Tenía preparada esta tribuna para publicar en la que me quejaba de que algunas comunidades autónomas estuviesen limitando por decreto el tamaño máximo de las residencias en sus normativas de autorización cuando me enteré de que el Consejo Territorial del sistema de la dependencia, en un borrador, preveía exactamente eso como un criterio de acreditación, estableciendo un tamaño máximo de las residencias acreditables de 50 plazas.
Lo he dejado tal cual, creo que el mensaje es el mismo.
Mi buen amigo y gran conocedor de las residencias, Aitor Pérez Artetxe, ha bautizado como “pandemiadas” a las ocurrencias que tienen nuestros queridos gobernantes ahora que les ha dado por tomar medidas para evitar futuras pandemias.
Da igual que todavía no se haya acabado del todo la pandemia, que no sepamos con exactitud lo que ha sucedido y que no hayamos sido capaces de encontrar en el mundo real un modelo de residencia capaz de impedir con garantías la entrada de un virus traicionero que infecta a muchos de forma asintomática convirtiéndolos en vectores de contagio y acaba matando principalmente a los más vulnerables. Como digo, eso da igual. En los despachos de los gobernantes ha enraizado la idea de que hay que “cambiar cosas”, hay que tener residencias mejores y más resistentes a futuras pandemias y eso pasa, entre otras cosas por… limitar su tamaño.
El motivo de esa medida, que está muy cerca de ver la tinta del diario oficial en la Comunidad Valenciana si alguien no lo remedia, es que las residencias grandes no tienen una dimensión humana y que resulta más difícil controlar el virus en su interior.
A mí me parece una tontería decir eso hoy. Yo vivo en un edificio de ocho plantas con dos puertas por planta. En mi piso, cuarto segunda, vivimos actualmente cuatro personas. ¿Cuántos viven en el edificio? No sé, me da igual. En el mío, que es mi casa, repito, vivimos cuatro personas.
Si alguien vive en una residencia dividida en unidades de convivencia, de pongamos 15 plazas, convivirá con 14 personas más en su unidad. En cada planta habrá una o más unidades, pero el personal trabajará en una de ellas, con lo que cada residente verá a un grupo reducido de personas. ¿Qué más da cuántas unidades haya si yo voy a convivir siempre con un grupo reducido y atendido por el mismo personal? La verdad es que sí importa. Si hago una residencia con, pongamos 12 unidades de 15, vivirán en el edificio 180 personas. Esto me permitirá tener un sistema más eficiente de climatización, cocina, lavandería. Quizás incluso me permita tener unas zonas comunes fuera de las unidades como un gimnasio o una sala de actos. Si lo hago así, los residentes tendrán la sensación de que la unidad es su casa y la residencia una comunidad.
No me lo estoy inventado. Lo he visto en muchos países y también lo ha hecho mi también amigo el arquitecto Marc Trepat, que tras estudiar mucho y haber venido a un buen número de viajes geroasistenciales de Inforesidencias está diseñando residencias con unidades de convivencia flexibles, como la que se puede ver en este plano que amablemente me ha permitido compartir. Cuatro unidades de 15 por planta. En este planto incluso cada unidad tiene un espacio exterior en forma de balcón/terraza de forma que todos los residentes pueden tener un rato al día de sol y aire libre.
Prohibir que las residencias tengan más de 100 o 120 plazas es por esto una tontería.
Creo que el problema por el que estamos teniendo esta conversación escrita es que cuando un gobierno se pone a regular cómo deben ser las residencias de personas mayores lo hace desde la desconfianza. Eso explica por qué podemos encontrar en casi todas las comunidades autónomas normativas exhaustivas sobre requisitos arquitectónicos, de personal y funcionamiento de las residencias, pero no de las clínicas privadas.
¿Me lo invento? Hagan la prueba de buscar en su comunidad la normativa, publicada en un diario oficial, que regula una clínica donde haría cirugía estética y encuentren la ratio de personal, la cantidad de protocolos que exige o la ratio de habitaciones individuales. Es algo que resulta sorprendente.
Parece que en la cabeza del regulador habita el ánimo de frenar “los desmanes que cometerán quienes quieran construir residencias”. Por eso, creo yo, ponen ímpetu en aumentar “por decreto” el número de habitaciones individuales o el tamaño de las residencias. “Si no lo hacemos, movidos por su ansia insaciable de ganar dinero, los empresarios impondrán a los residentes condiciones inhumanas”, parecen pensar mientras escriben los requisitos.
Yo creo que se equivocan.
Para mí, la normativa debería regular el “mínimo ético” por debajo del cual consideraríamos una condición como un ataque a la dignidad de la persona. Algo así como los mínimos de habitabilidad. A partir de allí dejaría una combinación de innovación, competencia e “influencia a través de la financiación”. La normativa debería regular mínimos y la administración podría irlos elevando mediante el establecimiento de sistemas de concierto que requieran requisitos superiores.
Pero, mientras la administración no pueda financiar todas las necesidades y deje fuera de su nivel de protección a un amplio grupo de dependientes, creo que debería permitir que existan residencias de diferentes tipos. Que los emprendedores e inversores apuesten por modelos nuevos y diferentes que la gente pueda elegir.
En otros países que he visitado, especialmente en Holanda, la administración ha fomentado la innovación dando lugar a modelos como “la cultura del sí”, que en lugares como España se hubiese encontrado con a “barrera del no”.
Espero que desaparezcan las limitaciones sin sentido. ¿Soy el único?
Si (
No(