Esta semana he participado en un acto organizado en el IESE de Madrid por parte del grupo Arpada, presente en el sector geroasistencial a través grupo Valdeluz Mayores, con el estimulador título “Sector sanitario social, ¿y ahora qué?”.
Me pidieron moderar una mesa en la que participaban tres protagonistas del sector de atención a mayores (Jorge Guárner, Javier Romero Reina y Doménec Crosas) y dos del sector de la promoción e inversión inmobiliaria (Juan Velayos y Juan Pepa). La idea, tratar sobre la evolución de la atención a personas mayores y de los diferentes modelos, tanto refiriéndonos a personas autónomas como dependientes.
No voy a transcribir ni resumir lo que se dijo en la mesa, que fue transmitido por parte de la web Medicina Responsable, por lo que creo que estará disponible on-line. Sí quiero destacar algunas cosas que me llamaron la atención.
La primera sobre el “Senior Living”, ese concepto que está pendiente por un lado de desarrollo normativo y, con aún más urgencia de delimitación conceptual. En la mesa pudimos oír que, bajo ese nombre encontramos hoy apartamentos con servicios, dentro de una residencia o en edificios independientes, con más o menos servicios y con una serie de amenities que buscan evitar la soledad y ofrecer “una vida diferente” a la que tiene uno en su propia casa con más énfasis en la vida comunitaria. El segmento de mercado de las personas mayores con capacidad adquisitiva que quieren ese “cambio de vida” ha atraído ya la atención de inversores españoles y extranjeros por lo que se espera que este tipo de viviendas en alquiler empiecen a aparecer en las grandes ciudades. Eso sí, en principio será algo no al alcance de todo el mundo. Eso lo dejaron claro los promotores.
Lo veo algo confuso, ya que si pensamos en “Senior Living”, creo que deberíamos incluir la vivienda en alquiler sin excluir promociones de venta de viviendas para mayores y otras figuras que existen como los cohousings senior basados en la cesión de uso y participación en una cooperativa. Estos últimos difícilmente van a atraer a inversores inmobiliarios.
Como he tenido la ocasión de participar en foros con presencia de las diferentes modalidades de senior living, sé que lo que tiene en común un inversor que quiere construir un complejo senior en régimen de alquiler y una cooperativa de cohousing son dos cosas: ambos quieren poder construir en suelo de equipamientos (o incluso en rústico tocando el núcleo urbano) y tienen una preocupación por lo que pasará cuando los vecinos/usuarios pasen a ser dependientes.
La respuesta urbanística varía de municipio a municipio. Sobre las personas que se vuelven dependientes, en principio, la respuesta es que pueden recibir servicios de ayuda a domicilio en el apartamento. Aun así, se plantean dos situaciones problemáticas: la de las personas mayores que “no quieren ver la decrepitud”, o sea personas que piden que quienes vayan en sillas de ruedas o vivan con demencia dejen el complejo; y por otro lado, las situaciones en que, sencillamente, no es posible seguir viviendo en el apartamento. En ese caso hay que buscar soluciones de derivación que den la sensación de “atención continuada” y no de “expulsión del paraíso”.
Después del acto de Grupo Arpada me quedo con la idea de que los inversores han visto una oportunidad de negocio, pero no las tienen todas consigo. No saben si habrá suficientes personas que estén dispuestas a “cambiar de vida” apostando por un modelo de vivienda en alquiler en una comunidad adaptada y con servicios que deberán abandonar cuando sean muy dependientes. Tampoco saben quién va a ser el gestor de esos complejos. ¿Los mismos que gestionan residencias? En otras palabras, ven un riesgo que buscan con quien compartir.
La atención residencial a personas dependientes está mucho más consolidada. Los inversores veían, tras más de veinte años de experiencia, una oportunidad con retornos moderados, pero cuasi garantizados y que tenía buenas perspectivas de crecimiento, como mínimo hasta 2060. Digo “veían” porque el Acuerdo de Belarra ha creado otro ámbito de incertidumbre, inseguridad y riesgo.
