La patronal advierte de que esta medida habría tenido un fuerte impacto negativo en la atención a las personas mayores en situación de dependencia.
La Asociación Catalana de Recursos Asistenciales (ACRA) ha mostrado su satisfacción tras la decisión del Congreso de los Diputados de no dar luz verde a la propuesta de reducción de la jornada laboral a 37,5 horas. Según la entidad, en el ámbito de la atención a personas mayores con dependencia esta iniciativa habría supuesto un duro golpe para la productividad y la competitividad de las organizaciones.
La presidenta de ACRA, Cinta Pascual, ha advertido que “esta medida era impracticable en nuestro sector, que sufre un grave problema de falta de profesionales y debe atender a personas en situación de vulnerabilidad todos los días del año y todas las horas del día”.
Desde la patronal recuerdan que la propuesta no surgía del Diálogo Social ni de la negociación colectiva, sino que representaba una intervención unilateral del Gobierno central, dejando de lado los mecanismos habituales de concertación. En Cataluña, por ejemplo, existen ya 101 convenios colectivos que establecen jornadas inferiores a las 37 horas, fruto de pactos alcanzados libremente hasta el 31 de octubre de 2024.
Para ACRA, este hecho confirma que el diálogo social funciona y que es la vía adecuada para adaptar las condiciones laborales a la realidad de cada sector. Imponer una jornada por ley, subrayan, rompe consensos, introduce inseguridad jurídica y vulnera uno de los grandes avances democráticos: la concertación social.
La organización sostiene que una reducción generalizada y desvinculada de la realidad de cada ámbito productivo debilita la capacidad de las empresas para ser competitivas. En consecuencia, se vería comprometida la eficiencia, la innovación y, en sectores expuestos a la competencia internacional, la sostenibilidad de los proyectos. Esto derivaría, en última instancia, en una economía menos dinámica y con menos capacidad para generar y mantener empleo de calidad.
En el caso de la atención a las personas mayores con dependencia, la aplicación obligatoria de la jornada reducida tendría un efecto especialmente grave, al tratarse de un sector que presta servicios los 365 días del año y las 24 horas del día. Se verían obligados a incrementar las contrataciones sin disponer de margen económico para asumirlo, en un contexto marcado ya por la falta de profesionales y por un absentismo laboral creciente.
ACRA alerta de que el resultado podría ser la desaparición de miles de puestos de trabajo y la amenaza a la continuidad de servicios esenciales dirigidos a colectivos vulnerables, lo que pondría en riesgo una pieza fundamental del estado del bienestar.
Si (
No(