Reforma de la Ley de Dependencia: prohibido contratar en residencias condenados por delitos sexuales

El nuevo borrador de la reforma de la Ley de las Personas con Discapacidad y la Ley de Dependencia trae consigo cambios significativos en la regulación de las residencias y servicios de atención a personas dependientes, pero todavía no se puede consultar. Desde el Ministerio de Derechos Sociales informan a Dependencia.info de que el documento al que se hace referencia en numerosos medios de comunicación, y al que ha tenido acceso Europa Press, "no es público y podrá ser consultado una vez lo sea".

Desde el sindicato CCOO lamentan la filtración y explican que a pesar de que la Mesa de Diálogo Social sobre la atención a la dependencia sigue oficialmente activa, el proyecto de reforma no había sido enviado previamente por el Ministerio a las organizaciones sindicales y empresariales. En la reunión de mediados del mes de julio, recuerdan, el Ministerio mostró solo un boceto de su enfoque general.

"Cabe lamentar en este sentido la filtración de la reforma antes de que haya podido ser no ya discutida sino tan solo presentada en su integridad en el marco del diálogo social", apuntan desde CCOO, que entiende que una evaluación compartida de la situación actual del proceso de implantación del Sistema de Dependencia debería ser el punto de partida para la reforma. Además, es fundamental que esta iniciativa esté precedida por un diálogo social y un acuerdo previo, lo que aseguraría el máximo nivel de legitimación social y política necesario para que cualquier reforma legislativa sea aprobada en el Parlamento.

En la misma línea, Ignacio Fernández Cid, presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia (FED): "Con respecto al borrador que se ha filtrado sobre la reforma de la Ley de Dependencia, lo primero que tenemos que decir es que lamentamos que nos tengamos que informar a través de una filtración en medios de comunicación y no de la Mesa de Diálogo Social, que sería lo lógico y lo más normal. Nos quedamos perplejos por la forma de proceder".

Igualmente, la secretaria general de AESTE, Josune Méndez de Cruz, señalaba que "es una pena que nos llegue de esta manera y no hayamos tenido la oportunidad de incidir más y ver el texto con calma". "Realmente no se ha contado con nosotros para trabajarlo. Es difícil hacer aportaciones sin ver el texto completo de un borrador, solo con la explicación de unas líneas generales", recalca.

Por ello también, ha querido subrayar la importancia de mantener el diálogo social y que se pueda contar con nosotros para una cuestión que nos atañe directamente y que creo que tenemos muchísimo que aportar. Aun así, quería resalar, "la parte positiva es que se avance en la modificación de la ley, en eso estábamos todos de acuerdo". "La actualización de la Ley de Dependencia era una cuestión necesaria que había que abordar", exclama.

Para Josune Méndez es "preocupante que este nuevo planteamiento no quede saco roto", porque el papel lo soporta todo, y tiene que "dotarse de la financiación suficiente y de la estructura y recursos suficientes para poder llevar a cabo todo esto".

Antecedentes por delito sexual

Como fuere, las principales ideas del documento están publicadas y se ha querido destacar en esta reforma de la Ley de Dependencia, por lo que tienen siempre de llamativas las cuestiones relacionadas con el sexo, la introducción de una medida que obliga a los trabajadores de residencias y servicios afines a presentar un certificado que demuestre que no tienen antecedentes por delitos sexuales o de trata de seres humanos.

Se especifica que se trata de una normativa que hasta ahora solo se aplicaba a los profesionales que trabajan con menores. Esta disposición tiene el propósito de reforzar la protección de personas en situación de vulnerabilidad, asegurando que solo quienes cumplan con estos requisitos puedan desempeñar roles de contacto directo en el cuidado de personas dependientes.

El presidente de la FED recuerda que se trata de una demanda que vienen haciendo en el sector de la atención a las personas mayores "desde hace tiempo". "Al igual que en el caso de menores, era lógico también para dependientes. Nos congratulamos de que se vaya a aprobar esta medida", destaca.

Nuevos requisitos en las inspecciones

Igualmente, el borrador de la reforma establece que las comunidades autónomas deberán implementar "sistemas de alerta y respuesta rápida" para responder ante posibles abusos, maltratos, discriminación o cualquier limitación de los derechos de los residentes en estos centros. Esta medida va acompañada de la obligación de hacer públicos los resultados de las inspecciones realizadas en los centros, con el fin de garantizar transparencia y fomentar un entorno de confianza para las familias de los residentes. Estas inspecciones también buscan asegurar que se cumplan los principios de trato digno y el respeto de los derechos individuales de los usuarios de estos servicios.

