A mediados de 2017, un estudio realizado en treinta geriátricos reveló que la mayoría de ellos estaban deteriorados, contaban con personal poco capacitado e incurrían de manera habitual en prácticas que iban desde lo cuestionable a lo violatorio, tanto de los Derechos de las Personas Mayores como de lo establecido por la normativa que regula su actividad. Dos años más tarde, tras confirmar que las cosas no cambiaron demasiado, las mismas organizaciones buscan ahora involucrar a la comunidad para mejorar la calidad de atención del sector.
Algunos de los defectos que encontró el estudio eran que los residentes ingresan sin prestar su consentimiento expreso, a veces sin tan siquiera haberse entrevistado directamente con responsables de la residencia, bastando para ello con la firma de un familiar. En el aspecto material observaron que algunos de los establecimientos eran antiguos y estaban deteriorados; usaban pañales con residentes que no los necesitaban y ofrecían muy reducidos programas de rehabilitación.
Supongo que a estas alturas más de un lector estará empezando a indignarse pensando que, de nuevo, alguien va a perjudicar el buen nombre de todo un sector que funciona bastante bien tomando algún ejemplo extremo que no representa al conjunto.
La cosa no va por ahí. Quien quiera leer toda la información sobre esta situación, que ha llevado a unas asociaciones de personas mayores a plantear efectuar ellos mismos la inspección de las residencias denunciando las irregularidades, puede hacerlo aquí.
El hecho es preocupante, aunque no tanto directamente para nosotros o nuestros seres queridos más cercanos. Se trata de una noticia aparecida en el periódico el día 23 de junio y se refiere a la región de la Plata en Argentina.
Supongo que a más de un crítico desaforado de las residencias privadas le molestará no poder utilizar este estudio para criticar a las nuestras.
En España vivimos una situación similar, ¡hace treinta años! cuando el Fiscal General del Estado en su circular 1/1990 decía: "Viene siendo habitual que los ingresos sean convenidos entre los familiares del interno y el centro, llegando incluso a pactarse el régimen del internamiento, restringiendo o excluyendo la libertad personal al convenirse el régimen de visitas, salidas al exterior e incluso comunicaciones telefónicas y postales, lo que resulta gravemente atentatorio a derechos constitucionales básicos y a la libertad de la persona". Entonces el fiscal general dio instrucción a "los señores fiscales”, para que, “en cumplimiento de sus obligaciones, encomendadas específicamente en el artículo 3.7. de su Estatuto Orgánico y al amparo de lo establecido en el artículo 4” hicieran cosas como visitar las residencias, requerir información de los presuntos incapaces, presentar denuncias a las inspecciones de servicios sociales y ordenar incluso la intervención de la policía.
Deseo mucha suerte a nuestros amigos argentinos en su intento de poner en orden un sector como el de las residencias de personas mayores. Hoy, viéndolo en perspectiva (trabajé como inspector de servicios sociales entre 1991 y 2000) y comparando con lo que leemos en esta noticia, creo que la medida en la que ha evolucionado y mejorado el sector en estos años resulta espectacular.
Como suele suceder, analizar un tiempo pasado con criterios actuales puede llevarnos a engaño. En 1990, el sector de las residencias de mayores era algo incipiente (fuera de unas pocas públicas y de carácter benéfico). Por aquel entonces empezó a surgir la demanda y apareció una oferta que en principio tomaba la forma de casas que con una pequeña reforma se convertía en residencia. La primera normativa conteniendo los requisitos que debían cumplir las residencias privadas es de julio de 1987. En ese tiempo, que las condiciones de vida de una residencia se pactasen entre familiares y directores de residencia se consideraba algo totalmente normal.
Un repaso rápido a estos años me hace pensar en hitos importantes, como la reglamentación en todas las comunidades autónomas de las condiciones de autorización y funcionamiento; la progresiva profesionalización del sector de las residencias de mayores con la entrada de un variado abanico de prestadores tanto públicos como empresariales y de iniciativa no lucrativa; el impulso desigual que supuso la Ley de Dependencia; el proceso de capacitación profesional de las gerocultoras/auxiliares y la reciente llegada de grandes operadores internacionales. Paralelamente el surgimiento de ideas, hace treinta años desconocidas, como el funcionamiento sin contenciones o la Atención Centrada en la Persona están actuando como referentes éticos que guían la actuación de unos y sirven como puntos de referencia con quien comparar para otros.
En treinta años no hemos progresado con la velocidad que a todos nos gustaría pero creo que estaremos de acuerdo en que, mirados en el espejo que nos ofrece esta noticia de allende los mares, podemos estar razonablemente satisfechos, podemos sentarnos un momentito a pensar en qué hemos ido por un buen camino para levantarnos en seguida y seguir en la buena senda que ahora nos debe llevar a prestar servicios en un mundo en el que habrá muchas más personas mayores, mucho más diversas que hasta ahora, más exigentes, menos tolerantes a la frustración y quizás no con mucho más dinero del que tienen ahora.
Más vale que el breve descanso nos permita recuperar muchas fuerzas ya que vamos a necesitarlas.
Si (
No(