas de reducir la inversión en formación y en mejoras de las instalaciones, “en su afán por maximizar las ganancias”.
Todo ello entró en el debate político. Mientras unos aducían que se había mejorado la gestión y reducido el coste para las arcas públicas, otros decían que eso se hacía a costa de empeorar las condiciones de los trabajadores y la calidad de vida de los residentes. También se acusó a los ayuntamientos que habían externalizado la gestión de ser opacos, ya que la gestión privada impedía a los ciudadanos a acceder a todas las cuentas relacionadas con las residencias.
El retorno al control público
Cuando las quejas alcanzaron el debate público varios municipios noruegos comenzaron a reconsiderar la prestación privada del servicio público y optaron por recuperar el control de las residencias.
El artículo de Investigate Europe destaca cómo esta transición de vuelta a la gestión pública ha sido recibida de manera positiva tanto por el personal de las residencias como por los residentes y sus familias. Los municipios que han retomado el control han priorizado la calidad del cuidado sobre la reducción de costos, lo que ha llevado a mejoras notables en la satisfacción de los residentes y a que los costos se hayan incrementando siendo más altos antes de producirse el cambio.
El contexto noruego
Antes de sacar conclusiones de la histora que acabo de explicar y que recoge el artículo mencionado con un sesgo anti-empresa considerable, es importante señalar que Noruega tiene una serie de características únicas que facilita que pueda hacer experimentos con “viajes de ida y vuelta” que muy pocos otros países pueden permitirse, como que es uno de los mayores productores de petróleo del mundo (número 11) y disfruta de una abundancia de recursos financieros que le permite invertir significativamente en servicios públicos.
Además, el país tiene una población relativamente pequeña (cinco millones y medio de habitantes), un proporción de personas de más de 65 años del 19% (algo más baja que en España) y una tasa de corrupción extremadamente baja (cuarto país menos corrupto del mundo), lo que contribuye a una gestión eficaz y transparente de sus recursos. En este contexto, los municipios noruegos pueden permitirse retomar el control de las residencias de ancianos sin los mismos desafíos financieros que enfrentarían otros países.
De hecho, el gran debate que se produce en Noruega, cada vez que hay elecciones, es si se debe gastar más cantidad de lo que se saca del petróleo o hay que ahorrar para el futuro en un fondo soberano que en 2023 tenía 1.390.000.000.000€ (1,39 billones), o sea casi lo mismo que tienen unos ahorros de más o menos el PIB de España.
El desafío de aplicar el modelo noruego en España
Trasladar esta estrategia a España, donde el 75% de las residencias son de titularidad privada y el 66% del número total están financiadas con fondos públicos, presentaría obstáculos considerables. A pesar de ser los dos socios de la Unión Eurpea, las diferencias económicas y estructurales son significativas. La gestión pública directa de las residencias en España ha demostrado ser, mucho más cara que la gestión privada (aunque no se sabe la cantidad exacta porque en España no existe la transparencia de información pública de la que gozan los noruegos).
Tampoco existe un convencimiento en España, a pesar de las vociferantes manifestaciones de algunas autodenominadas asociaciones de familiares, de que las residencias gestionadas por la propia administración presten un servicio de mayor calidad que las de gestión privada.
Si existiese de verdad un malestar, es posible que algún gobernante o aspirante a serlo hubiese planteado la gestión directa. Lo que no podría hacer es plantear la “vuelta a la gestión pública”, ya que en España las residencias nunca han sido en su mayor parte públicas (os invito a leer lo que escribí hace un tiempo titulado “El mito de la privatización de las residencias”)
La importancia de la transparencia
Un aspecto en el que podemos y debemos avanzar, independientemente de quién gestione las residencias, es la transparencia. En España, la transparencia en la gestión de las residencias de personas mayores ha mejorado gracias a iniciativas como la de Inforesidencias.com, que promueve un Indicador de Transparencia de Residencias. Este indicador fomenta que las residencias compartan información crucial, como el ratio de personal, detalles sobre las instalaciones, y las actas de inspección, garantizando la privacidad de los datos personales.
La transparencia es fundamental para construir confianza y garantizar que las residencias operen de manera ética y efectiva y puedan demostrarlo a los ojos de sus usuarios, familiares y trabajadores. Proporcionar acceso a esta información permite a las familias tomar decisiones informadas y anima a los operadores para mantener altos estándares de calidad. Aumentar la transparencia puede ayudar a mitigar algunos de los problemas asociados con la gestión privada y pública, asegurando que la prioridad siempre sea el bienestar de los residentes.
El futuro del cuidado de los mayores es un tema complejo y multifacético. Creo que los prestadores de servicios deberían seguir innovando y las administraciones deberían determinar qué línea quieren seguir e intentar mantenerla durante periodos largos de tiempo que permitan asegurarse que se construirán y funcionarán suficientes residencias para las personas que las van a necesitar. Los experimentos, como el de Noruega, tienen sentido si eres Noruega. En España aconsejaría hacer los experimentos con gaseosa, no sea que rompas algo que funciona y luego no sepas arreglarlo.
Autor del texto Josep de Martí Vallés. Jurista y Gerontólogo. Fundador de Inforesidencias.
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