En este punto sobre la transparencia de las inspecciones también está de acuerdo Ignacio Fernández Cid, aunque matiza que "siempre y cuando las distintas Comunidades Autónomas unifiquen para empezar sus criterios y no tengamos 17 modelos distintos de inspección, sino un único modelo". Lo ven bien como medida general, "pero tienen que cambiar mucho esos criterios de inspección y tener en cuenta también todos los aspectos positivos que se desarrollan en los centros, no solamente los negativos, que en muchos casos son aspectos subjetivos del inspector", añade.

Coordinación sociosanitaria y acceso igualitario

Otro de los cambios significativos en la normativa es la obligación para las comunidades autónomas de crear procedimientos de coordinación entre los servicios sanitarios y sociales, de modo que puedan brindar una atención integral a las personas en situación de dependencia. Este requisito busca garantizar que todos los usuarios tengan acceso a los servicios de salud en condiciones de igualdad, independientemente de su lugar de residencia.

Se pretende con esta medida que los servicios sociales y sanitarios trabajen en conjunto para ofrecer una respuesta complementaria y sinérgica a las necesidades de las personas dependientes, eliminando barreras de acceso y reduciendo desigualdades.

El portavoz de la Federación Empresarial de la Dependencia aplaude la medida, pero también recuerda y se pregunta "cómo y cuándo se va a desarrollar esa coordinación sociosanitaria porque llevamos más de 25 años con este tema y todavía no hemos llegado a buen puerto, pero hay que ser optimistas". "Estamos muy esperanzados de que se llegue a una verdadera coordinación sociosanitaria y que independientemente de dónde se viva, se reciban los mismos servicios sanitarios a los que tienen derecho", insiste.

Además, el nuevo texto introduce criterios específicos para determinar la urgencia en el reconocimiento de la situación de dependencia. Entre los factores de riesgo a tener en cuenta se incluyen la violencia de género, el aislamiento social, las condiciones habitacionales y de accesibilidad, así como el estado de salud del solicitante. Estos elementos podrán justificar que el proceso de reconocimiento se realice con mayor celeridad, para dar respuesta a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad.

Apoyo a cuidadores no profesionales

La reforma reconoce también los derechos de los cuidadores no profesionales, quienes podrán recibir asesoramiento, formación y apoyos que faciliten la conciliación de su vida laboral y familiar. Se plantea que los cuidadores tengan acceso a información clara y comprensible sobre las prestaciones disponibles, lo cual fortalece su rol en la atención de personas dependientes.

A este respecto, Fernández Cid subraya que en lo que se conoce del borrador no vienen determinados extremos que las empresas sí vienen demandado, como es la imprescindible formación de ese personal, que "no está en principio equiparado a la de los profesionales que se dedican a la dependencia, al menos, a través del certificado de profesionalidad".

Igualmente, lamenta que no sea "un profesional contratado a través de una empresa, porque esa es la única forma de que haya un control efectivo y una supervisión". "Si no, no entendemos cómo se va a poder hacer", señala.

Ampliación del catálogo de servicios y personalización de cuidados

El borrador introduce cambios significativos en el Catálogo de Servicios de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, ampliándolo para incluir nuevas modalidades de asistencia. Una de las modificaciones más relevantes es que la asistencia personal deja de ser una prestación económica vinculada a un servicio y pasa a formar parte de los servicios incluidos en el catálogo. De igual forma, se incorpora la teleasistencia para todas las personas en situación de dependencia, garantizando que puedan recibir apoyo inmediato en caso de necesitarlo, sin importar su ubicación.

Entre los nuevos servicios del catálogo se encuentra el "Servicio de cuidados y apoyos en viviendas", que presenta dos modalidades. En la primera, los usuarios conviven en grupos reducidos dentro de viviendas en un entorno comunitario, con servicios de alojamiento y manutención. Esta opción busca crear un modelo de convivencia participativo, respetando la autonomía de los residentes. La segunda modalidad consiste en alojamientos adecuados que forman parte de un equipamiento colectivo y cuentan con servicios de cuidados comunes, sin incluir el servicio de alojamiento. En esta modalidad, los residentes pueden compartir la vivienda con personas allegadas o cuidadores, si así lo desean.

También se incluye en el catálogo el "Servicio de provisión de productos de apoyo para la autonomía personal", que facilita el acceso a dispositivos, programas o equipamientos diseñados para mejorar la calidad de vida de las personas dependientes. Este servicio se gestionará mediante un sistema de préstamo o cesión temporal, lo cual flexibiliza el acceso a estos productos sin necesidad de incurrir en costos elevados.

