Teleasistencia

El número de beneficiarios del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) "alcanza" un récord histórico con 1.655.446 personas recibiendo prestaciones efectivas.

La patronal señala, en un encuentro internacional del Banco Mundial, que la falta de profesionales pone en riesgo la sostenibilidad de los cuidados en España.

Según el Panel del SAAD presentado por el Ministerio de Derechos Sociales, la cifra de personas en espera se redujo a 152.693, lo que representa una caída del 12,4% en el último trimestre y un 51% desde 2020. A pesar del aumento del 7,4% en las solicitudes debido a la presión demográfica, el tiempo medio de tramitación se ha reducido a 341 días.

Comprender las causas, como la pérdida de equilibrio y debilidad muscular, es crucial para prevenir accidentes. Se estima que 1 de cada 4 caídas resulta en lesiones graves, y el 80% ocurre en el hogar.

Por primera vez, se graduaron también usuarios del Servicio de Ayuda a Domicilio y Teleasistencia, lo que refleja la misión de la Fundación de ofrecer oportunidades educativas a todos los mayores. Desde 2021, casi 500 personas han completado su formación en esta iniciativa.

Además, se implementarán nuevas iniciativas para garantizar una atención más especializada y accesible.

Se han reportado casos de suplantación de identidad por parte de falsos técnicos que contactan telefónicamente, solicitando revisiones o cobros por servicios gratuitos.

Destacan problemas como listas de espera, falta de accesibilidad y precariedad laboral de cuidadores. Insisten en que las mejoras legislativas deben ir acompañadas de financiación adecuada y control efectivo para ser efectivas.

Responde a una demanda histórica del movimiento social de personas mayores, buscando mejorar el acceso a cuidados dignos y eliminar incompatibilidades entre prestaciones.

El texto, amplía derechos y elimina incompatibilidades en prestaciones.

Desde junio, han realizado 13.044 llamadas y enviado 115.918 mensajes con recomendaciones.

La Asociación de Directoras critica la invisibilización de más de 35.000 personas que esperan plaza residencial y la insuficiencia de ayudas económicas para cuidadores familiares.

Aunque el gasto público ha aumentado, su proporción respecto al PIB disminuye. La cobertura de servicios esenciales, como ayuda a domicilio y teleasistencia, sigue siendo insuficiente y desigual en todo el país.

Esta normativa establece criterios para una gestión eficaz en residencias, centros de día y servicios de ayuda a domicilio, enfocándose en el bienestar de los usuarios y la ética profesional.