Crear un documento con una discutible mayoría, con la oposición de comunidades que representan a un 70% de la población, y que contiene requisitos incongruentes que critican todas las patronales, es encender una luz roja que ya ha hecho enfriarse algunos proyectos que se iban a poner en marcha.
El arbitrario límite de 15 plazas para las unidades de convivencia y de 120 plazas a las residencias son los dos puntos que más se critican.
A pesar de haber un consenso sobre que los criterios serán modificados o retirados, también lo hay sobre el daño que ya han causado.
Visto en perspectiva, parecería que esos criterios de acreditación han provocado un cambio de interés por parte de los inversores desde las residencias hacia nuevos modelos como los del senior living. Es una sensación falsa. Hay mucho dinero buscando ser invertido, el interés por nuevas formas de vivienda para mayores precede a los esfuerzos por alcanzar notoriedad de la ministra.
En un momento del debate surgió “lo sociosanitario”. Cada vez los residentes ingresan con un estado de salud más comprometido (varias enfermedades, polimedicación, fragilidad, dependencia...), pero las residencias no son centros sanitarios ni reciben financiación de la sanidad a pesar de estar obligadas a tener médicos y enfermeras. ¿Deberíamos crear centros especializados para diferentes necesidades? ¿Deberíamos centrarnos más en la persona que en el recurso? ¿Deberíamos “medicalizar las residencias”? ¿Deberán tener oxígeno y vacío los nuevos centros que se construyan?
Tuve la sensación de haberme quedado dormido hace quince años en un congreso sociosanitario y haberme despertado en IESE. ¡Seguimos diciendo lo mismo! Y no hay una respuesta clara. Lo peor es que no creo que la haya mientras desde los servicios de sanidad se vean las residencias como un aliviadero barato. Se sigue hablando de los miles de mayores que están ocupando una cama de hospital cuando ya no la necesitan, pero no de las decenas de miles que están ocupando una cama residencial recibiendo unos servicios sanitarios que correspondería asumir al sistema de salud pública.
Parece que en “lo sociosanitario”público seguimos avanzando pedaleando en la bicicleta estática mientras vemos salir el sol en un nuevo día de la marmota. En cambio, dentro del sector privado, pronto vamos a ver el nuevo modelo de residencia Valdeluz anexa a un hospital con quien va a compartir algunos servicios estableciendo una verdadera simbiosis.
Las claves en residencias pasan por una adaptación del modelo que debe empezar por considerar que este servicio va a costar más. Con eso en mente se puede hablar de incrementar ratios, espacios y forma de trabajo. Hasta ahora tenemos un servicio muy bueno si lo relacionamos con lo que se paga por él. Todos estamos convencidos de que debe seguir mejorando, no todos entendemos que algo mejor cuesta más y que alguien debe pagarlo. Ese alguien será la administración en las plazas de financiación pública, pero ¿cómo pagará el usuario privado las eventuales mejoras?
Intentando rememorar cosas que se dijeron en la mesa veo que me ha quedado un texto bastante desordenado. Perdón.
Si a alguien le sorprende que no haya escrito ni una vez “pandemia” o “covid-19”, no debe haber sorpresa. Antes del acto hablé con casi todos los ponentes y vi un consenso: la pandemia ha sido algo terrible, lo más terrible que le ha pasado al sector de atención a personas mayores. Debemos sacar aprendizajes, pero no obsesionarnos pensando en modelos pensados con una idea “Covid cero” que limite la libertad de las personas y su calidad de vida. En este sentido hay que seguir con los procesos de mejora que estaban en funcionamiento antes de la pandemia y afrontar los retos demográficos y económicos que nos acosan.
Seguro que ver el vídeo será mucho mejor que leer esto, así que, ya sabéis. Espero que esté pronto en la web Medicina Responsable.
Gracias a mis amigos de Grupo ARPADA por contar conmigo.
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