La Unió de petites i mitjanes residencies (UPIMIR) viene reclamando en las últimas fechas una salida para la situación de las pequeñas y medianas empresas de un sector en Cataluña, el geroasistencial, que presenta usuarios cada vez más precarios en salud y con mayores requerimientos sanitarios; exigencias cada vez mayores y fuera de contexto muchas veces de las familias; inspecciones de todo tipo alejadas de la realidad y con criterios intransigentes y recaudatorios; normativas de todo tipo que encarecen aún más nuestro día a día; listas de espera totalmente ineficientes; sensación de asfixia normativa, económica y reputacional... en resumidas cuentas, un sector a punto de la crucifixión y la lapidación.
La patronal viene insistiendo en que "algunos (empresarios) seguro que optarán por cesar su actividad" y vuelve a pedir "no utilizar decretos de imposible adaptación a la realidad para muchos" y que se deje de "manipular así el sector geroasistencial".
Esta semana, UPIMIR volvía a dirigirse a sus asociados en una carta:
ACREDITACIÓN SÍ, PERO...
Intentaremos de forma didáctica y resumida expresar nuestra opinión sobre como creemos debería desplegarse el decreto que afecta la viabilidad y futuro de más del 80 % de centros residenciales para personas mayores y centros de día. Como primera premisa, quede claro que siempre hemos apostado por la mejora en todos los sentidos de nuestro modelo de atención al usuario en forma humana y de equipamiento de nuestras entidades. Quede también claro que la causa del problema es el decreto de accesibilidad de Cataluña aprobado en 2015, por ello entendemos que lo anterior a esa fecha debería quedar contemplado de forma diferente a como parece ser ira pasando.
Todos los centros de apertura anterior a esa fecha no cumplen con tal código de accesibilidad (no existía) y lo que es peor, muchos, la mayoría, nunca podrán cumplir con ello en parte y por razones obvias arquitectónicas. No se trata de si son públicos, colaboradores, concertados, o con PEVS, queda claro que los privados no se ven afectados por este decreto y por ello su actividad no se verá alterada.
Las incongruencias, la destrucción de plazas, el abocamiento al cierre o falta de subsistencia total de los centros anteriores al 2015 es mayúscula, curiosamente la administración considera que los centros ya concertados, pese a no cumplir con lo exigido, se acreditan directamente. Eso es un ultraje en su conjunto y lo que debe plantearse a nuestro entender es un período moratorio para intentar que los que puedan modificar algo lo hagan o busquen vías de existencia empresarial o incluso planteen cambio de ámbito atencional, algunos seguro que optarán por cesar su actividad y precisarán de acompañamiento (El Ministerio ha dado casi una decena de años para ello), en caso de por medidas mayores no poder cumplir con lo exigido, valorar como se encaja en la cartera de "serveis socials" tal tipología de centros, ayudar a salvar PIMES, puestos de trabajo y plazas ocupadas y por ello sin duda centros apreciados y respetados por usuarios y familia, amén de entender que todo ello tendrá una repercusión económica que si traslada al precio final en la plaza ¿quién lo podrá costear?
Miren ustedes, hay centros con carencias estructurales insalvables que han demostrado durante décadas su buen hacer.
Además, todo y que la administración contemple por esa vía una reconversión del sector la realidad será otra muy diferente y no deseada. Tiempo al tiempo.
Amén de tener serias dudas sobre la legalidad administrativa de exigir a centros anteriores a las 2015 normas de publicación posterior, e imposible cumplimento, por esa regla de tres y en otros ámbitos la mayoría de restaurantes de Cataluña deberían tirarse al suelo.
Trabajemos todos en conjunto por no utilizar decretos de imposible adaptación a la realidad para muchos y manipular así el sector geroasistencial con clara discriminación intencionada o eso se intuye.
Los usuarios mandan y a ellos en gran parte el modelo de proximidad y trato personalizado con tamaños medio pequeños de capacidad, les atrae y lo disfrutan, las familias lo mismo y el tejido empresarial de PIMES se nutre con nuestra existencia, seamos consecuentes,somos UPIMIR y con voz alta y clara decimos, sí a mejorar no a ser expulsados por normas de imposible cumplimiento, nuestra sensación es que se ha utilizado a cientos de residencias durante años y ahora se la menosprecia y se reniega de ellas, se las considera como no útiles, evidentemente una vez más el usuario y su atención se reduce a poco en esta tesitura normativa.
Ánimos y fuerzas a todos esos centros que sufren cada día el no saber que les pasará y aun así atienden, cuidan y quieren a sus usuarios, dejándose la piel por el bien hacer.
Si te ves reflejado por lo anterior y quieres sumarte a nuestras tesis no dudes en asociarte, solo unidos y juntos podremos defender nuestro modo de trabajar.
Mientras, gracias por tu dignidad.
Falta de Transparencia en la Comunidad Valenciana
Por su parte, la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios de Atención a la Dependencia de la Comunidad Valenciana (AERTE) presentaba recientemente una reclamación al Consejo Valenciano de Transparencia al no haber recibido los informes sobre incidencia económica en las personas usuarias de los servicios, solicitados a la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas tras la aprobación del nuevo decreto de tipologías.
El escrito de solicitud de dicha información, presentado el pasado 3 de Abril, no ha tenido contestación por parte de la Consellería en el plazo de un mes, lo que incumple la Ley 1/2022 de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana.
"Esta falta de transparencia genera una desconfianza muy importante. ¿Cómo podemos creer a la vicepresidenta Aitana Más cuando dice, en una carta dirigida a residentes, que el nuevo decreto no va a costar ni un euro más a los usuarios con ayudas de dependencia si no aportan los informes que lo justifica?¿Que consideración tiene el President Puig de esta actitud tan opaca de su Consell?" se preguntaba el presidente de AERTE, José María Toro.
Desde que se dio a conocer el dictamen del Consell Jurídic Consultiu, la Consellería indicó que esos informes existían y que se iban a aportar con total normalidad y transparencia. Sin embargo, ante la solicitud de AERTE la Consellería ni ha contestado ni ha pedido más plazo para contestar, lo que denota mala fe y ánimo de ocultar la información ya que la información está elaborada, disponible y simplemente debe ser entregada.
Si (
No(