Derechos de los residentes y condiciones en las residencias

La reforma enfatiza la necesidad de transformar las residencias en espacios "hogareños, inclusivos y accesibles", donde los usuarios tengan plena participación en la comunidad y puedan desarrollar su proyecto de vida con autonomía. En esta línea, se pone el acento en la personalización de los cuidados y el respeto a las preferencias, derechos e intimidad de cada residente. Asimismo, el nuevo texto elimina la anterior norma de incompatibilidad de prestaciones, permitiendo a los beneficiarios recibir múltiples apoyos en función de sus necesidades específicas.

El borrador establece que en la elaboración del Programa Individual de Atención (PIA) se deberá consultar a la persona en situación de dependencia para garantizar que sus preferencias sean tenidas en cuenta. En los casos en que las recomendaciones de los servicios sociales no coincidan con los deseos del beneficiario, estos deberán justificar de manera documentada que se han agotado todas las opciones para respetar la voluntad del usuario. Este cambio refleja un enfoque centrado en el individuo y su autodeterminación, asegurando que las decisiones sobre su cuidado se tomen con el mayor grado de participación y transparencia posible.

A este respecto, el máximo representante de la FED, subraya que está "muy de acuerdo en que el derecho a decidir de las personas se ponga en un lugar esencial y que todo vaya a continuación, por detrás, como por ejemplo que no sea la Administración pública la que decida motu propio el futuro que se destinará a ese dependiente, bien vía servicios o bien prestaciones y se tendrá en primer lugar que considerar la opinión del dependiente y si los servicios no están de acuerdo con las preferencias de la persona tendrán que justificar muy bien su decisión".

Esta Federación también aplaude el hecho de que se incorpore al catálogo de prestaciones y servicios las viviendas comunitarias, "un servicio que está muy desarrollado en el centro y norte de Europa y se tendrá que desarrollar aquí".

Del mismo modo, Ignacio Fernández-Cid, está de "totalmente de acuerdo" en que "la Ley de Dependencia también contempla servicios para retrasar esa dependencia en las personas mayores, por tanto, este tipo de fórmulas contribuyen a ello y combaten el fenómeno de la soledad no deseada".

Evaluación económica y derechos adicionales

En términos de capacidad económica, el borrador establece que se tendrán en cuenta la edad del beneficiario y el tipo de servicio prestado, pero excluye la vivienda habitual de esta valoración. Para los residentes en centros, se estipula que deberán contar con una cantidad mínima para gastos personales, a fin de apoyar su bienestar físico y emocional.

Otro derecho importante que se introduce en el texto es el de recibir una atención "libre de sujeciones", tanto físicas como mecánicas o farmacológicas, salvo en casos excepcionales en los que exista peligro inminente. Este derecho se enmarca en el respeto a la dignidad y autonomía de los residentes, quienes podrán vivir en entornos seguros sin restricciones innecesarias que limiten su libertad.

Pero nuevamente, desde la patronal FED se recuerda que "las residencias, los centros de día y la ayuda docmiciliaria llevan trabajando con esa máxima ya muchos años". Opina que si se quiere reconocer como derecho, "muy bien, pero no es un tema nuevo". En cualquier caso, Fernández-Cid concluye con que estas son las primeras consideraciones ante unas noticias que han salido: "Tendremos que estudiar el borrador con mayor profundidad y sobre todo esperar a la aprobación de la modificación de la Ley de Dependencia para podernos posicionar convenientemente".

El borrador, finalmente, se abre la posibilidad de establecer "espacios de exención regulatoria" donde se desarrollen proyectos piloto para probar nuevos modelos de servicios de cuidados. Estos espacios buscan explorar modalidades innovadoras de atención que puedan adaptarse mejor a las necesidades cambiantes de las personas dependientes, en un entorno controlado y regulado.

Apoyo profesional, siempre

Para la secretaria general de la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE), "toda la parte de reconocimiento de derechos de las personas dependientes está muy bien, lo que tiene que ver con la libre elección y con igualdad de condiciones, la atención sanitaria y la coordinación sociosanitaria": "Veremos la realidad luego en qué se traduce", opina.

"Valoramos muy positivamente la supresión del régimen de incompatibilidades de los servicios, también que se haya mantenido la excepcionalidad de la prestación económica de cuidados en el entorno familiar, que era una de las peticiones que teníamos nosotros. También el reconocimiento del servicio de teleasistencia como derecho subjetivo, así como la incorporación al catálogo de los servicios de productos de apoyo para la autonomía personal", recalca la representante de esta organización empresarial de carácter sectorial.

