Si te digo que el 12% de las residencias de tercera edad de tu comunidad han sido sancionadas en los últimos 4 años, ¿qué te parece? ¿Son muchas o pocas? Si añado “La mayoría de las infracciones, muy graves, tienen que ver con la nula higiene, la falta de personal, el deficiente control alimentario o las inmovilizaciones de ancianos sin prescripción médica”. ¿Entonces qué? ¿Cómo te quedas? De eso va una noticia publicada hace poco en El Periódico.
Llevo años diciendo que existe una injusta desconfianza hacia las residencias de mayores que está en parte sustentada en una actitud de las administraciones públicas y un comportamiento errático de los medios de comunicación. Con exactamente los mismos datos que se han usado para escribir la noticia se podría haber generado el siguiente titular “Sólo un 3% de las residencias son sancionadas cada año”. Como hablar del “3%” puede generar nerviosismo en algunos, podrían haber escrito mejor “el 97% de las residencias no han recibido ninguna sanción en el último año”.
Sé que las buenas noticias no atraen lectores ni clics, y aún así me parece que no existe relación entre lo que transmiten los medios y lo que en realidad sucede en la gran mayoría de residencias.
La semana pasada Javier Cámara escribía en Dependencia.info sobre este mismo tema centrándose en el tendencioso y poco contrastado programa “Claves del siglo XXI” en el que decían que expondrían “imágenes de abusos, imágenes de vergüenza en, probablemente no todas las residencias, pero sí en algunas residencias que ahora mismo son verdaderos centros para el horror”.
Según me han explicado algunos asistentes a la grabación del programa de Televisión Española, lo que de verdad parecía un “centro para el horror” era el plató donde se grabó, con un presentador que al enterarse de que la ministra prefería no entrar en directo, empezó a gritar improperios contra la propia ministra y todos los que se encontraban a su alrededor. Cuando volvió el directo, también volvió la voz campanuda denunciando horrores y esparciendo sospechas.
Por desgracia se habló poco del horror que vivieron los profesionales de las residencias, sobre todo durante la primera ola, viendo cómo morían residentes a los que conocían muy bien y con quienes tenían una relación de afecto que muchas veces trascendía lo meramente profesional; faltos de equipos de protección (cuya distribución monopolizaba el gobierno); recibiendo continuos cambios de criterios y con una buena parte del personal de baja. O de la pesadilla de las directoras de las residencias que tenían que informar diariamente a diferentes administraciones de datos que éstas en muchos casos ya tenían de otras fuentes.
Las residencias fueron, sin duda, el escenario donde se representó una terrible tragedia, pero de ninguna forma fueron sus protagonistas. Esa es la verdad, pero no el relato que ha calado en la sociedad.
Sé que es una lucha perdida, ya que las residencias son una presa demasiado fácil para los periodistas de la carne picada, como para dejarla escapar si aparece cualquier historia que pueda generar morbo.
Como normalmente estas noticias vienen y van parece que no acaban haciendo daño. No es así. Lo causan y grande. Hoy vemos todavía plazas inexplicablemente libres en residencias de mayores. Esta situación puede deberse a muchas causas, pero seguro que una de ellas es la injusta desconfianza. También genera cautela en quienes tienen que arriesgar su dinero para construir y gestionar las residencias que necesitaremos en el futuro. “Riesgo reputacional” le llaman, y hace que los grandes inversores se piensen las cosas, aún más detenidamente, mientras los pequeños, aquellos dispuestos a arriesgar lo suyo y a endeudarse para construir una residencia, ven cómo los bancos les dicen que éste es un sector que miran con mucho cuidado (vamos, que no les dejan el dinero).
Cada residencia que no se construya ahora será echada de menos en veinte años, pero ¿quién relacionará su ausencia con lo que ahora se dice en la tele o en la prensa cuando en veinte años quizás ya nadie la mire o lea?
Sé que me vuelvo monotemático cuando expongo recetas para cambiar las cosas. Y aún así quiero insistir en que uno de los grandes problemas que tenemos es que el sector de las residencias vive en un edificio bastante opaco en el que, cada vez que se abre una ventana alguien la cubre con un cristal que distorsiona lo que se ve del interior. Cuando las administraciones nos quieren explicar lo que sucede en las residencias utilizando a sus “testigos de excepción” (los y las inspectoras), suelen hacerlo destacando su función sancionadora. Un ejemplo típico es el que he mencionado más arriba. Se destacan las sanciones impuestas como la Policía nos explica la cantidad de quilos de droga incautados.
Creo que ahora es un momento adecuado para hablar de esto porque seguimos con la redacción de los sucesivos borradores de criterios de acreditación de la dependencia. En uno de esos borradores aparecía el establecimiento de una “ratio de inspectores”, concretamente uno por cada 30 residencias. Ahora ya no está.
En el borrador más reciente que conozco (mayo de 2022) se dice que el resultado de las comprobaciones sobre acreditación se “comunicará”. No sé si se refiere a “hacer público” o comunicárselo al Estado desde las CCAA. Sea como sea, la experiencia que tenemos hasta ahora es que lo que se difunde son las infracciones y sanciones y no tanto los resultados de comprobaciones que son positivas y favorables.
Si sabemos que es así, ¿puede hacerse algo desde el sector geroasistencial?
En mi opinión, no deberíamos esperar a que sean las administraciones quienes decidan cómo y cuándo se es transparente, sino que deberían ser las propias residencias las que, de forma voluntaria, difundiesen sus actas de inspección, borrando datos personales.
La presión debiera ponerse en que las primeras inspecciones que deberían ser públicas habrían de ser las que se realizan a residencias públicas. Estas residencias, que tienen un coste extraordinario para las arcas públicas deberían servir de ejemplo a las demás estableciendo la vara de medir de lo que se considera buen servicio. Pero ¿lo son? ¿Se comprueba? ¿O quizás no se inspeccionan tanto?
Mientras seguimos con estas discusiones, de fondo sigue sonando el tic tac del reloj que anuncia la llegada del tsunami demográfico. Si llega, que llegará, y no estamos preparados, muchos que no podrán acceder a la residencia o servicios que necesiten, sí vivirán el horror de la desatención.
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