Se incluirán otras medidas destacadas en la Ley de Dependencia como regular la asistencia personal, expandir la ayuda a domicilio y reconocer la teleasistencia como un derecho subjetivo.
El Consejo de Ministros ha aprobado este miércoles el anteproyecto para reformar las leyes de Dependencia y Discapacidad que busca acabar con las macroresidencias. El ministro de Derechos Sociales ha solicitado el mismo consenso que facilitó la reforma del artículo 49 de la Constitución, con el fin de que "vea la luz cuando antes".
Ante las críticas, Pablo Bustinduy ha negado "categóricamente" que los fondos para la dependencia en 2024 hayan sido congelados. Además, ha subrayado que, a pesar de la prórroga presupuestaria, se produjo un aumento de 213 millones de euros y se realizaron transferencias a las comunidades de más de 2.000 millones de euros provenientes de los fondos europeos.
"Son cantidades sin precedentes en nuestro país", quiso subrayar para destacar a continuación que desde 2018 la financiación destinada a la dependencia ha crecido un 150% y un 200% desde 2014. Sin embargo, ha manifestado el compromiso de continuar "esa senda de incremento histórico en los próximos presupuestos del estado".
Contra las macrorresidencias
La reforma de la Ley de Dewpendencia, como ha explicado tras el Consejo de Ministros, garantiza más derechos y amplía el catálogo de servicios, con el objetivo de avanzar hacia un modelo de cuidados que respete las preferencias individuales y proporcione una atención más personalizada.
La mayoría de los dependientes, ha repetido Bustinduy, prefiere quedarse en sus hogares el mayor tiempo posible y ha querido insistir al apuntar con contundencia que "el tiempo de las macrorresidencias se acabó". Quiso aprovechar la oportunidad para criticar la posibilidad de que la Comunidad de Madrid opte por este modelo.
"Es necesario optar por un modelo que sea radicalmente opuesto", ha indicado, subrayando que "aprendimos con la pandemia que el modelo de macrorresidencias no es lo que deseamos ni para nosotros ni para los que queremos".
Entre las novedades del proyecto, se destaca la eliminación del régimen de incompatibilidades en las prestaciones de dependencia. Además, la ayuda a domicilio se amplía para incluir actividades como la compra y la realización de trámites. También se establece el reconocimiento de la teleasistencia como un derecho subjetivo, garantizando así su cobertura universal y "con un enfoque preventivo".
Accesibilidad en las comunidades de propietarios
El anteproyecto amplía la prestación para el cuidado de personas cercanas, considerando nuevas formas de convivencia, como amigos o vecinos, y elimina el periodo suspensivo de dos años que había establecido el PP para las ayudas económicas destinadas a cuidados en el entorno familiar.
Se implementa el reconocimiento automático para cualquier persona con un grado de discapacidad del 33%, lo que permitirá reducir las cargas administrativas. Además, se exige a las comunidades que lleven a cabo obras de accesibilidad, como la instalación de ascensores o rampas, cuando un vecino lo solicite.
Con la finalidad de asegurar la accesibilidad, se establece un fondo estatal y se modifica la ley de propiedad horizontal "para ampliar y facilitar los supuestos de obligatoriedad de las obras necesarias en edificios y viviendas". Se calcula que alrededor de 100.000 personas se encuentran confinadas en sus hogares debido a dificultades de accesibilidad.
Según fuentes de Derechos Sociales, la reforma establece requisitos básicos y mínimos que deben cumplirse de manera obligatoria.
Una vez que la ley sea aprobada, es necesario actualizar el Real Decreto que regula las prestaciones. Después de alcanzar un acuerdo en el Consejo Territorial, la normativa se ajustará a las comunidades autónomas con la versión actualizada.
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