La Cámara Baja ha aprobado la reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad, una modificación que redefine el sistema mediante el blindaje de la financiación para garantizar las prestaciones públicas y que impulsa un modelo de atención dirigido a favorecer la permanencia de las personas dependientes en sus domicilios y entornos familiares durante el mayor tiempo posible.
Junto a la reforma legislativa, el Congreso también ha convalidado el decreto-ley aprobado el pasado 23 de junio, por el que se amplía la financiación estatal destinada a la dependencia. A través de esta medida, las comunidades autónomas recibirán 6.200 millones de euros entre este año y el próximo.
Aunque el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 había reclamado en numerosas ocasiones un respaldo unánime para una modificación que equiparó al nacimiento de la educación pública o del sistema de pensiones, finalmente el Partido Popular optó por la abstención.
La reforma de la ley fue aprobada de esta forma con 179 votos a favor, 33 votos en contra, correspondientes a Vox, y 137 abstenciones, del Partido Popular. Por su parte, el decreto de financiación extraordinaria obtuvo el respaldo de 317 diputados, mientras que Vox volvió a votar en contra con 33 votos.
Un nuevo modelo de cuidados y financiación garantizada
La reforma integral de ambas leyes, elaborada durante años para incorporar enmiendas procedentes de un amplio arco parlamentario, supone, según el ministro Pablo Bustinduy, una "refundación" del modelo de cuidados en España.
El nuevo planteamiento amplía los servicios y prestaciones dirigidos a las personas con discapacidad o en situación de dependencia y apuesta por un modelo de proximidad, frente a lo que denomina macrorresidencias alejadas de los lugares de origen de quienes solicitan las prestaciones.
Para avanzar en estos objetivos, la reforma incorpora a la ley el blindaje de la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), estableciendo la obligación de que el Estado asuma el 50% de la inversión.
Las principales novedades de la reforma
El texto aprobado reduce burocracia, elimina la incompatibilidad entre prestaciones y amplía los servicios disponibles.
Las patronales piden más diálogo
Las principales organizaciones empresariales del sector de la dependencia —AESTE, ASADE, CEAPs, FED y LARES— han mostrado su apoyo tanto a la reforma de la Ley de Dependencia como a la convalidación del decreto-ley destinado a reforzar el Sistema para la Atención a la Dependencia (SAAD). Consideran que ambas medidas representan un avance para las personas en situación de dependencia, sus familias y los profesionales del sector, por lo que han pedido al Congreso de los Diputados que respalde ambas iniciativas.
Entre las medidas previstas figura:
- el reconocimiento de la accesibilidad universal como un derecho
- la posibilidad de compatibilizar una prestación por dependencia con el empleo
- la incorporación expresa del derecho a la autonomía personal
- el desarrollo del nuevo artículo 49 de la Constitución.
- el reconocimiento automático de un grado de discapacidad del 33 % para quienes tengan oficialmente reconocida una situación de dependencia
- amplía las prestaciones y los servicios más allá del cuidado personal
- extiende la figura de la persona cuidadora más allá del ámbito familiar.
Entre las enmiendas incorporadas durante la tramitación en comisión figura el compromiso de que la financiación estatal alcance el 50% del sistema de dependencia.
El Ministerio de Derechos Sociales sostiene que esta medida "blinda el sistema" al quedar recogida en la ley.
Sin memoria económica
El Partido Popular y Vox habían sido los únicos grupos que votaron en contra del dictamen en la Comisión de Derechos Sociales. El diputado popular Enrique Belda justificaba el rechazo de su grupo y la retirada de sus enmiendas por la ausencia de una memoria económica. "Si nos dicen cómo pagan a partir de 2027 las nuevas prestaciones, podemos llegar a un acuerdo", afirmó, al tiempo que sostuvo que, pese a los 6.200 millones adicionales previstos, "no llegará para pagar lo que se debe".
Desde Vox, la diputada Blanca Armario cuestionó que el Gobierno hable de ampliación de derechos sin una memoria económica suficiente que garantice la financiación de la reforma. Además, puso en duda que pueda calificarse de "reforma estructural" una norma que modifica el contenido prestacional sin resolver "su principal problema".
904 millones de euros a las Comunidades Autónomas
El Consejo de Ministros ha dado luz verde a una transferencia histórica de más de 904 millones de euros a las Comunidades Autónomas (CCAA) para financiar el nivel acordado de la dependencia. Esta decisión, impulsada por el ministro Pablo Bustinduy, marca un hito en la financiación destinada a este sector.
Se estima que la cifra total podría elevarse hasta 970 millones de euros al incluir los recursos que reciben Euskadi y Navarra, derivados del cálculo del cupo vasco y la aportación navarra, respectivamente. Este aumento es significativo, ya que representa un esfuerzo sin precedentes en la atención a las personas en situación de dependencia.
Aumento histórico en la financiación
Desde su eliminación en 2012, el nivel acordado para la financiación de la dependencia no fue recuperado hasta 2021, cuando se asignaron 306,9 millones de euros. Desde entonces, ha comenzado una trayectoria ascendente que ha llevado a alcanzar los actuales 970 millones de euros.
Este incremento en la financiación es parte de un compromiso más amplio del Gobierno español, que prevé que para 2027 se destinen un total de 7.239,4 millones de euros a las CCAA, alcanzando así el 50% de cofinanciación estatal en materia de dependencia.
Nueva legislación en camino
En paralelo a esta aprobación, el Congreso debatirá este martes una reforma crucial sobre las leyes de discapacidad y dependencia. Esta reforma obligará al Estado a asumir el 50% de los costos del sistema, consolidando uno de los compromisos políticos más importantes del gobierno actual.
La reciente decisión del Consejo de Ministros no solo implica una nueva transferencia récord para financiar el nivel acordado entre los gobiernos autonómicos, sino que también apunta hacia una mejora significativa en los servicios destinados a las personas con dependencia.
Crecimiento sostenido en inversión estatal
A lo largo del último año y medio, la inversión estatal ha aumentado notablemente. El pasado 23 de junio se aprobó un real decreto-ley que duplicó las transferencias estatales por cada persona con grado de dependencia reconocido. Esta medida permitirá que entre 2026 y 2027 se destinen 6.200 millones de euros adicionales, lo que representa un aumento medio del 98,7% en recursos para las CCAA.
La financiación estatal se asegura por ley. Con esta legislación en marcha, el Gobierno reafirma su compromiso con la cofinanciación del sistema. La Comisión de Derechos Sociales ya ha votado a favor de incorporar esta obligación al marco normativo vigente.
Aumentando recursos y derechos para todos
La ampliación presupuestaria busca avanzar hacia objetivos clave como reducir las listas de espera y mejorar las condiciones laborales en el sector. También se pretende incrementar los servicios disponibles para personas dependientes y fomentar inversiones tecnológicas.
A través del fortalecimiento del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), se espera ofrecer nuevos servicios adaptados a las necesidades actuales. Entre ellos destacan:
- Servicios de cuidados y apoyos en viviendas compartidas.
- Asistencia personal ampliada para quienes más lo necesitan.
- Aumento del servicio de ayuda a domicilio con actividades comunitarias.
- Suministro temporal de productos que mejoren la autonomía personal.
Con estas medidas, el Gobierno busca no solo garantizar una atención adecuada a quienes dependen del sistema, sino también asegurar un modelo más robusto y estable que respete los derechos fundamentales de todas las personas afectadas por estas situaciones.
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