dialogo social

Patronales del sector de la dependencia han coincidido en mostrar su satisfacción tras la decisión del Congreso de no aprobar la reducción de la jornada laboral. Todas alertan de que, en un contexto marcado por la falta de profesionales, la aplicación de esta medida sin planificación ni financiación adicional habría supuesto un incremento inasumible de costes, mayor precariedad laboral y un riesgo evidente para la calidad y continuidad de la atención a las personas en situación de dependencia.

La patronal advierte de que esta medida habría tenido un fuerte impacto negativo en la atención a las personas mayores en situación de dependencia.

La asociación aboga por abordar mejoras laborales mediante diálogo social y financiación adecuada, sin comprometer la viabilidad del sector.

El Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPs) considera esta reducción una injerencia del Gobierno y advierte que su implementación aumentaría costos laborales en 49.000 millones de euros.

Borja Suárez, secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, ha afirmado que el Pacto de Toledo está más vivo que nunca durante el seminario "30 años del Pacto de Toledo: balance y futuro" en Santander. Destacó la importancia de este pacto como herramienta clave para proteger el sistema de pensiones y anunció que la próxima revisión de sus recomendaciones se llevará a cabo a finales de 2025. Suárez subrayó los logros alcanzados en los últimos cinco años, incluyendo la revalorización anual de pensiones conforme al IPC y mejoras para trabajadores autónomos. El seminario también abordó temas cruciales como la sostenibilidad del sistema, la brecha de género en pensiones y la digitalización, destacando la nueva herramienta INTegraSS para proyectar gastos en pensiones a largo plazo. La clausura del evento reafirmó el compromiso con un diálogo social que garantice la eficacia del sistema público de pensiones.

La Federación Empresarial de la Dependencia expresa su preocupación por una reforma elaborada sin consultar a los actores del sector. Advierte sobre la escasez de profesionales, la insuficiencia de ayudas y la falta de financiación adecuada.

Introduce cambios significativos en la atención a personas dependientes, incluyendo requisitos para trabajadores, sistemas de alerta ante abusos y coordinación entre servicios. El documento aún no es público.

Desafíos financieros y la necesidad de inversión adecuada para mejorar la calidad, crucial ante el envejecimiento poblacional.