Sin embargo, genera muchas dudas la forma en la que se va a abordar toda la atención a las personas mayores con gran dependencia en los domicilios. "Ahí está la libre elección de las personas, pero desde AESTE nos preguntamos cómo se van a cubrir todas esas horas de apoyos que necesita la persona. Bajo nuestro punto de vista, apoyos profesionalizados siempre", zanja Méndez de Cruz.

Pero aclara: "Para nosotros, el modelo tiene que ser a través de la prestación de servicios... en este caso el servicio de ayuda de domicilio es el servicio que está profesionalizado con personas adecuadamente formadas y entendemos que los apoyos en domicilio tienen que ir por ahí".

Cuidados profesionales

La secretaria general de AESTE, Josune Méndez de Cruz, apunta no tener claro "cómo se van a cubrir todas esas necesidades porque entendemos que tienen que ser cuidados profesionales". "Eso es lo que nos preocupa, que no se puedan cubrir todas las necesidades de cuidado de las personas con mucha dependencia que se tiene en los domicilios" avisa.

Por otra parte Josune Méndez insiste en la profesionalidad del personal en ayuda a domicilio: "El servicio de asistencia personal también se debe definir bien y saber qué competencias deben tenerse de formación porque los apoyos a las personas con ese nivel de dependencia tienen que ser siempre profesionales. Por tanto, esta figura no la terminamos de entender bien y debería quedar muy bien definida".

Y luego con el tema de los cuidados y apoyos en viviendas, también hay que ver, según el borrador que se ha filtrado a una agencia de noticias, qué recorrido tienen y en qué se concretan realmente. "Nos generan muchas dudas esos modelos y veremos cómo se definen", casi termina de forma positiva para incidir: "Vemos cosas positivas, pero otras requieren que nos podamos sentar, valorar y que se pueda ver más allá de este borrador. La idea de cómo va a aterrizar realmente todo esto para que esos derechos que se recogen de las personas dependientes estén realmente garantizados con el acceso a estos servicios y ver cómo país y las diferentes comunidades autónomas cómo de preparados para sumir este reto".

Valoracion CCOO: calidad, servicios y copago

La valoración final del proyecto de reforma que llevará a cabo CCOO se basará en un análisis detallado de sus contenidos. Mientras tanto, es posible hacer las siguientes consideraciones generales:

Entre los aspectos favorables, las reivindicaciones sindicales sostenidas por CCOO incluyen varias de las medidas mencionadas en la noticia de EP. Entre estas, resalta la creación de un marco de coordinación socio-sanitaria, la definición clara del rol de asistente personal como un servicio profesional y el fortalecimiento del modelo de atención centrado en la persona para determinar los cuidados ofrecidos por los servicios profesionales.

Es importante resaltar la mejora que implica la implementación de procedimientos de emergencia para acceder a las prestaciones. Sin embargo, CCOO señala que los tiempos de gestión excesivamente largos y el problema de la lista de espera, que actualmente promedian 329 días, requieren medidas mucho más ambiciosas. Por tanto, aspectos a incluir: mejorar la calidad, ofrecer atención a través de servicios profesionales y reorganizar el copago.

CCOO también considera preocupante la inclusión de ciertos elementos que requieren una explicación detallada por parte del Ministerio, ya que podrían influir en la calidad de la atención brindada por el sistema de servicios profesionales. Uno de los aspectos más destacados es el anuncio sobre la creación de nuevos servicios que se sitúan entre la ayuda a domicilio y la asistencia personal.

En opinión de CCOO, antes de implementar nuevas prestaciones, sería conveniente asegurar la suficiencia de las que ya existen y, en cualquier caso, garantizar tanto el nivel de atención profesional como la calidad del empleo en los servicios que se establezcan en el futuro.

CCOO expresa su preocupación por la falta de inclusión de una reforma del copago en el proyecto de ley, que afecta a las personas beneficiarias. Desde 2012, el aumento del copago, que puede llegar hasta un 90% del coste de los servicios, es el único recorte que permanece vigente, mientras que todos los demás han sido revertidos. Consideramos que la reforma anunciada representa una oportunidad adecuada para revisar esta situación y establecer un acuerdo con las comunidades autónomas que asegure una contribución similar sin importar la ubicación de residencia de las personas beneficiarias.

CCOO también desea resaltar la importancia de que la reforma de la Ley de Dependencia se enfoque en fomentar una atención y cuidados de calidad. Esto se lograría a través del reconocimiento prioritario de los servicios profesionales, así como aumentando significativamente su financiación pública. Además, para terminar, es fundamental que se refuercen las excepciones relacionadas con la prestación económica para el cuidado familiar y la prestación económica vinculada a un servicio, ya que actualmente estas situaciones están generando un doble copago para las familias que deben recurrir a ellas debido a la falta de servicios gestionados públicamente o concertados.